Una instalación fotovoltaica, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ELCHE. Mientras que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia de obra para su novena planta fotovoltaica en el Camp d'Elx, y ya se ha levantado la suspensión por indicativo autonómico, hay alrededor de 25 proyectos pendientes sobre la mesa. A uno de ellos han alegado los vecinos de Santa Anna, Ahsa, ADR Camp d'Elx y otros colectivos. Se trata del parque solar de 9 MW con dos plantas que proyecta la danesa Eurener, que ha modificado su proyecto tras el rechazo de la administración a su línea de evacuación.
Las alegaciones son en materias ya habituales de otras veces, como que se haga un análisis conjunto de las varias plantas y no de cada una por separado; que se proyectan sobre terrenos sometidos a la peligrosidad geomorfológica definida en el Patricova (plan autonómico de inundaciones); impacto en vías pecuarias; riesgo de erosión potencial moderado y muy alto en un entorno semiárido o que se proyecte en áreas críticas frente al cambio climático como la recarga de acuíferos. En total, dieciséis alegaciones presentadas en conjunto por Ahsa, ADR Camp d'Elx, Natura i Gent Castalla, Arba Alto Palancia, Asociación de vecinos Salinas, Associació Montesa Territori Viu, Stop Plan Solar Vinalopó o la coordinadora por la Ubicación Racional de las energías renovables, entre otras.
También está presentando las alegaciones la empresa del camping en Santa Anna, Mundosol, porque este proyecto solar está pegado al entorno donde va el campamento —en cuyo terreno ya se proyectó una planta (que ha decaído) aunque el camping tenía la DIC previa—. Fuentes señalan que está en vía judicial con una de las compañías, de hecho. "Los proyectos fotovoltaicos se encuentran colindantes en una distancia de 3 metros lineales a la DIC autorizada para el camping autorizado a esta mercantil. Y lo más sorprendente es que el propio Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje no ha previsto la adopción por el promotor de los parques fotovoltaicos de medida alguna de protección", denuncian.
Asimismo, en común, tanto de la empresa como del resto de alegantes, es que se quejan de la "falta de transparencia" y que Generalitat no les facilita la información solicitada. "No llegan nuestras alegaciones a los técnicos, no se contestan y cuando se contesta lo hace el promotor con datos incorrectos".
A este respecto, vecinos de la pedanía denuncian por una parte que si se ubican las plantas en esta zona, "va a suponer un grave riesgo a los vecinos que nos encontramos aguas abajo por el riesgo de inundación en la zona donde se quieren ubicar y por la escorrentía que podría causar". Algo que se toman de forma muy seria tras los estragos de la dana de València. También apuntan a que otro aspecto importante es la implantación en zonas de cultivo y forestales, "y el impacto socioeconómico para la pedanía y el municipio ya que perderíamos una inversión diez veces mayor del camping que hay en construcción y que dejaría de llevarse a cabo". Ponen en valor que se prevén más de un centenar de puestos de trabajo directo y 300 indirectos, "frente a 3 o 4 puestos directos y una treintena indirectos" (por las fotovoltaicas).
Imágenes de las zonas inundables del entorno del proyectoAsí, la primera de las alegaciones es que se tenga en cuenta la peligrosidad del terreno por "los efectos catastróficos de la reciente DANA de Valencia que deben ser tenidos en cuenta". Destacan que los recintos ocupados con paneles solares presentan afecciones por peligrosidad geomorfológica a las dos plantas. "Además, hay que tener en cuenta que se pretende modificar el terreno para desmontar una balsa de riego y para acondicionar las zonas montañosas e irregulares que se encuentran dentro de estas dos parcelas". "Y teniendo en cuenta que estos campos ya no van a ser labrados para cultivarse como hasta ahora, la capacidad de filtración que van a tener va a ser mínima", continúan. Con precedentes de daños en viviendas en los terrenos del proyecto.
Lamentan entre otras cuestiones que la vía de evacuación discurre por zonas inundables y que el informe de inundabilidad aportado "no cuenta con datos actualizados, ni se contemplan las afecciones a terceros, no se tiene en cuenta que se modifica la topografía, que se fuerza el agua hacia nuevas corrientes y drenajes, donde la erosión y la sedimentación pueden causar graves problemas". Ligado a esto, advierten que Santa Ana I y II ocupan en torno a 5,1 hectáreas de terrenos sometidos a esa peligrosidad del Patricova, y que están están asociados a la cabecera del Barranco de Agua Amarga.
