SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig instaló sus tres primeras electrolineras en la localidad a finales de 2020. Sin embargo, no es hasta más de un año después cuando el municipio ya tiene una ordenanza que regula estas estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Así, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado su aprobación definitiva el 11 de febrero, si bien en marzo de 2021 ya se estaba tramitando este reglamento.
La ordenanza municipal reguladora de las normas de uso de las electrolineras se aprobó inicialmente en la sesión plenaria de noviembre de 2021, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y EUPV), Podem, Compromís y PP y las abstenciones de Ciudadanos y VOX. Sin embargo, es ahora cuando se ha aprobado definitivamente y entra en vigor tras el periodo de exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones.
Para poder instalar las electrolineras -que cuentan con una carga semirrápida, de hasta 22 KW-, el consistorio sanvicentero solicitó las ayudas que habilitó el IVACE, que subvencionó el 80 % de los 35.000 euros destinados a tal fin. Dichos puntos de recarga se encuentran habilitados en el Centro de Salud II (calle Doctor Marañón), junto al parque Lo Torrent (avenida Villafranqueza) y a la altura de la Ciudad Deportiva (calle Denia).
El Partido Popular criticó en agosto del año pasado que las electrolineras llevaban algunos meses instaladas en el municipio y no podrían usarse hasta 2022 por falta de regulación. Y, además, tildó de "incoherente" que estos puntos de recarga fueran a pasar un año instalados, pero sin ser utilizados.
Inicialmente, el uso de las electrolineras será libre y gratuito para todos los usuarios durante tres años, aclarando que "no se trata tanto de prestar un servicio como de fomentar una política medioambiental de forma inicial para estimular el uso de vehículos eléctricos, sin perjuicio de la concurrencia de la iniciativa privada, en su caso y momento". Para hacer uso de ellas, se requiere descargar una aplicación móvil y tener acceso a internet.
La ordenanza reguladora también establece que si la persona usuaria hace un mal uso de las mismas, el Ayuntamiento de San Vicente "adoptará las medidas oportunas, tales como la reclamación del pago del coste de reparación, la reclamación de los daños y perjuicios y la baja definitiva y permanente del servicio de recarga". Así, las infracciones podrán alcanzar sanciones de hasta 3.000 euros.