Un operario del servicio de limpieza de Alicante, en pleno barrido, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha reaccionado este martes frente al acuerdo extrajudicial alcanzado entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y los representantes de la antigua UTE concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura (UTE Alicante) respecto a la controversia suscitada en torno a la elaboración de informes de auditoría sobre los flujos económicos del contrato para señalar que, en realidad, "el gobierno del PP que lidera Luis Barcala nunca ha tenido intención de inspeccionar ni sancionar a la empresa de limpieza".
Así lo ha considerado el edil Raúl Ruiz, quien ha apuntado que con el acuerdo aprobado este martes en Junta de Gobierno "se levantan las sanciones a la UTE por incumplir sistemáticamente su contrato y, además, le garantiza que no le auditará las cuentas desde 2013 a 2017, algo sobre lo que no han dado explicaciones". Es por ello que ha reclamado que antes de "seguir dando prebendas sin justificación se dé a conocer las auditorías que se pidieron para 2019, 2020, 2021 y 2022", según ha apuntado, a través de un comunicado.
"El PP lleva cinco años presumiendo de sancionar duramente a la empresa que gestiona la limpieza pública por el lamentable estado en el que tiene Alicante. Sin embargo hoy se ha constatado que, en realidad, el PP ha renunciado definitivamente a fiscalizar el servicio y a hacer efectivas las mismas multas que han venido anunciando durante este tiempo a los medios de comunicación", ha considerado.
El edil socialista ha señalado que el acuerdo extrajudicial con la empresa de limpieza va mucho más allá de la sentencia que aseguran que lo ha motivado. "No sólo replantea cuestiones como las auditorías. También devuelve sanciones como los escasos 3.000 euros que se le impuso a la empresa tras la denuncia de un vecino de Albufereta, quien grabó a la empresa de recogida de basura mezclando en un mismo camión los residuos de cartón, plásticos y orgánicos", ha añadido.
Por último, ha detallado que este acuerdo extrajudicial no contempla siquiera cuestiones como el parque móvil de Playa de San Juan contemplado en el mismo contrato y que nunca se ha llegado a ejecutar. "Hablamos de una infraestructura vital para este servicio que nunca estuvo disponible tras diez años de contrato. Eso es algo que ha supuesto la pérdida de más de 35.000 horas de trabajo efectivo en estos años y que, en consecuencia, ha dejado en precario el barrido de toda la ciudad", ha incidido. En ese sentido, ha añadido que este subparque en Planta de San Juan se valoró en casi un millón de euros y "no sabemos por qué el alcalde no se está ocupando de que este importe vuelva a las arcas públicas", ha concluido.
