Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2022 es histórico por varias razones. Ya no solo por ser el más elevado aprobado hasta la fecha con 27.967 millones de euros, 2.340 más que este año, también por haberse aprobado fuera de plazo y por haber sido elaborado por una comisión integrada por los tres partidos del Botànic en lugar de por la Conselleria de Hacienda.
El resultado de ese acuerdo político son unas cuentas que aumentan un 8,8% el gasto real a pesar de que las Comunidades Autónomas no contarán el próximo año con los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid, que en el caso de la Comunitat han sido 1.400 millones para este año. La fórmula del Consell para cuadrar el presupuesto y mantener el incremento del gasto ha sido la inclusión de 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados que se suman a la partida reivindicativa de 1.336 que el Consell presupuesta año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del modelo de financiación.
De esa manera, el proyecto de presupuestos presentado en Les Corts por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, incluye al menos 2.336 en ingresos ficticios al no estar respaldados con transferencias reales del Estado, nada menos que el 8,3% del presupuesto autonómico. Si fueran una conselleria, los ingresos ficticios serían el tercer departamento por volumen de gasto de la Generalitat, solo por detrás de Sanidad (7.837 millones) y Educación (5.202 millones) y y por encima de la vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad, cuyo presupuesto sube a 2.198 millones.
Si los ingresos ficticios fueran una conselleria, serían el tercer departamento con más gasto de la Generalitat
Y ello sin tener en cuenta que, además, el proyecto también incluye más de 700 millones de euros que el Consell reclama al Gobierno central por la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras CCAA y extranjeros, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Estos ingresos tampoco están asegurados porque el Gobierno no prevé abonarlos a pesar de que el Consell reclama 637 millones acumulados desde 2012 por la atención a pacientes desplazados nacionales. Esos recursos se han incluido dentro de la partida de Tasas y Otros Ingresos, que crece en 442 millones (+40,2%).
La previsión de ingresos del Consell contempla, además, un incremento de la recaudación del 11,5% en impuestos indirectos, hasta 7.656 millones de euros, y del 10,3% en los directos hasta 5.256 millones, porcentajes ambos muy por encima de la previsión de crecimiento de la economía valenciana en la que se basan las cuentas, que es del 6,3% para 2022, pero que permite cuadrar estos presupuestos "expansivos".
El conseller Soler reconoció que, por encima de la ortodoxia, las cuentas negociadas por PSPV, Compromís y Unides-Podem en el seno de la nueva comisión política han primado mantener el nivel de gasto como si hubiera fondos extraordinarios para paliar la crisis de la pandemia.
De hecho, el Gobierno valenciano ha hecho justo lo contrario de lo que recomendaban organismos como la AIReF al convertir en estructurales unos gastos que en los dos últimos años ha estado justificados por la pandemia y respaldados por ingresos extraordinarios del Estado que ahora no llegarán.
Soler explicó que los socios del Botànic se han sentido legitimados para crear un Fondo de Transición hacia la Nueva Normalidad –nombre pactado por los socios del Botànic en las últimas horas de la negociación– dotado con 1.000 millones porque se trata de una reivindicación reiterada al Ministerio de Hacienda que no ha sido atendida por falta de unanimidad entre las CCAA.
Montero critica a Andalucía por inflar sus cuentas con el mismo fondo inexistente previsto por el Consell
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comunitat Valenciana y otras regiones como Andalucía o Murcia instaron al Ministerio de Hacienda a habilitar un fondo transitorio de nivelación para compensar la desaparición de los fondos extraordinarios contra la covid destinado a las comunidades infrafinanciadas con el actual sistema. La ministra María Jesús Montero propuso una votación de las CCAA, pero esta no se produjo por la oposición entre otras de la Comunidad de Madrid.