Pero también que en el caso de la central El Secarral, los recintos situados en Monforte del Cid que son analizados ocupan en torno a 3,8 hectáreas sometidas a peligrosidad geomorfológica, y los recintos situados en Elche ocupan en torno a 0,6 hectáreas. "En total unas 9,5 hectáreas asociadas a las cabeceras de los barrancos de Agua Amarga y del Grifo". Y destacan que por ejemplo La Faja y El Cremat tienen una ocupación "despreciable de este tipo de suelo, tan solo 675 metros cuadrados en el caso de la central La Faja". En total, las cinco centrales analizadas de forma conjunta al forma parte de un mismo entorno territorial, ocupan en torno a 9,5 hectáreas sometidas a peligrosidad geomorfológica en las cabeceras de los barrancos de Agua Amarga y del Grifo. "Una ocupación que debe analizarse de forma conjunta".
Denuncian también la pendiente, superior al 25% y lo anterior: que "las centrales deben valorarse conjuntamente con tres centrales más situadas en el mismo entorno territorial para evitar incurrirse en la mala práctica de la fragmentación de proyectos". En referencia a La Faja, El Cremat y El Secarral. También denuncian impacto a avifauna (pérdida de territorio de campeo para la especie en peligro de extinción Aquila fasciata). Otra alegación es que las centrales Santa Ana I y II, La Faja y El Secarral cercan con paneles solares la vía pecuaria de la Colada del Rebolledo. Lo mismo con la vía pecuaria de la Colada del Rebolledo.
Cinco plantas solares en el mismo entorno, analizadas por separadoOtra de las alegaciones vira en torno a la ocupación de suelo forestal. Recuerdan que los terrenos forestales deben excluirse de su ocupación con paneles solares para que puedan seguir cumpliendo su función forestal y protectora del suelo en un entorno semiárido sometido a un grave riesgo de erosión y desertificación. Y de nuevo, "la central solar Santa Ana II ocupa en torno a 0,85 hectáreas de suelo reconocido por el Patfor como suelo forestal no estratégico. La central El Secarral también ocupa suelos forestales no estratégicos reconocidos por el PATFOR en término de Elche en la pedanía de Santa Ana, en total en torno a 4,75 hectáreas". A ello agregan que "si se añaden las 10,6 hectáreas de la central La Faja y las 6,7 hectáreas de la central El Cremat, situadas en su práctica totalidad sobre suelo forestal no estratégico, se obtiene una ocupación global de en torno a 23 hectáreas de suelo forestal en un mismo entorno territorial, una ocupación global que debe valorarse de forma conjunta para todas las centrales solares señaladas".
Así pues, una larga lista de alegaciones, dieciséis, que van desarrollando con puntos comunes a otras iniciativas pasadas. Por ejemplo, que estas cinco centrales están en "áreas a mejorar para la recarga de acuíferos", que hay riesgo de erosión potencial moderado y muy alto en un entorno semiárido, o que la tramitación de estos proyectos "va a dificultar la consecución de un necesario corredor ecológico entre las sierras del norte de Elche (futuro Paraje Natural Municipal en tramitación) y la Serra de les Àguiles y su Paraje Natural Municipal". La afección al la DIC para la ejecución de un Camping Ecológico Deportivo, su impacto en el empleo si no se desarrolla, o que en el proyecto "hay un defectuoso análisis del paisaje para conceder la autorización favorable a los proyectos concedidos".
Por último, inciden en esa "inexistencia del derecho de consulta a los afectados directos o vecinos de la zona en el proceso de participación pública", así como que tras la información desfavorable del trazado inicial de la línea de evacuación, han trazado uno "a través de un bien de dominio público (vías pecuarias y caminos municipales)". Consideran los alegantes, en general, que el proyecto puede causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), y que estas iniciativas, no cumplen con los principios DNSH para obtener las ayudas Next Generation, "motivo por el cual debería ser denegadas las ayudas".
