ALCOY. Trabajadores de los autobuses de La Alcoyana que se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 9 de diciembre venían denunciando unos servicios mínimos "abusivos", de hasta un 80%, en lo que se refiere a la líneas comarcales entre l'Alcoià y el Comtat, así como entre Alcoy y Alicante y algunos servicios para transporte de estudiantes. Los trabajadores reivindican mejoras laborales y en el servicio.

Ahora, el TSJCV les ha dado la razón, ya que una sentencia obliga a la Conselleria, titular de las líneas, a rebajar los servicios mínimos, que serán del 60% en hora punta y 40% en hora valle para servicios regulares, y para el resto del 60%, según han informado desde el sindicato CGT. Así, en una nota de prensa indican que "la justicia ha vuelto a situar límites a los excesos cometidos durante el conflicto. Una resolución judicial ha condenado a la Conselleria por la imposición de servicios mínimos abusivos, obligando a su rectificación y a su cumplimiento por parte de la empresa, reafirmando así la protección constitucional de las libertades sindicales y del derecho de huelga". En la nota hacen referencia tanto a los centros de Alcoy como de Alicante.

Desde el sindicato CGT hablan de que "la empresa Vectalia ha impuesto sanciones de empleo y sueldo a tres delegados de personal —60 días a dos de ellos y 30 días al tercero— tras la apertura de expedientes disciplinarios que, desde esta representación sindical, consideramos injustificados y claramente vinculados al contexto de huelga legalmente convocada. El resultado es evidente: la plantilla queda sin representación sindical efectiva durante todo el mes de marzo y parte de abril" y apuntan "el despido de un noveno compañero, decisión que interpretamos como una nueva medida de presión en plena escalada del conflicto laboral".

Junto a esto, añaden que "denunciamos igualmente la generación de divisiones dentro de la plantilla mediante tratos laborales diferenciados y decisiones que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, alimentando un clima de miedo incompatible con la negociación colectiva real".

Hablan de que se impulsó un proceso de revocación de delegados, "que por ley debe ser libre, personal y ajeno a cualquier intervención empresarial, se desarrolló bajo circunstancias que consideramos profundamente cuestionables: control de accesos mediante seguridad privada vinculada a la empresa, presencia constante de vigilancia y un entorno que muchos trabajadores percibieron como intimidatorio”. Añaden que “la revocación no prosperó, evidenciando el respaldo mayoritario de los trabajadores a sus representantes y dejando claro que la solución al conflicto no pasa por la confrontación ni por la división interna, sino por la negociación real”.

Recuerdan a la Generalitat Valenciana "que no puede permanecer al margen. Hablamos de un servicio público de transporte financiado con recursos públicos y esencial para numerosos municipios. La administración tiene la responsabilidad de garantizar que la gestión privada respete los derechos laborales y constitucionales” y remarcan que “la plantilla sigue dispuesta a negociar. Lo que exige es algo básico: respeto, cumplimiento de los acuerdos firmados y una negociación transparente y de buena fe que permita recuperar la paz social y garantizar un servicio público digno".