La edil de Educación, Julia Llopis.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado la propuesta promovida por el grupo municipal de Compromís para crear una comisión de seguimiento y control de la ejecución de infraestructuras educativas en la ciudad, como los proyectos del Plan Edificant. Como viene siendo habitual cada vez que alguno de los tres grupos progresistas que ejercen funciones de oposición plantean una iniciativa relacionada con el desarrollo del programa, el acuerdo ha quedado rechazado con los votos de PP, Cs y Vox.
En la defensa de la iniciativa, el edil de la coalición, Rafa Mas, ha subrayado que el bipartito ha empleado "tres años y medio" en poner en marcha los proyectos del Plan Edificant -en alusión a la licitación de la redacción de los proyectos de cinco primeros colegios- cuando hay 19 centros incluidos en ese programa, por el que se prevé la construcción o la reforma de centros educativos con cargo a los presupuestos de la Generalitat, pero con gestión transferida a los ayuntamientos.
Así, ha sostenido que, entre todas esas intervenciones, solo se ha conseguido ejecutar la reforma de una escalera en el CEIP Emilio Varela por un importe de 44.000 euros. Una actuación que, según ha subrayado, "se realizó con el mismo interventor" que se ha venido esgrimiendo como motivo de retraso en la tramitación de los proyectos. Igualmente, ha subrayado, como vienen defendiendo los grupos de la oposición que conforman el eje progresista, que en otros 62 municipios de la provincia y de la Comunitat, incluidos los gobernados por el PP, ya se han ejecutado todos los proyectos contemplados en esa primera edición del Plan Edificant y estarían trabajando en su segunda edición. En esta línea, ha considerado necesaria la creación de una comisión para tutelar el desarrollo de las obras de esos proyectos y e incluir nuevas actuaciones en otros centros.
En el debate, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha mostrado en contra de las implicaciones que conlleva el Plan Edificant, al rechazar la fórmula de la delegación de competencias en la tramitación de las obras a los ayuntamientos. En este sentido, ha considerado que el programa es una "trágala". Y, además, ha asegurado que existen retrasos en la financiación de las obras en los municipios que se han adherido a ese plan, tras citar ejemplos como Calp o Santa Pola, por ejemplo. Por ello, ha emplazado a los ediles de Compromís a exigir explicaciones al conseller de Educación, Vicent Marzà.
Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, ha acusado al equipo de gobierno (PP y Cs) de olvidar la educación pública. "Ustedes odian a Alicante; no se entiende que bloqueen iniciativas educativas por valor de 50 millones", ha sostenido, en alusión a la construcción de nuevos centros o a la oferta de adecuaciones planteada por la Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Infraestructuras Educativas. "Son un peligro para la ciudad y solo se mueven al dictado de sus intereses partidistas", según ha sostenido.
Por el PSOE, Trini Amorós, ha incidido, respecto a las críticas vertidas sobre la delegación de competencias, en que "de lo que se trata con el Plan Edificant es de trabajar en equipo porque nadie mejor que el ayuntamiento para conocer qué necesidades educativas existen en la ciudad". Además, ha cuestionado a PP y Cs sobre "qué decisiones están tomando ustedes para adecuar los colegios en las obras de mantenimiento que son de competencia municipal". De igual modo, ha acusado al bipartito de "primar" a la educación privada y concertada frente a la educación pública. "Lo único que les importa es su política obstinada en contra del Consell sin ver lo qué es bueno para la ciudad", ha enfatizado, por lo que ha emplazado a PP y Cs a cooperar.
Por el equipo de gobierno, la edil de Educación, Julia Llopis (PP), ha recriminado la iniciativa de Compromís y ha abundado en las críticas al Plan Edificant al calificarlo de "sueño" puesto que solo se han pagado 21 millones respecto a los proyectos presupuestados, con lo que ha subrayado que "no se está pagando" su ejecución. De igual modo, ha incidido en que el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) "no incluyó ningún proyecto en el Plan Edificant" y ha acusado a las tres formaciones de la izquierda de "politizar a las familias". Así, ha estimado que sí resultaría necesaria la creación de una comisión, pero en la Conselleria de Educación, para que se pueda precisar "qué se ha hecho con los fondos previstos para ese programa".
