ALICANTE. Igual es esto lo que entiende la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de Luis Rubiales por "profesionalización de la Segunda B".
Ya no es solo que los ingresos por derechos de televisión en la Primera RFEF vayan a estar a años luz de lo anunciado en su día (no obstante la venta centralizada que, por cierto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido en obligatoria por Real Decreto: le ha expropiado a los clubes de fútbol no profesional sus derechos audiovisuales en favor de la RFEF), también que puedan competir en esa categoría clubes con deuda con la Administración en situación irregular o cuyos equipos jueguen sus partidos como local en terrenos de juego de césped artificial. Hasta lo más básico, el procedimiento de inscripción en la competición, hace semanas que no solo se vienen remendando sobre la marcha, es que se ha flexibilizado hasta el punto de convertirse en algo más propio de una liga de barrio, beneficiando con ello a los clubes que no pueden cumplir los requisitos que establece la propia RFEF, en detrimento de aquellos que sí tienen capacidad para hacerlo.
Los pasados 28 y 30 de junio, por medio de las circulares 94 y 110, la RFEF informaba a los clubes de los requisitos y plazos para proceder a su inscripción en las diferentes competiciones de ámbito estatal: "Para la temporada 2021/22, se comunica que la fecha límite para proceder formalizar la correcta inscripción será el viernes, 16 de julio de 2021 a las 14 horas peninsulares y, por tanto, todos aquellos clubes que en dicha fecha no hayan inscrito a sus equipos en las competiciones oficiales de ámbito estatal que le correspondiere por méritos deportivos, se entenderá que han renunciado a la participación en ésta", se decía expresamente en la segunda de esas circulares. Sin embargo, la semana pasada en Las Rozas no solo se seguían tramitando inscripciones, es que el jueves pasado la RFEF se llegaba a felicitar públicamente de que "el cien por cien de aquellos que tenían posibilidad de hacerlo, habían realizado la inscripción"...
¿Por qué a 29 de julio la Federación hacía lo anterior? Porque dos semanas antes, "de manera oficiosa" según varios de los interesados (realmente fue a cuenta de un recurso de alzada de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino), amplió el plazo hasta el 28 para tramitar la inscripción. Los problemas que tenían los clubes para avalar las cantidades (de 100.000 a 400.000 euros en función de su historial de impagos con los futbolistas) que se les exigen llevó a la RFEF a tomar esa decisión, evitando de entrada renuncias (especialmente en la Primera RFEF, lo que hubiese supuesto un duro golpe a la imagen de Rubiales) y privando con ello a otros clubes (que sí tienen capacidad para cumplir los requisitos que exige Las Rozas) de ocupar las plazas vacantes.
A día de hoy, al menos un tercio de los clubes que se ganaron el derecho en el campo a jugar en la Primera RFEF en la 2021/22 no solo no tienen validada la inscripción (basta con repasar las circulares de la RFEF de los últimos días), es que la inmensa mayoría de ellos sigue sin presentar el correspondiente aval. La razón: que esperan que desde Las Rozas se les facilite la documentación relativa a la venta centralizada de los derechos audiovisuales (que la RFEF sacó a licitación el día 15 y se supone que ha adjudicado ya) para usarla como garantía ante un prestamista (entidad financiera), para que este les preste el aval bancario solidario a primer requerimiento por el importe correspondiente para que la inscripción quede formalizada.
Se supone que entre el lunes y el martes los clubes tendrán esa documentación, pudiendo obtener a continuación el aval correspondiente, siempre dentro del plazo de 10 días que la RFEF (oportunamente) les ha concedido para subsanar incidencias en la inscripción. Así, esa parte significativa de los 40 equipos que en la 2020/21 se ganaron el derecho en el césped a competir en la 2021/22 en la Primera RFEF logrará culminar su inscripción, dejando con la miel en los labios a Córdoba, Numancia, Hércules, Lleida o Real Murcia, entre otros.