La fachada del edificio histórico del Ayuntamiento de Alicante.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante se prepara para someter su contabilidad a la evaluación del Tribunal de Cuentas (TC) -el máximo órgano fiscalizador de la gestión pública- en cumplimiento del trámite al que quedan sujetos por ley la totalidad de las entidades locales con carácter anual. Eso sí, lo hará en el último día del plazo previsto para que pueda tramitarse ese formalismo, según han precisado fuentes municipales. Por lo pronto, esa es la propuesta planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que ha acordado, este martes, la convocatoria de una sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente para el próximo lunes, 16 de octubre, con el propósito de aprobar la cuenta general del ejercicio presupuestario de 2022.
Esa propuesta quedó dictaminada favorablemente el pasado mes de agosto en comisión informativa de Hacienda con el voto favorable del PP y las abstenciones de los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Vox, por su parte, votó en contra. En ese momento, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, justificó su posición a partir de tres circunstancias: que ninguna de las enmiendas de Vox negociadas y aprobadas con el equipo de gobierno anterior sobre las cuentas de 2022 se habían ejecutado como se pactaron; que, "a pesar de tener más de 100 millones de euros de remanentes de tesorería y una ejecución presupuestaria de apenas el 62% de un presupuesto de más de 300 millones", se negó la propuesta de eliminar el impuesto de la plusvalía "y la reducción al mínimo legal del impuesto de circulación; y, por último, la ausencia de un Plan Estratégico de Subvenciones, remarcado en los informes anuales de Intervención, "que evitaría despilfarros y que chiringuitos se lleven sin control el dinero de los alicantinos".
Está por ver cuál podría ser ahora la posición a adoptar por el conjunto de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. Todo parece indicar que Vox optaría por mantenerse en su rechazo inicial, al no haberse producido modificaciones respecto a los planteamientos que se expusieron en agosto. Por su parte, los tres grupos del eje progresista podrían inclinarse por no apoyar la aprobación del acuerdo de forma expresa con un voto favorable como muestra de rechazo por las formas en las que se habría planteado la propuesta.
De hecho, los portavoces de las tres fuerzas -Ana Barceló, por el PSOE; Rafa Mas, por Compromís, y Manolo Copé por Esquerra Unida Podem- se han ausentado de la reunión de la Junta de Portavoces convocada por el alcalde, Luis Barcala, a las 14:00 horas de este martes ante la premura con la que se les habría citado, con poco más de dos horas de antelación, y sin que se les hubiese facilitado con carácter previo ninguna documentación respecto a los asuntos a tratar en esa reunión, a pesar de que el propio Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) establece en su artículo 66, respecto al régimen de las reuniones de la Junta de Portavoces, que "el Alcalde convocará a los miembros de la Junta de forma que conozcan con tiempo suficiente el día y hora de la reunión".
Así lo han manifestado los tres líderes municipales de los tres partidos del eje progresista a través de un comunicado en el que han subrayado que "el alcalde tiene que respetar a los grupos municipales que representan a una parte importante de los alicantinos y alicantinas". "No puede actuar de manera arbitraria para, después, solicitar el apoyo de los grupos de la izquierda en cuestiones que son cruciales para Alicante", han apuntado.
En ese sentido, los portavoces de los tres grupos municipales han defendido que "en democracia se deben de respetar una reglas del juego pero, sin embargo, el regidor está acostumbrado a saltárselas. Sus decisiones vienen motivadas por la improvisación y las prisas. De esa forma no se puede gobernar", concluye el comunicado.
En todo caso, al equipo de gobierno le valdría con la suma de los síes de sus 14 concejales para que el acuerdo quedase aprobado por mayoría simple (siempre que no se produzca la suma de 15 votos en contra por parte de los cuatro partidos opositores). Con ello, el PP podría cumplir con la obligación legal de someter su contabilidad al escrutinio del Tribunal de Cuentas, lo que entrañaría exponerse a su revisión. La propuesta de acuerdo refleja que el balance de situación está cuadrado con unas sumas del activo y del pasivo de 990.335.826,11 euros, que la cuenta del resultado económico-patrimonial arroja un ahorro de 31.148.899,86 euros y que el estado de liquidación del presupuesto arroja un resultado presupuestario ajustado de 50.251.750,73 euros.
Entre tanto, el PP continúa trabajando en la elaboración del borrador del presupuesto municipal de 2024, sin que se haya abierto -al menos de forma oficial- ninguna ronda de contactos con los cuatro grupos opositores, al margen de un primer acercamiento con los representantes de Compromís. En principio, el equipo de gobierno mantiene su compromiso de elevar la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio a debate y votación antes de que concluya 2023 para que puedan entrar en vigor en tiempo y forma, con el arranque de 2024.