El bipartito elude concretar la implantación de la Zona Acústica Saturada en el Centro hasta conocer la decisión del TSJCV sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento frente a la sentencia de primera instancia que ordena su aplicación
En la réplica, Mas ha incidido en que el objetivo del bipartito es bloquear la ejecución de los centros con argumentos como los reparos del interventor y ha reiterado sus críticas por el retraso en la puesta en marcha de la licitación de la redacción de los cinco primeros colegios. Así, ha incidido en que el PP "echa de menos el modelo de Ciegsa" y se ha dirigido directamente al edil y presidente del PPCV, Carlos Mazón, para asegurar que "no llegará a la presidencia de la Generalitat actuando contra la escuela pública". López ha insistido en las condiciones en las que se encuentran centros educativos como los de La Canyada, con clases en barracones. Amorós ha insistido en reprochar al bipartito su "olvido" respecto a los centros educativos de la ciudad y se ha dirigido al portavoz de Vox para reprocharle que trate de "blanquear la vergüenza de Ciegsa". Por último, Llopis ha insistido en que el Plan Edificant "es un mal endémico de la conselleria, que se dedica a externalizar" y que solo se ha dedicado a "adoctrinar" sin asumir sus competencias, que consisten en construir centros.
En el turno de preguntas, el edil de Tráfico, José Ramón González (PP), ha respondido al edil del PSOE, Manuel Martínez, para asegurar que el equipo de gobierno ya prevé promover una modificación de la ordenanza sobre el sistema de estacionamiento regulado para introducir cambios por lo que respecta a la delimitación de plazas que pueden haber quedado suprimidas. González también se ha referido a los compromisos alcanzados con los representantes de los trabajadores municipales sobre la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios, en respuesta a una pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas. En este sentido, ha insistido en que algunos de esos acuerdos prometidos por el alcalde durante la campaña de 2019 ya están cumplimentados y que el desarrollo de la carrera profesional quedará aprobada en el pleno de enero.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha respondido a la pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sobre qué medidas se están adoptando respecto al control de la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad. Santos Pérez ha sostenido, en primer término, que en Alicante ya existe una regulación a través del PGOU y ha avanzado que también se hará un futuro estudio al respecto. No obstante, ha asegurado que el equipo de gobierno no va a frenar ninguna inversión que trate de promover la recuperación de edificios para desarrollar apartamentos turísticos siempre que se ajusten a las condiciones urbanísticas requeridas.
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), también ha respondido al portavoz de Vox, Mario Ortolá, respecto a las perspectivas de implantación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el Centro de la ciudad, en aplicación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante en diciembre de 2019. Al respecto, Villar ha asegurado que habrá que esperar a conocer cuál será la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) respecto al recurso interpuesto por el Ayuntamiento y por los empresarios hosteleros del entorno de la calle Castaños.
En todo caso, ha sostenido que, al margen de cuál sea el sentido de esa resolución judicial, se están elaborando estudios sonométricos para evaluar el nivel de emisiones sonoras en ese ámbito y que "se adoptarán las decisiones que correspondan" a partir de esos datos, en cumplimiento de la normativa que establece que se deben adoptar medidas restrictivas si se superan determinados índices de ruido.
Igualmente, el edil de Movilidad ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de Vox sobre el coste generado por la fallida implantación de la zona azul en Carolinas Altas. En este sentido, González ha sostenido que el coste total ha sido de 163.000 euros, a la espera de la reposición de la situación original, que se estimaría en otros 25.000 euros más.
El equipo de gobierno admite un gasto de 163.000 euros, más una estimación de otros 25.000 euros, por la fallida implantación de la zona azul en Carolinas
González también ha respondido a la pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, durante el pleno de octubre, respecto al tipo de contrato que se formuló a los trabajadores de la Concejalía de Acción Social "para que el 31 de diciembre de este año tengan que cesar". Al respecto, el edil de Recursos Humanos ha apuntado que su contratación se produjo con cargo a una subvención nominativa concedida por la Generalitat, por lo que sus contratos deben quedar extinguidos a fin de año.
El alcalde, Luis Barcala, también ha respondido a una pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, sobre cuándo se preveía reponer la placa conmemorativa situada en el cementerio de Alicante sobre las víctimas del bombardeo franquista de 1936. El primer edil ha asegurado que se restituiría "a la mayor brevedad posible" y ha aprovechado para asegurar que la retirada de esa placa "como otros daños que sufren otros monumentos son actos vandálicos que pretendemos evitar, precisamente, con la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica".
