Los promotores de Alicante piden al Consell que regule la vivienda turística sin vetar zonas urbanas

ALICANTE. El sector la promoción inmobiliaria toma posiciones ante los planes de nueva regulación sobre el mercado de la vivienda turística anticipados por el Consell. Lo hace con el planteamiento de una batería de propuestas con la que se trataría de evitar que se cercenase uno de los segmentos de actividad que más rédito aporta a la Comunitat y que, a juicio de la asociación de promotores de la provincia de Alicante, Provía, contribuye a fomentar la desestacionalización turística con una oferta complementaria a la que plantea la hotelería.

La idea principal de ese planteamiento, que -según fuentes consultadas- ya se ha hecho llegar al Consell, consistiría en garantizar la compatibilidad de la implantación de vivienda de uso turístico con carácter general en las zonas residenciales de todo municipio, a excepción de sus cascos históricos. Eso sí, esa salvedad quedaría ligada a un requisito específico: que cada Ayuntamiento justificase de forma motivada las causas por las que esos núcleos concretos no serían compatibles con la vivienda de uso turístico. Ahí entrarían argumentos como el posible exceso de concentración de oferta, por ejemplo, que -en principio- debería quedar debidamente documentada, según el planteamiento de Provía.

Además, ese informe justificativo sobre la exclusión de los cascos históricos debería formularse en el plazo de seis meses desde que entrase en vigor esa futura regulación autonómica. De lo contrario, se entendería que también serían zonas compatibles para la existencia de vivienda turística. Y en el supuesto de que sí se aportase ese informe motivado, se mantendrían los derechos adquiridos, de modo que las viviendas de uso turístico preexistentes y ya operativas pudieran seguir teniendo ese mismo destino.

En segundo término, Provía propone un segundo requisito esencial relacionado con una supuesta temporalidad: que ninguna futura normativa que pueda adoptarse para regular el sector pueda limitar los periodos de duración del alquiler de esas viviendas, ya que con ello se constreñiría esa funcionalidad.

En tercer lugar, la asociación de promotores también plantea un requisito relacionado con el funcionamiento controlado de las viviendas de uso turístico. Se trataría de establecer que en el trámite de inscripción en el Registro de Turismo se comprobase la referencia catastral del inmueble en cuestión. Se trata, de hecho, de un elemento que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ya estaría sopesando para reflejarlo en la nueva regulación. No obstante, Provía sugiere otra condición adicional para aportar mayores garantías: que también se requiera a los propietarios de esos inmuebles para que aporten la cédula de habitabilidad de las viviendas, además del certificado de compatibilidad urbanística en el que se acredita la posibilidad de su uso como alojamiento turístico.

Eso sí, la propuesta de Provía añade que la expedición de ese certificado de compatibilidad debe producirse con celeridad, de modo que se entendería como concedido por silencio administrativo en el caso de que los ayuntamientos no los otorgase en un mes. Con ello se trataría de evitar situaciones como las que se registran ahora, en las que los propietarios optan por no inscribir sus viviendas turísticas en el Registro -incurriendo, en consecuencia, en una irregularidad- al no disponer de esos certificados por el retraso de la administración en concederlos.

Medidas para la prohibición de uso turístico

En cuarto lugar, Provía también plantea que se dote a Turisme Comunitat Valenciana de los medios y recursos necesarios para acordar la prohibición de uso turístico de una vivienda a la que se esté dando ese destino con una utilización indebida, en el caso de que se confirme la existencia de quejas reiteradas sobre las condiciones en las que se está explotando (problemas de ruido que dificultan la convivencia, por ejemplo), o que se confirmase un funcionamiento no declarado que generase "economía sumergida".

Al margen de ello, la asociación considera clave que los propietarios o gestores de viviendas turísticas en las que se presten servicios a los huéspedes similares a los que se ofrecen en un hotel, den de alta su actividad económica cumpliendo con las mismas obligaciones que se aplican a un empresario hotelero. Y, por último, para asegurar un funcionamiento regular de la actividad, sugiere que se refuerce las inspecciones tributarias de la Agencia Valenciana, que se definan normas de convivencia a incorporar en ordenanzas y estatutos de comunidades de propietarios, y que se endurezcan las sanciones establecidas en las ordenanzas municipales en caso de conductas incívicas de los inquilinos, llegando a responsabilizar de ellas a los propietarios de las viviendas.

Todo ello, con el propósito de que no se acabe demonizando a ese segmento de actividad, que acogió el 78% de las pernoctaciones en la Comunitat durante 2022, y que, además, concentró el 60% del gasto de los turistas en ese mismo año, según datos de la asociación.

Ese conjunto de propuestas quedó registrado después de que una delegación de Provía, formada por su presidente, Pedro Javier Solivares, y su secretario general, Jesualdo Ros, mantuviese un encuentro institucional con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a mediados de este mes de enero, en el que también se abordó la necesidad de que se promueva una modificación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana cuando ya han transcurrido 13 años desde su aprobación sin someterse a ninguna revisión, a pesar de que se preveía que se ajustaría cada cuatro años. 

El mismo Ros apuntó a consulta de Alicante Plaza que la reformulación de esa Estrategia Territorial debería allanar el objetivo marco anunciado por el Consell de que pueda ponerse en marcha la construcción de hasta 10.000 viviendas de protección pública en el conjunto del territorio autonómico en esta legislatura, así como el funcionamiento de la vivienda turística para que pueda tener un uso sostenible también los casos en los que un inmueble solo es utilizado por sus propietarios de forma temporal en determinados periodos del año.

Así, explicó que el marco de la Estrategia Territorial se acordó en un momento de exceso de oferta que contrastaría con el contexto actual, en el que "existe un problema de alto precio de la vivienda porque no hay oferta suficiente". "Pedimos que se revise y se repiense esa estrategia, tanto para que exista vivienda asequible como vivienda turística, después de casi quince años en los que no se ha desarrollado nada", señaló. Sobre todo, añadió, porque en ese marco se vincula el crecimiento de los municipios a determinados criterios como la cifra de habitantes censados en sus núcleos históricos y en el centro de la ciudad, sin tener en cuenta los que residen en el extrarradio.