En el transcurso del acto de presentación de las medidas económicas del que sería su gobierno municipal, el alcaldable socialista Paco Sanguino desvelaba su voluntad de lograr la cesión del estadio José Rico Pérez por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que la ciudad, empezando por el Hércules, pueda hacer uso del mismo. Lo hacía, precisamente, acompañado del director general del banco del Consell, Manuel Illueca.
La idea de celebrar un convenio entre consistorio e IVF no es nueva, de hecho fue puesta sobre la mesa por el propio Illueca y el anterior alcalde socialista Gabriel Echávarri, poco después de que el banco del Consell se hiciera con la propiedad del estadio en el marco de la subasta de los bienes y derecho de Aligestión, la sociedad de Enrique Ortiz que había adquirido el Rico Pérez en 2007 al Ayuntamiento de Alicante.
El máximo responsable del IVF, por su parte, intervenía para recordar que el Consell había logrado asegurar la titularidad pública del estadio para garantizar el cobro de las sumas que adeudaba la Fundación del Hércules a las arcas públicas y, la tiempo, que un desenlace contrario a los intereses del club en el litigio de este con la Comisión Europea pudiera afectar al futuro de la instalación.
Asunto Judicializado
La cesión del uso del Rico Pérez al Ayuntamiento de Alicante (a cambio de un precio que en su día se apuntó que podía rondar los 250.000 euros anuales) iría acompañada de un subarriendo del estadio a un Hércules que a día de hoy hace uso en precario (sin pagar alquiler) del mismo, al haberse judicializado la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito en 2007.
Como hemos venido contando en Alicante Plaza, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante se declaró incompetente para resolver la demanda de resolución del mencionado contrato interpuesta por el administrador concursal de Aligestión, una vez el estadio fue adjudicado IVF y, de acuerdo con lo previsto en el plan de liquidación de la citada mercantil, el banco del Consell manifestó expresamente que no deseaba que siguiera vigente el mismo (los bienes y derechos de Aligestión salieron a subasta libres de cargas, pero en ese plan de liquidación se facultaba al adjudicatario para aceptar que continuase vigente el contrato de arrendamiento).
El magistrado Salvador Calero entendía que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resolver esa demanda al ser el Ayuntamiento de Alicante una de las partes del convenio de uso del estadio suscrito en 2007, algo que el administrador concursal de Aligestión, Miguel Hernández, recurrió ante la Audiencia Provincial, estimando su recurso la Sección Octava y anulando el auto del juez de lo Mercantil. Fue entonces cuando intervino el Hércules, que por medio de una declinatoria sostuvo que el asunto debía someterse a arbitraje (el club pretendía que el alcalde de Alicante fuera quien decidiera) pretensión que estimó el juez de lo Mercantil y también fue recurrida por el administrador concursal de Aligestión que, como este medio adelantó el pasado mes de marzo, veía como la Audiencia le daba la razón una vez más, volviendo así la pelota a estar en el tejado del juez de lo Mercantil, que habrá de resolver la demanda.
Ahora bien, mientras lo anterior no se produzca (o se retire la demanda), el IVF no podrá celebrar con el Ayuntamiento el mencionado convenio de cesión del estadio. Además, la deuda en situación irregular que mantiene el Hércules con la Agencia Tributaria le imposibilita para contratar con la Administración, por lo que habría de regularizar la misma para poder arrendar el estadio de nuevo.
