La exministra de Medio Ambiente, ahora presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Foto: INMA CABALLERALICANTE. Hace quince años, la llegada del PSOE al Gobierno supuso, entre otras cosas, dos fundamentales en lo que se refiere a la provincia de Alicante y su déficit estructural de agua: la derogación del PHN de Aznar en lo que se refería al trasvase del Ebro (que, en cualquier caso, solo el entonces ministro Jaume Matas se creía a esas alturas, manifestaciones con autobuses pagados y paella gratis al margen), y la implantación de la llamada 'nueva cultura del agua'. Un sintagma nominal que, en mayúsculas, daba nombre a la fundación que se encargó de bautizar la nueva política hídrica de Zapatero, encarnada en el Plan AGUA. 'Agua para siempre'. Más barata, de mayor calidad, y más pronto. Ninguna de las tres promesas se cumplió.
En ese contexto, y sin crisis contra la que centrar los esfuerzos, emergió un nombre: el de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Aplaudida por ecologistas y aborrecida por agricultores alicantinos y murcianos, la exministra alumbró la cláusula que lleva (en el imaginario colectivo) su nombre: la aspiración última de sustituir el agua de los trasvases por la desalación. Menos Tajo-Segura, una infraestructura amortizada, con 40 años de vida, y que explica que algunos regantes del sureste miren a Entrepeñas y Buendía incluso cuando llueve en el Segura (porque allí están sus derechos, o lo que es lo mismo, el agua que pueden usar). Y más desaladora de Torrevieja.
Obviamente, esta ecuación solucionaba, sobre el papel, dos problemas políticos para el PSOE: la eterna tensión en Murcia y Alicante por la falta de recursos (la cuenca del Segura es la única reconocida como deficitaria), y el malestar en Castilla-La Mancha por los envíos de agua al Segura cuando algunos municipios ribereños pasan estrecheces (más relacionadas con la falta de infraestructuras de conducción, que nunca se ejecutaron, que con los trasvases). Pero ni siquiera ocho años fueron suficientes: la desaladora de Torrevieja tardó más de lo previsto en funcionar, y lo hizo con menos capacidad de lo esperado. Y el cambio en la Ley del Trasvase, vía memorándum, no cerraba del todo la puerta a las transferencias (aunque las dificultaba al elevar la reserva mínima en la cabecera).
Entró de nuevo en La Moncloa el PP, con un Mariano Rajoy a quien la política hídrica nunca quitó el sueño (y menos con su mano derecha, María Dolores de Cospedal, gobernando en Castilla-La Mancha) a pesar de las buenas intenciones de una experta como Isabel García-Tejerina. Se terminó la desaladora, se terminó el (fallido) Júcar-Vinalopó, y todo siguió como siempre. Con Alicante y Murcia, el Segura, falto de agua, y con la cabecera del Tajo, en Guadalajara, permanentemente agraviada con los eventuales envíos, cada vez más escasos. La moción de censura de junio de 2018 que situó a Teresa Ribera (autora de la sentencia "los trasvases no pueden ser la regla") como ministra de Transición Ecológica, al parecer, ha resucitado aquella 'nueva cultura del agua'.
¿Está el PSOE resucitando la 'cláusula Narbona'? La exministra, reconocida por su activismo medioambiental (incluido el antitrasvasismo) por la revista Time, se ha convertido gracias a la resiliencia de Pedro Sánchez en la presidenta del 'nuevo' PSOE. No es descabellado que, aún sin negritas que lo dejen sentado, el partido que dirige el timón del Gobierno interino haya caído en la tentación de resucitar aquella vieja cláusula. En román paladino: cambiar el agua trasvasada que ahora se utiliza en el Segura por agua desalada. Una aspiración que explicaría la extraña petición protagonizada la pasada semana por la Confederación del Segura (CHS) y la Mancomunidad de Canales del Taibilla (al final, dos patas del Ministerio de Ribera), desvelada por Alicante Plaza: pedir 120 Hectómetros de agua desalada a una planta que solo puede generar 80.
Solo puede producir 80 por ahora, pero llegará el día que haya 120. Y en el corpus legal de la agricultura, las concesiones o derechos adquiridos, sean o no viables, respondan o no a la realidad de las fuentes, marcan y delimitan el campo de juego de las comunidades de regantes. Es decir, si llega el día en que los usuarios del Tajo-Segura tienen reconocidos 80 Hm de agua desalada en Torrevieja, y el Taibilla otros 40 para abastecimiento, ese día la ley se encargará de que los regantes y los ayuntamientos reciban exactamente ese agua, y no otra. Léase por 'otra' agua del trasvase. ¿Eso será bueno, malo...? Será. Sin necesidad de estar escrito en ningún PHN.
El aumento de la reserva mínima en la cabecera (de 240 a 400), que de hecho ya provocó 11 meses sin trasvases entre 2017 y 2018, las presiones del Tajo para que en el próximo ETI (esquema de temas importantes) del plan de cuenca se eleve dicha reserva, y la campaña a favor de aumentar el caudal ecológico al paso por Toledo, que obligará a más desembalses, se combinarán así con la existencia de 'derechos' a recibir agua desalada. Voilà. La cláusula Narbona, quince años después, sin necesidad de estar escrita. O al menos, eso es lo que temen que suceda regantes e instituciones de Alicante y Murcia. De momento, las roturas del trasvase por la gota fría podrían considerarse una suerte de 'ensayo general'.
