Aparcada la tasa turística, el curso político arranca con las diputaciones y su futuro (y muchas cosas más). No sabemos por qué razón, más allá de la electoral, pero esta vez sí que vamos a abordar el tema porque tanto Podemos como el PSPV lo van a plantear en las Cortes Valencianas. Mi opinión aparece en la revista Plaza Alicante de este mes de octubre. Ahí queda para quién quiera profundizar más. Pero más allá del concepto, de si las diputaciones deben mantenerse o no -ya les avanzo que yo sí soy partidario de su mantenimiento pero con un reset radical-, están las formas. Las formas en este caso del Gobierno valenciano, que han fallado estrepitosamente. Sobre todo por parte del PSPV y del president, Ximo Puig, que debieron (o deben, todavía están a punto) liderar el debate y las negociaciones con el resto de grupos (especialmente, el PP, que es el principal defensor de la institución provincial tal y como hoy la conocemos) y, sobre todo, con los presidentes de las corporaciones de Alicante y Castellón, César Sánchez y Javier Moliner, respectivamente.
Se trata de un cambio transcendental el que persiguen las tres formaciones de izquierda, y que auguro que Ciudadanos también comparte. Se trata de clarificar las competencias; de no hacerse la puñeta, de racionalizar, de optimizar y marcar las preferencias de cada institución. No hay nadie que no esté de acuerdo con todo ello, más allá del signo político de cada cual. Defender las diputaciones tal y como están actualmente es defender un anacronismo. Por ejemplo, el caso más sangrante son algunas competencias sanitarias, que son ejecutadas por el Gobierno valenciano pero que en Alicante o Castellón todavía prestan las diputaciones. Y lo más coherente sería que los centros de salud mental pasaran a manos del departamento de Ana Barceló, y el Hogar Provincial, al de Mónica Oltra.
Pero ¿quién debe convencer de esta racionalidad?. Pues una vez vistos los antecedentes de los decretos de coordinación turística y de deportes, ambos tumbados por el TSJ y el Tribunal Supremo, sería recomendable que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, convenciera a los presidentes de las instituciones del PP de las bondades del cambio y que se pactara un cambio tranquilo en el día a día de las diputaciones. Sería lo lógico. ¿Que el PP no quiere acuerdo? Siempre le quedaría el argumento a Puig de que lo ha intentado y que era lo mejor para el funcionamiento del sistema democrático y para la compenetración de las administraciones públicas en la Comunitat Valenciana: la atención de los municipios grandes para la Generalitat; los pequeños, para las diputaciones, algo que a la vista de lo que pasa en la de Alicante falla (sobre todo por parte del Gabinete de Sánchez, que ha aprovechado todo lo aprovechable para beneficiar a los municipios de su partido, independientemente de si eran grandes o pequeños).
Pero me da la sensación de que todo va a quedar igual. La reforma saldrá; sin consenso, con un victoria pírrica y con recursos judiciales. Y se volverá a fallar en lo nuclear: convencer al contrario (o al menos intentarlo) de lo que propones es mejor, que en este caso lo es. Sólo hay que ver determinadas estructuras y qué uso tienen.