Foto: NACHO LÓPEZLos juegos florales del Puerto de Valencia celebrados el pasado jueves entre Carlos Mazón y María José Catalá con la nueva bestia negra del PP y de Feijóo, Óscar Puente, deberían haberse mostrado en las televisiones nacionales –apenas dieron cobertura al asunto– que ese mismo mediodía, a la hora del brindis en el Edificio del Reloj, continuaban dando coba a los muletazos del ministro que se habían producido la víspera y a los cabestros del PP entrando al trapo.
Deberían haberle dedicado minutos a lo del Puerto para que los telespectadores vieran que en política hay más engaño que en cualquier barra de discoteca. Los ciudadanos del resto de España se habrían preguntado qué diantres hacía Mazón abrazando a Puente, quien venía de celebrar en el Congreso el pacto PSOE-Bildu en Pamplona porque "en pocos días habrá otra alcaldía más progresista en nuestro país, y una menos de derechas". Los asistentes a la copa navideña del Puerto se preguntaban cuál era el Óscar Puente real, ¿el del brindis, el del Congreso o tal vez el de las redes sociales? En eso consiste el arte de la simulación, muy útil en política.
La tregua no fue solo cosa de Puente. En el Consell lo explican muy fácil: el interés general, la ampliación norte del Puerto, exigía un pacto de no agresión con una puesta en escena llena de concordia en la que todos salieran guapos. Una representación que a uno le reconciliaría con la política si no fuera porque al día siguiente se acabó la comedia y volvió el fuego cruzado.
La celebración por todo lo alto en el Puerto dejó en segundo plano valenciano el otro gran acontecimiento reivindicativo de la semana, el de la financiación autonómica con motivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fue el lunes y ya está olvidado, sobre todo en Madrid. Allí el ejercicio de simulación lo protagonizó María Jesús Montero, que es una artista consumada. Si el relato es importante en política, en cuestiones complejas como la financiación de las administraciones públicas es esencial. Y la ministra se prepara muy a fondo los papeles dramáticos.
"Hacienda repartirá más recursos que nunca a las autonomías", titulaban algunos periódicos como resumen de un CPFF donde Montero impuso su voluntad con el voto en contra de casi todas las CCAA. La versión del ministerio no es incorrecta, pero dicho así da la impresión de que tanto dinero repartido es una graciosa concesión de la flamante vicepresidenta cuarta a la que habría que estar agradecidos, cuando lo que reparte su Ministerio es la la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales que por ley corresponde a las CCAA. Hacienda recauda, pero el dinero no es suyo, lo tiene que repartir, y si reparte más es porque se ha recaudado más.
Presentado ese punto a su manera, la dadivosa Montero pasó a ocuparse del espinoso asunto del límite de déficit: un 3% de margen para el conjunto del Estado, donde la Administración Central se reservó un 2,7%, la Seguridad Social un 0,2% y a las CCAA se les conminó a ajustarse al 0,1%. A las entidades locales ni eso, el 0%.
Para la previsible protesta de los representantes autonómicos también tenía la ministra un relato bien preparado: el reparto del déficit no solo no responde a la ley del embudo, aunque lo parezca, sino que es otro ejemplo de generosidad por parte del Gobierno, ya que su intención inicial, comunicada a Bruselas en abril, era imponer a las CCAA el 0%, pero en octubre, ante las quejas de muchas de ellas, accedió a que fuera el 0,1%. 'Regalo' rematado con la siguiente frase en el argumentario: "La Administración Central volverá a asumir ese mayor esfuerzo de déficit". Es decir, me lo quedo todo y luego asumo el "esfuerzo" de cederte el 0,1% para que no te quejes. Y claro, no entiende que Ruth Merino aún se queje en lugar de darle las gracias.
Después vino la pregunta sobre qué pasaría si el Senado, controlado por el PP, rechazara esos objetivos de déficit, a lo que Montero respondió que tiene un informe jurídico que viene a decir que sería aún peor para las CCAA porque se quedarían con el 0%. Este periódico solicitó dicho informe jurídico para explicárselo a los lectores –en realidad, para ver si Montero dice la verdad– y el Ministerio respondió que es "un documento interno". Otra falsedad. Saben que la Ley de Transparencia les obliga a entregarnos una copia porque esto ya pasó en 2019 con otros informes y el Consejo de Transparencia nos dio la razón. Como conté aquí, el Gobierno, después de recurrir al contencioso-administrativo para no ceder, tardó cuatro años, cuatro, en enviarnos los dos informes de la Abogacía del Estado que habíamos solicitado. Esperamos en esta ocasión poder contárselo antes de 2027.
El siguiente capítulo de esta serie de ficción es el de la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), que ha vuelto a la actualidad no porque a Montero le interese resolverlo –no estaba en el orden del día del CPFF– ni porque Merino volviera a reclamarlo en la reunión. Está en la agenda porque Pedro Sánchez ha visto que puede aprovecharlo políticamente para enfrentar a las comunidades gobernadas por el PP.
Por ahí va el argumentario que viene deslizando la ministra –lo suyo es puro teatro– y que escucharemos en las tertulias a la vuelta de las vacaciones: el SFA no se reforma porque las CCAA del PP no se ponen de acuerdo. No es porque Montero lleve dos años sin mover ficha después de presentar aquel 'esqueleto' de reforma, ni porque el Gobierno vaya a negociar su parte con Cataluña al margen del resto, según firmó el PSOE con ERC. Es porque Mazón no se pone de acuerdo con Mañueco mientras Ayuso va por libre.
La prueba de que Montero no tiene ningún interés en arreglarlo es que tiene guardada en un cajón una propuesta de reforma en la que ella misma participó como consejera de Hacienda de Andalucía. A finales de 2017 un comité formado por quince expertos designados por las CCAA y otro del Ministerio –representado por Ángel de la Fuente, el mayor estudioso de la materia– presentó un documento de consenso con una propuesta a la que el Gobierno tenía que dar forma. Pero se quedó en un cajón porque Cristóbal Montoro no quería aumentar los recursos de las autonomías en detrimento de los de la Administración Central –como proponía el documento– y porque en mayo de 2018 hubo una moción de censura tras la que Montero, que había sido muy crítica con Montoro por no presentar la propuesta del Gobierno, se puso la gorra de ministra. Y hasta hoy.
Para rematar, Montero respondió que lo del fondo de nivelación que pidió el lunes la Comunitat Valenciana y que está en el pacto del PSOE con Sumar –a propuesta de Compromís– no es cosa suya, que es cosa del Parlamento. Es como decir que los Presupuestos Generales del Estado tampoco son cosa suya porque los aprueba el Parlamento. Las palabras de la ministra hacen ver que en el proyecto de Presupuestos para 2024 que presentará el Ministerio de Hacienda no habrá fondo de nivelación. ¿Qué dirá Yolanda Díaz? ¿Qué votará Compromís?