Vicent Soler reconoció que la inclusión en las cuentas autonómicas de esos 1.000 millones del Fondo de Transición hacia la Nueva Normalidad no había sido comunicada al Ministerio de Hacienda, pero al mismo tiempo dejó entrever que se trata de una reivindicación de varias CCAA que el departamento de Montero podría acabar atendiendo.
Sin embargo, la titular de Hacienda arremetió este mismo miércoles contra la Junta de Andalucía por "inflar con unos 1.000 millones" sus previsiones de ingresos de 2022 mediante un fondo Covid "que no existe" en el proyecto de PGE. Se trata, según censuró Montero, de 1.000 millones de euros que el gobierno del popular Juanma Moreno ha incluido en sus cuentas a pesar de que no exista ningún fondo para ello.
Preguntado al respecto por Valencia Plaza, el Ministerio de Hacienda eludió valorar que el Gobierno valenciano haya hecho en sus cuentas exactamente lo mismo que el andaluz, tanto en el tiempo como en la cantidad.
¿Y qué pasa si esos mil millones no llegan finalmente? Pues que, al igual que sucede con los 1.300 millones reivindicativos, se financiarán con cargo al FLA extraordinario a cuenta de incrementar todavía más una deuda autonómica que ya rebasa los 50.000 millones. "Si se paga, se paga y, si no, del FLA extraordinario", reconoció Soler, quien volvió a reivindicar la reforma de la financiación y que esta tenga en cuenta también una solución para la deuda acumulada por la infrafinanciación.
El presupuesto no financiero de 2022 –el gasto real excluida la deuda– asciende a 19.036 millones, un 8,8% más. Son 1.666 millones de euros adicionales que el Consell gastará el próximo año para "mantener el gasto social reforzado" y aproximarse a la media de gasto del conjunto de CCAA a pesar de ser la peor financiada.
Las inversiones también suben hasta los 3.121 millones, un incremento del 58,4%, debido a los Fondos Extraordinarios del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea. En concreto, las inversiones "reales" del capítulo seis experimentan un crecimiento del 88,8%, hasta los 1.437 millones, mientras que las transferencias de capital se elevan hasta los 1.684 millones (un 39,2% más).
Se financiarán en gran parte con los 1.795 millones de euros de fondos europeos que la Comunitat percibirá en 2022, de los cuales 802 millones de euros pertenecen al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y casi 653 millones corresponden al programa React EU.
Los presupuestos incluyen 12.129 millones de euros, en recursos procedentes del Estado por las entregas a cuenta del sistema de financiación (10.269 millones de euros, un 5,5% más que en 2021) más la liquidación definitiva del ejercicio 2020, que se paga en 2022 y que supondrá la llegada de otros 595 millones de euros.
El Consell añade a esas cantidades los 734 millones de capacidad de gasto que permite el déficit de referencia del 0,6% para 2022 y 230 millones de la mensualidad pendiente del IVA de 2017 que el Ministerio de Hacienda compensará a las CCAA.
También se han tenido en cuenta dentro de los 12.129 millones de recursos procedentes del Gobierno de España los convenios singulares que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 para el fomento de políticas de infraestructuras y movilidad sostenible por valor de 300 millones de euros.
Sin embargo, las cuentas de la Conselleria de Política Territorial solo incluyen 200 de esos 300 millones de euros a pesar de que el Gobierno central sí los contempla en sus cuentas y a pesar también de que este ha sido uno de los elementos que ha tensado la negociación entre los socios del Govern, ya que Mónica Oltra exigía que estuvieran íntegramente recogidos en las cuentas autonómicas.
En concreto se han quedado fuera 101 millones de euros que, aunque aparecen en los PGE, se incorporarán al presupuesto cuando se firmen los convenios con Ministerio de Transportes, ya que es necesario concretar a que actuaciones se destinarán, según precisaron fuentes del departamento que dirige Arcadi España.
Los que sí aparecen en partidas concretas de la Conselleria de Politica Territorial son 129 millones de euros más otros 70 millones para financiar infraestructuras en la provincia de Alicante.
