ALICANTE. El proyecto de rehabilitación y transformación del antiguo matadero de Alicante, de propiedad municipal, en un centro para la instalación y mentorización de startups de base tecnológica bajo la denominación de Capçalera fue uno de los proyectos estrella que trató de impulsar el ya extinto tripartito: PSOE, Guanyar y Compromís. La Agencia Local de Desarrollo impulsó la adecuación de la parcela, tras ejecutar el derribo de las edificaciones no reutilizables que revestían riesgo de derrumbe, y encomendó la redacción de un proyecto de intervención integral a sus propios técnicos.
Dicho proyecto (ideado y desarrollado bajo la dirección de los ediles Sonia Tirado, de Compromís, y Carlos Giménez, del PSOE) está sobre la mesa del actual equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), desde el mes de junio. Se trata del proyecto básico en el que se dibuja cómo debería ejecutarse la primera fase de las obras, centradas en el edificio principal del antiguo matadero. De acuerdo con ese proyecto, se prevé una inversión de 4,5 millones de euros (5.445.000 euros con IVA) para poner en valor un inmueble construido en 1960 ("de gran valor arquitectónico en algunos de sus elementos constructivos, como la torre del depósito matadero", según los técnicos de la Agencia Local), que lleva sin uso desde 2008.
En la última reunión del consejo rector de la Agencia Local, celebrada el viernes 27 de julio, se dio cuenta de cuál era el estado de la cuestión. Es decir, en qué fase se encontraba Capçalera. La conclusión fue que el proyecto de ejecución estaría finalizado y listo para poder licitar las obras el próximo mes de septiembre. Además, se concretó que también se había llevado a cabo un proyecto de mejora de los accesos, con un valor estimado de 475.000 euros, y que se planteaba su posible impulso como inversión financieramente sostenible (sufragada con el remanente del presupuesto de 2017).
No obstante, el desarrollo de las obras de reconversión del edificio sigue todavía en el aire. Tanto ante el consejo rector, como en el pleno ordinario de julio celebrado un día antes, el edil de Empleo, el popular Carlos Castillo, supeditó la ejecución del proyecto a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Y lo cierto es que, tras la cancelación del plan de ajuste, con el pago anticipado de 30,5 millones de los préstamos pendientes de devolución del plan de pago a proveedores, el equipo de Gobierno cuenta con recursos limitados: 5,7 millones que pueden destinarse a obras financieramente sostenibles. Para que Capçalera pueda acogerse a esa vía (con el coste ya citado de 5,4 millones), debe cumplir los parámetros marcados por el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y, según fuentes del equipo de Gobierno, existen dudas de que el proyecto encaje en esos supuestos.
Si eso sucediese, el gabinete que coordina Luis Barcala tendría a su alcance la posibilidad de solicitar un préstamo para financiar su ejecución. O incluso programar la obra como inversión ordinaria en el próximo presupuesto de 2019. Todo, mientras se buscan otras vías de financiación como posibles subvenciones de otras administraciones. No obstante, lo cierto es que, según las mismas fuentes, existen ciertas dudas sobre la necesidad de desarrollar ese proyecto. El argumento es que, con la puesta en marcha el Distrito Digital a cargo de la Generalitat, ya existirían espacios suficientes para la instalación de empresas de la llamada nueva economía. Así que, por el momento, no existe una certeza absoluta de que vaya a desarrollarse.
Pero, ¿en qué consiste el proyecto en sí mismo? De acuerdo con la planificación elaborada hasta ahora se trataría de cubrir las necesidades de emprendedores locales con un espacio que funcionase de incubadora de sus proyectos. Se trataría, así, de complementar los recursos que ya se ofrecen el vivero de empresas Príncipe Felipe, situado en ese mismo entorno, en el polígono de Aguamarga, para el que también se contempla una futura ampliación.
De acuerdo con el proyecto básico, en esta primera fase se pretendería intervenir en el edificio central del antiguo matadero de manera que se diese uso a tres plantas: baja (2.500 metros de superficie útil), primera (1.500) y segunda (221), además de su torre (181). En todos esos espacios se habilitaría zonas de coworking, despachos y salas de exposiciones. Para todo el conjunto se prevé un plazo de ejecución de once meses.