Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana se enfrenta en los próximos años a un reto difícil de abordar: la reducción de la alta tasa de temporalidad de su plantilla. Situada por encima del 40% según el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, debería alcanzar el 8% tras concluir la Oferta Pública de Empleo de estabilización de 2021 y resolverse el resto de las oposiciones en marcha. Una utopía que, además, se suma a otra circunstancia que agravará la situación: el alto porcentaje de jubilaciones que se producirán antes de 2030.
La Dirección General de Función Pública ha elaborado un informe que pone negro sobre blanco las cifras macro de vacantes que tendrá de aquí a 2030 derivadas tanto de jubilaciones, como las generadas por incapacidades permanentes. Así, según el documento, un total de 5.037 personas dejarán de trabajar en la administración de la Generalitat por haber alcanzado ya los 65 años de edad.
Una cifra que se incrementa en 420 personas más por incapacidades permanentes. "En el periodo 2015-2023 se han producido unas 60 incapacidades por año", apunta para, acto seguido, realizar una estimación con esta media para el periodo 2024 a 2030. "Supondrían 420 vacantes adicionales a incluir en las previsiones", expone el análisis. "Totalizando las previsiones por jubilación y por incapacidad, en los próximos siete años se producirán más de 5.400 vacantes, lo que supone la cuarta parte del personal total de la actual plantilla Generalitat (25,4%)", resume el estudio.
Las bajas irán in crecendo año tras año. Los datos reflejan que el año que viene se generarían 600 vacantes, pero a partir de 2028 las jubilaciones aumentarían a 800 y a partir de 2030 la cifra se incrementa a más de 900, ronzando casi el millar. "Esta circunstancia aconseja una reflexión sobre la estructura y composición", concluye.
Las jubilaciones tendrán más impacto en unas escalas que en otras, así como una mayor incidencia según el ámbito profesional. En el caso del cuerpo técnico de administración general A1, está previsto que se produzcan hasta 310 bajas, donde la especialidad más afectada sería el colectivo de veterinarios, con 45 plazas que quedarán libres. Esta iría seguida de abogados, arquitectos y psicólogos de la Generalitat, todos ellos tienen en torno a una veintena de funcionarios en edad de jubilación.
El el subgrupo de A2, las bajas afectarían especialmente al cuerpo de gestión, con casi 200 vacantes; 73 en educación social, más de 50 en ingeniería técnica agrícola y unas 20 plazas ubicadas en archivos y bibliotecas.
Ahora bien, la estructura más afectada sería la del grupo C. "Las previsiones apuntan un total para el periodo analizado de más de 800 vacantes en el cuerpo administrativo y unas 750 en el cuerpo auxiliar. Colectivos encuadrados en el subgrupo C1, como educadores de educación especial (unos 150) o especialistas en medio ambiente (más de 60), se verán también sensiblemente mermados", especifica el informe.
Asimismo, la previsión de vacantes para las agrupaciones profesionales funcionariales que no tienen titulación (APF) apunta a que se produzcan un total de 500 bajas sumando jubilaciones e incapacidades permanentes.
