Foto: GVAVALÈNCIA. (EP) La convalidación del 'macrodecreto' de la Generalitat para impulsar las energías renovables ante la crisis tendrá que esperar para pasar por el pleno de Les Corts, ya que no está en el orden del día acordado en la junta de síndics para la próxima semana y el plazo de convalidación acaba el 6 de junio.
Hasta entonces, los grupos parlamentarios del gobierno del Botànic estudian la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir modificaciones posteriores, algo por lo que ya abogó Compromís. El PSPV sostiene que es "una opción que se tiene que hablar y consensuar" y UP asegura no tenerlo todavía "claro".
Tras la junta de síndics, la portavoz adjunta socialista Carmen Martínez ha defendido que el 'macrodecreto' no se convalide todavía porque tratan de buscar un "equilibrio" en el orden de los plenos. "Lo normal es que vaya en el siguiente", ha garantizado, además de remarcar que el decreto está "perfectamente en vigor e instar a que todos los lo apoyen porque "el futuro es el viento y el sol".
Papi Robles, síndica de Compromís, ha reiterado la voluntad de tramitarlo como ley, ha remarcado que el PSPV está "en plena decisión" de su nuevo portavoz tras la renuncia de Manolo Mata y ha prometido que su grupo lo convalidará.
Por su parte, Pilar Lima ha explicado que en UP todavía no han consensuado una posición unánime respecto a la tramitación como proyecto de ley, aunque ha garantizado que siguen dialogándolo.
Su compañera Estefania Blanes, portavoz adjunta, ha añadido que se respetarán los plazos y que "tampoco sería ningún drama" tramitarlo como ley, además de señalar que había algunos puntos del decreto que UP no compartía "al cien por cien" porque apostaban por más autonomía municipal en la instalación de plantas fotovoltaicas.
En concreto, el decreto-ley "ómnibus" aprobado el pasado 22 de abril por el pleno del Consell establece medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, además de iniciativas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables para compensar la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
Entre la oposición, el PPCV ha avanzado que el pleno de la próxima semana centrará sus mociones y preguntas en la tasa turística o el trasvase Tajo-Segura, mientras Cs interrogará al Consell por la paralización del Tren de la Costa y por la exigencia del valenciano a los sanitarios y Vox por la reindustrialización de la Comunitat y por la "imposición lingüística" con los programas experimentales en centros educativos.
Por otro lado, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha explicado que todavía no han solicitado la apertura de la comisión de investigación sobre el caso Azud que aprobaron Les Corts el año pasado porque "ahora no hay espacio físico ni temporal", aunque ha garantizado que cuando haya "el primer hueco" lo harán aunque solo se haya levantado el secreto de sumario parcialmente.
Este caso, que afecta a cargos del PP y PSPV por presuntas 'mordidas' en el Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá, llevó a renunciar al ya exsíndic socialista, Manolo Mata, para centrarse en su papel de abogado del presunto cabecilla, Jaume Febrer. Para el próximo pleno queda pendiente tanto la elección del nuevo portavoz del grupo como la persona que le sustituirá en el escaño.
Además, tanto la portavoz de Cs como Ana Vega y José Mª Llanos (Vox) se han quejado de las ausencias reiteradas de los consellers del gobierno valenciano en los plenos de Les Corts, apuntando especialmente a la de Justicia, Gabriela Bravo.
