El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves en Alicante, que la polémica oficina turística del puerto promovida por la Generalitat a través de Turisme se instalará donde determine el Ayuntamiento, pero también ha subrayado que "hasta el momento" el consistorio no se ha dirigido al Consell en relación a esta cuestión.
"Nosotros queremos apoyar el turismo de Alicante, por eso financiamos la oficina, pero respetamos la competencia municipal sobre la ubicación", ha dicho. Puig ha recordado que "nunca dijimos dónde tenía que ir" la oficina objeto de la discordia. En esta línea, también ha recordado que el cambio de emplazamiento, si se ejecuta, deberá realizarse de acuerdo con el adjudicatario, por una cuestión de "seguridad jurídica".
Puig participa este jueves en Alicante en un acto de la plataforma 'Volem Més', que apoya su candidatura, para debatir sobre política económica con el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, en el Aula de Cultura de la CAM.
La controversia en relación al emplazamiento de la oficina de información turística, actualmente en fase de montaje en la Plaza de Levante del Puerto de Alicante, ya se planteó el pasado mes de junio, cuando la Concejalía de Urbanismo denegó la licencia de construcción al considerar, inicialmente, que se trataba de un edificio y que, por tanto, no tenía cabida en esa ubicación, en función de las determinaciones previstas en el Plan Especial del Puerto.
No obstante, tras recabar un informe de la empresa adjudicataria de su construcción y montaje, se determinó que se trataba de una estructura semoviente, de carácter desmontable, y se le eximió de contar con permiso de obra. Además, se planteó como instalación de interés municipal, por lo que el equipo de Gobierno, del PP, aprobó la autorización para su instalación en ese mismo lugar.
Ahora, con los trabajos de instalación en marcha (de hecho, se prevé que la estructura pueda estar concluida en un plazo de tres semanas), el mismo equipo de Gobierno que preside el popular Luis Barcala ha planteado, primero, el estudio de su traslado antes de que expirase el plazo de 15 años de concesión de ocupación del suelo portuario de la que dispone y, después, directamente la posible petición de suspensión de las obras, antes de que se finalice su construcción. Este miércoles, el propio primer edil mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, para abordar posibles opciones en el caso de que se decida impulsar ese traslado.
En ese encuentro, Gisbert se limitó a exponer el procedimiento que el Ayuntamiento debería seguir, bien a través de una modificación de la concesión de la que dispone, o bien a través de su renuncia y posterior petición de otra concesión distinta, en el caso de que se pretenda instalar la oficina a otro emplazamiento del recinto portuario. En ese encuentro, según Barcala, se barajaron distintas alternativas que ni él ni Gisbert quisieron desvelar, pese a las filtraciones difundidas posteriormente. El alcalde apuntó que incluso se estaban barajando otras opciones fuera del recinto portuario y sólo señaló que ese posible nuevo emplazamiento debía ser un lugar de paso.
En todo caso, la posibilidad del traslado queda sujeta al acuerdo con Turisme que -como apuntó Barcala y ha recordado este jueves Puig- es quien financia su construcción. Además, se deberá contar con la empresa adjudicataria, Promoam, quien asumió el encargo por un importe de 534.000 euros. Está por ver si el traslado de la estructura que ya se ha instalado es viable, si se tendría que fijar algún tipo de indemnización y si habría que asumir costes adicionales para que se pudiese desplazar a otra ubicación sobre la que no se sabe nada de manera oficial hasta ahora.
