El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2024 queda expuesto a otra aprobación extemporánea. El documento de planificación económica trazado por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sigue en fase de fiscalización por parte del departamento de Intervención, una vez vencido el plazo ordinario de diez días previsto para su supervisión, lo que aboca a una demora en su tramitación que todo parece indicar que acabará aplazando su debate en pleno hasta principios del mes de enero.
Por lo pronto, el departamento de Intervención solicitó este jueves un plazo adicional que, en principio, vencería este mismo viernes, para la emisión de su informe, lo que supone que, como mínimo, no pueda aprobarse en Junta de Gobierno hasta el próximo lunes. Y ello, en el supuesto de que el informe sea favorable, y no se requiera ninguna aclaración o modificación.
A partir de ese momento, se abrirá un plazo de seis días para la presentación de enmiendas por parte de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y después, los técnicos del departamento de Hacienda deberán analizarlas para emitir informe con propuesta de admisión o desestimación que será debatida en comisión antes de que la propuesta presupuestaria pueda someterse a debate en pleno.
La conclusión: todo parece indicar que esa sesión extraordinaria de las cuentas acabará aplazándose al menos hasta la primera semana de enero. Con ello, se volvería a incumplir el objetivo autoimpuesto por el equipo de gobierno de que la hoja de ruta económica para el próximo ejercicio pudiese debatirse (y, en su caso, aprobarse) antes de que terminase el año en curso (al menos en el trámite de aprobación provisional).
Sea como fuere, en el peor de los casos (que resulte necesario formular modificaciones a instancias del dictamen de Intervención) no se augura un retraso más allá de entre una y dos semanas respecto a ese objetivo simbólico con el que los populares pretendían ajustarse a los tiempos y a los procedimientos que sí se cumplen en otros ayuntamientos, como el de la ciudad de València, por ejemplo.
En cualquier caso, esa circunstancia no debería complicar la ejecución de las inversiones programadas por el equipo de gobierno, toda vez que la mayor parte de ellas quedan supeditadas a la contratación de un préstamo bancario por importe de 45 millones, como informó este diario. Se trata de un crédito con el que se pretende cubrir un plan plurianual con más de 50 actuaciones distintas.
Entre ellas, figurarían la construcción del parque deportivo entre los PAU 4 y 5 de Playa de San Juan, el nuevo Pabellón de Tómbola, la segunda fase de reurbanización de la avenida de Niza, la finalización de las obras de la Plaza de San Blas (cuya segunda contratación sigue pendiente de la emisión de informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas), la ampliación de los viveros de Agua Amarga o la primera fase de la rehabilitación del edificio del antiguo matadero como centro dedicado a la innovación, por ejemplo.
Al tiempo, fuentes municipales confirmaron que también se incluirán en ese crédito las obras de ampliación del cementerio municipal, que ahora se encuentran en su última fase de contratación con la previsión de que puedan acabar adjudicándose por un importe de 3,3 millones, de modo que en el presupuesto ordinario solo se contemplarán algunas actuaciones de menor importe, que puedan completarse en el curso de un año natural.
Al margen de las inversiones, la propuesta presupuestaria del PP sí recoge un incremento significativo en la partida de personal toda vez que se habría incluido una provisión de 3 millones para la cobertura de nuevos puestos, como informó este diario. Además, también se incluiría una primera aportación para la puesta en marcha del sistema de mejora retributiva de los funcionarios de la llamada carrera profesional, a partir de la última propuesta formulada a tres de los cinco sindicatos representados en el Ayuntamiento, por la que se plantea una dotación global de 10 millones a implementar en el margen de los próximos seis años.
En principio, esa propuesta se prevé elevar a debate en una mesa negociadora el próximo miércoles con la intención de que pueda ser analizada por el conjunto de los sindicatos. Hasta ahora, las dos secciones con mayor respaldo entre los funcionarios (SEP y CCOO) se han desvinculado de la última fase de conversaciones mantenidas entre representantes del PP y responsables de UGT, FESEP y CSIF. De hecho, los dos sindicatos mayoritarios mantienen la convocatoria de la marcha reivindicativa prevista para este sábado, a partir de las 18:00 horas, desde la avenida de Aguilera hasta la Plaza del Ayuntamiento, con el fin de reclamar su implantación efectiva.
Eso sí, para que esa planificación económica llegue a entrar en vigor, el PP debe pertrecharse del apoyo político de al menos uno de los grupos que ejercen funciones de oposición, ya que los populares gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29 ediles. A priori, la formación que podría ejercer un papel determinante en ello sería Vox, toda vez que ya secundó tres de los presupuestos del pasado mandato y que, además, es el partido que comparte responsabilidades de gobierno con el PP en la Generalitat.
Hasta el momento, los representantes municipales de Vox se han limitado a señalar que su apoyo a las cuentas quedaría supeditado al estudio de la propuesta y al resultado que tuviesen sus propuestas de enmiendas, siempre -además- que el presupuesto planteado por el PP no contemplase ninguna medida asociada a restricciones con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ese fue, de hecho, el argumento que Vox utilizó para expresar su rechazo a la propuesta de presupuesto de 2023, que no llegó a elevarse a debate y votación en pleno por falta de apoyos.
