SAN VICENTE DEL RASPEIG. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se dirige al Ayuntamiento de San Vicente para minorar en más de 196.000 euros la cantidad concedida para distintos servicios y programas de Servicios Sociales, cantidad que el consistorio tendrá que devolver al no poder justificar los gastos subvencionados.
“Intolerable que se tengan que devolver casi 200.000 euros de una subvención para uno de los departamentos que se encuentra colapsado habitualmente, con las necesidades de la población cada vez mayores en servicios sociales, atención, dependencia, etc., y donde los trabajadores se ven desbordados en muchas ocasiones”, destaca el portavoz del grupo municipal popular, Óscar Lillo. Y añade que “es una más de las consecuencias de que el alcalde, Jesús Villar, no ejerza como tal, de la nefasta gestión y planificación del equipo de Gobierno (PSOE-EU), que perjudica directamente a los vecinos que son quienes se quedan finalmente sin la prestación de estos servicios y sin poder ser atendidos como requieren”.
En septiembre de 2020 la Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas concedió al Ayuntamiento de San Vicente una cantidad superior a los 800.000 euros para la atención social de carácter general de cualquier ciudadano y para la atención de familias, menores, procesos de inclusión, así como de actuaciones de promoción de autonomía y atención a la dependencia para el año 2020. De este montante, ahora la Conselleria reclama al Ayuntamiento la devolución de la parte que no ha utilizado y, por tanto, no puede justificar.
“Aquí se juntan dos factores: por una parte, la nefasta política social a nivel autonómico que no facilita la labor que se realiza desde los ayuntamientos y, por otro lado, el que más afecta a San Vicente, que no son capaces de gestionar”, se reafirma Lillo. “No es admisible que se dejen perder más de 70.000 euros en educadores sociales, cuyos servicios están destinados al apoyo a las familias, a los niños, a los colegios...; más de 42.000 euros para asesores jurídicos que puedan ayudar a personas con problemas de maltrato, integración...; más de 40.000 euros designados para inserción social o más de 16.000 euros en trabajadores sociales”. Además, Lillo declara que “claman al cielo los 25.000 euros que se tienen que devolver y que estaban asignados a la dependencia y ayuda a domicilio, cuando hay tanta demanda de personas que necesitan de estos servicios”.
Los populares consideran “intolerable” que se produzcan estas circunstancias en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig: “Es una sucesión continua de todas ellas, con ejemplos evidentes como el conocido problema de la falta de personal que colapsa la prestación de servicios, los funcionarios que piden traslados a otras administraciones, que por Recursos Humanos hayan pasado ya siete concejales desde que llegó a la Alcaldía Jesús Villar o que los contratos de servicios caducan teniendo que ser prorrogados una y otra vez”, afirma el portavoz Popular. “Pero el Equipo de Gobierno parece que está más preocupado del calendario de visitas a los juzgados que de atender las necesidades, tanto de los vecinos como de los trabajadores municipales, siendo su pésima gestión la responsable, en particular, de que se pierdan estas subvenciones y, en general, de la imagen de dejadez y desidia que se observa y percibe en todo San Vicente”.
