Acceso a la desaladora de Torrevieja, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La intención del Gobierno central, a través de la CHS, y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, es que el agua desalada gane cada vez más protagonismo en el mix que llega a los campos de Alicante y Murcia y a los hogares de los municipios que forman la Mancomunidad. De ahí que entre los planes del Gobierno (también del anterior) se cuente la ampliación de la capacidad de producción de la desaladora de Torrevieja hasta 120 hectómetros cúbicos anuales.
Una capacidad que, no obstante, aún no tiene. Sin embargo, ambas entidades -el Taibilla y la CHS- han iniciado los trámites para lograr dos concesiones especiales de caudal de la desaladora, una de 40 hectómetros para el abastecimiento, que solicita el Taibilla, y la CHS, otra de 80 hectómetros para el regadío. Es decir, los 120 hectómetros que algún día será capaz de producir Torrevieja, pero que de momento no puede. Las dos solicitudes se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante para cumplir los trámites de exposición pública.
De poder atender la totalidad de la concesión, sería la primera vez que la planta funcionaría a plena potencia. Pero la realidad es que aún no se han llevado a cabo las mejoras para ello. El Gobierno del PP preveía invertir 13,2 millones en las desaladoras de Torrevieja y San Pedro del Pinatar entre 2018 y 2020, según anunció la entonces ministra Isabel García-Tejerina enabril de 2018. Llegó la moción de censura y el cambio de Gobierno retrasó la inversión. Pedro Sánchez había incluido inversiones para la planta en el proyecto de PGE que no salió adelante, de modo que aún no se ha ejecutado. Sí se elevó la capacidad a 80, en lugar de los 40 iniciales, a finales del pasado año.
Pero la parálisis de inversiones fruto de la prórroga de Presupuestos y la repetición electoral no es el único problema para hacer realidad la petición del Taibilla. Según recordó el director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, en conversación con Alicante Plaza, el pasado lunes decayó el decreto de sequía en la cuenca del Segura, que habilitaba la posibilidad de realizar inversiones extraordinarias aún sin nuevos PGE, y sobre todo, que permitía al Gobierno subvencionar el agua desalada, algo expresamente prohibido por la normativa europea salvo que haya un decreto de sequía en vigor.
Melgarejo, coordinador del documento que permitió el Pacto del Agua entre todos los partidos en la Diputación de Alicante la pasada legislatura, lamenta que el vencimiento del decreto haya pasado desapercibido, "quizá porque no hemos sabido trasladar la vital importancia del mismo". La mesa del agua de Alicante ya había pedido el anterior mandato no solo prorrogar el decreto, como así sucedió, sino conectar las desaladoras de Alicante y Murcia para poder compartir caudales y cubrir la demanda allá donde se produjese. Una solución que permitiría satisfacer la citada demanda de 120 hectómetros para el año hidrológico.
Todo ello en un contexto en el que las recientes lluvias en la Vega Baja han causado numerosos desperfectos en la conducción del Tajo-Segura, cuya aportación aspira a sustituir la desalación (una opción que no gusta a los regantes alicantinos, que la ven como un complemento), por lo que los envíos mensuales podrían verse comprometidos, más allá del estado de los embalses de cabecera.
