Las portavoces de Cs y PP, Sánchez y De España, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha presentado una declaración institucional para su debate, en el pleno municipal del miércoles 22 de diciembre en la que insta a la Conselleria de Educación y a la Generalitat Valenciana a "condenar y rechazar" la "campaña de acoso y amenazas dirigida contra el menor de cinco años y su familia en Canet de Mar".
Las portavoces de ambos grupos políticos Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez declaran su "apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia". Al mismo tiempo, reclaman a las instituciones públicas que "velen y garanticen" la integridad y el interés superior del menor, "que debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de sus derechos, conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia". Piden que se aplique lo establecido en el articulado de la Constitución "que afirma que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y usarla".
De España y Sánchez consideran como un caso de "apartheid moderno" lo que está sucediendo con el niño de Canet y su familia, "una situación que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño, y que no debe ser consentido por ningún ciudadano, ni por ninguna institución pública en una democracia como la española".
Las portavoces también exigen la derogación de la Ley del Plurilingüismo del sistema educativo de la Comunidad Valenciana "porque no respeta la voluntad de los padres de los alumnos en relación a la lengua vehicular de preferencia para las enseñanzas de sus hijos. Por tanto, lo que se pretende es la imposición del valenciano en las aulas". Argumentan esa afirmación explicando que dos de cada tres colegios públicos imparten menos del 30% de clases en castellano, teniendo en cuenta un estudio sobre 1.680 centros de la Comunidad.
Sánchez y De España finalizan señalando que "fue el actual gobierno autonómico valenciano el que aprobó esta Ley, tomando como modelo la ley catalana, después de que fracasara en los tribunales su decreto lingüístico por discriminar el castellano. Con su aprobación comenzó el camino de la imposición y de la discriminación del castellano en las aulas, tanto en Alicante como en la Comunidad".
