Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La plantilla de la Generalitat Valenciana tiene un grave problema: el envejecimiento de los funcionarios que tiene la administración. Un dilema que no ha hecho más que incrementarse en los últimos años, ya que actualmente el 43% de los empleados tiene más de 55 años, un 3% más que hace ocho años.
La Dirección General de Función Pública ha elaborado un informe para conocer cuál es el estado actual de sus recursos humanos y la foto fija que arroja no es nada alentadora: cientos de jubilaciones a la vista sin una solución clara a los ritmos con los que se resuelven las oposiciones y con límites a la contratación de temporales por imposición europea.
El escenario no es nuevo, ni mucho menos. El Consell de Ximo Puig ya realizó un diagnóstico de la situación antes de aprobar la nueva Ley de Función Pública Valenciana, y las cifras venían a evidenciar lo mismo: que la plantilla de la Generalitat tiene un importante índice de envejecimiento. Sin embargo, desde entonces. -2016- las cifras no han logrado revertirse, todo lo contrario, han ido a más.
Si a principio de la legislatura del primer Botànic el porcentaje de funcionarios mayores de 55 años era del 39,6%, ahora, en mayo de 2024, es del 43%. Según señala el análisis, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la generación del baby boom -aquellos nacidos entre 1954 y 1959- "fue reclutada por la Generalitat en los años 80" y es la que ocupa "la mayor parte de las posiciones de responsabilidad y la que aconseja establecer una estrategia de renovación generacional y de transmisión del conocimiento tácito en favor de las nuevas incorporaciones".
Asimismo, el informe revela que los empleados públicos mayores de 45 años representan tres cuartas partes del total de trabajadores que tiene la administración. O dicho de otro modo: que las personas menores de 45, no suponen ni una cuarta parte de los efectivos. De los 45 a 49 años, el porcentaje de funcionarios es del 16,7%; de 40 a 44 años, un 10,3%; aquellos que tienen entre 35 y 39 años representan un 6,3% sobre el total de la plantilla; los que tienen entre 30 a 34 años suponen un 4,4%; y los menores de 29 años apenas representan el 2,7%
Las diferencias generacionales hacen creer a la Generalitat que, como administración, se enfrentarán en un corto-medio plazo a un "desafío", dado que las "las diferentes mentalidades y expectativas hacia el trabajo de cada generación tendrán consecuencias importantes en términos de gestión de recursos humanos". "Los boomers -entre 54 y 59 años- primarían en el trabajo la lógica del presentismo, los equis -generación X, de 41 y 54 años-priorizarían los resultados", apunta el estudio. "Lógicamente, este último grupo es también el que demanda más oportunidades de carrera profesional y formación, así como, de hacer caso al estereotipo generacional, el que reclama un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal", añade.
Uno de los datos que arroja el estudio realizado por la Generalitat es que a pesar de que en los últimos años se ha ido incorporando personal a su plantilla, el problema enraizado ha seguido siendo el mismo, pues "no ha disminuido la edad media del personal". Más bien al contrario.
En 2015 la edad media del personal -teniendo en cuenta tanto interinos como funcionarios de carrera- era de 50 años. Mientras en la actualidad es de 51 años, prácticamente la misma que hace nueve años: los fijos de la plantilla son más mayores (la media es de 55 años) y los temporales se mantienen en la misma media que hace una década (47 años).
En definitiva, las cifras vienen a corroborar que los procesos de rejuvenecimiento de las plantillas no han sido lo exitosos que deseaban los gestores anteriores. Y entre los motivos, la dirección general de Función Pública baraja como hipótesis que las ofertas de empleo público que se han hecho han estado "protagonizadas por procesos de estabilización", lo que ha conllevado "un menor acceso a la función pública por parte de personas más jóvenes" porque estas OPEs han estado dirigidas especialmente al personal interino -la mayoría con años de experiencia en la administración.
En este sentido, una de las propuestas que fija el análisis realizado por la Generalitat para rejuvenecer las plantillas es focalizarse en acciones específicas focalizadas en atraer el talento joven. Algo que, de hecho, ya intentó el Consell del Botànic con Gabriela Bravo al frente de la cartera de Administración Pública con el Programa 500 y que tuvo un dudoso éxito.
Un plan de concesión de becas de la Generalitat a personas jóvenes que fueran a opositar a los cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración valenciana menores de 30 años. La ayuda ofrecida por el Gobierno valenciano, de 500 euros al mes, buscaba sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración.
En la primera edición, tan solo 49 personas de la Comunitat pudieron beneficiarse de estas subvenciones por las exigencias que planteaba el decreto para poder ser receptor de las mismas. Un hecho que resultó especialmente llamativo, dado que por regla general, en las convocatorias de becas existe una mayor demanda que oferta. Pero en aquel caso, tan solo un 9,8% de las ayudas previstas para preparar oposiciones fueron destinadas para eso mismo.
En su día que muchos de estos opositores no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobraban sus clases en negro. Esto impidió que sus alumnos pudieran beneficiarse de las becas que les hubieran ayudado a sufragar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
Con este problema de base, la Generalitat cambió las bases para relajar los requisitos en 2020. Pero aún así tampoco logró tener la acogida esperada: de las 500 previstas, un centenar quedaron sin otorgarse. En la segunda legislatura, la Conselleria de Función Pública siguió apostando por este programa, pero tuvo que suavizar aún más los requisitos a los aspirantes para poder ejecutar la partida prevista en el presupuesto de la Generalitat y amplió el margen de edad para que más personas pudieran optar a estas becas. Incluso, incrementó la ayuda a los 700 euros para que fuera si cabe más atractivo. A pesar de ello, el balance no fue significativo y las cifras demuestran que los menores de 35 años no son un porcentaje relevante en la Administración.
