ALICANTE. El debate sobre el estado de la ciudad celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Alicante volvió a cerrarse en falso, sin que se adoptase ninguna resolución conjunta por la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía que pudiese justificar un intercambio dialéctico de más de tres horas y media de balances de gestión y de diagnósticos críticos. El formato de la sesión plenaria previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) sencillamente no lo permite. No obstante, la sesión sí sirvió al menos para que quedase constancia de que el problema de acceso a la vivienda está en el punto de mira de todas las fuerzas políticas, hasta el punto de centrar buena parte de las propuestas formuladas por sus representantes municipales, como ya ha informado este diario.
El PP optó por anunciar la creación de un bono vivienda joven para facilitar la emancipación de menores de 31 años con una ayuda de 350 euros (además de un cheque bebé de 300 euros para fomentar la natalidad), así como por la inclusión de cerca de 2.000 viviendas protegidas en varios de los planes urbanísticos que se prevé desarrollar en el margen de los próximos tres años.
El PSOE planteó un pacto específico sobre la materia en el que se incluye la reforma del Patronato de Vivienda para que se refuerce su papel como órgano promotor de vivienda pública, además de la introducción de medidas fiscales como la bonificación del 95% del ICIO para las promociones de VPO; ampliar de 3 a 6 años la bonificación del 50% del IBI de las nuevas VPO; un recargo del 30% del IBI a las viviendas vacías para incentivar el mercado del alquiler y solicitar a la Generalitat Valenciana que legisle para bonificar el 95% del IBI de los inmuebles alquilados a familias con renta limitada.
Vox apremió al PP a facilitar la cesión a la Generalitat de todo el suelo patrimonial del que dispone el Ayuntamiento para que pueda licitarse con el propósito de dar pie a la construcción de vivienda protegida, además de sugerir, también, que se promoviese una rebaja fiscal para incentivarla. Y, tras el desenlace del pleno, sus representantes incluso se atribuyeron la autoría de la propuesta del bono vivienda planteada por Barcala, al recordar que plantearon una iniciativa similar en 2022, por la que solicitaban que se crease un fondo de 2,5 millones en ayudas a la emancipación. Compromís solicitó que se acordase la declaración de Alicante como ciudad tensionada para promover la disminución de los precios, que se promoviese la compra de más vivienda pública y que se frenase la concesión de más licencias para más pisos turísticos al considerar que se trata de un elemento que distorsiona el mercado.
Y Esquerra Unida Podem también coincidió en la necesidad de frenar su proliferación para evitar la gentrificación, además de requerir medidas fiscales para favorecer la vivienda de alquiler y movilizar las viviendas que permanecen vacías, como parte del paquete de 15 propuestas de acuerdo concretas que su portavoz municipal, Manolo Copé, garantizó que haría llegar al PP (aunque no las desglosó con detalle en el pleno).
Eso sí, está por ver cuál es el recorrido que puede tener ese conjunto de planteamientos, toda vez que las propuestas quedaron flotando en el aire sin que nadie recogiese el guante para llegar a un posible acuerdo que permitiese implementar aquellas que deben pasar necesariamente por una votación plenaria con respaldo mayoritario. Y ese fue, en realidad, el segundo principal rédito que pudo extraerse de la sesión: como mínimo, sirvió para tomar la temperatura a las relaciones políticas entre las cinco formaciones representadas en la corporación.
Lo cierto es que, en función del sentido de los discursos pronunciados, nada parece augurar un posible entendimiento estable entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. Los populares, con el alcalde, Luis Barcala, al frente, dejaron claro que su intención es desplegar su propia hoja de ruta como partido más votado en las urnas en las elecciones de mayo de 2023 una vez liberado de las ataduras que les ligaron a Ciudadanos (Cs) en el mandato precedente. De hecho, en las intervenciones de Barcala y de la portavoz del PP, Mari Carmen de España, no se atisbó ningún indicio de intento aproximación con Vox, a pesar de que ese ha sido el partido con el que ha mantenido una relación más directa por cercanía ideológica desde el pasado mandato hasta el punto de haber contado con sus votos para apoyar cuatro presupuestos hasta ahora (todos, salvo los de 2023, que no llegaron a debatirse y se optó por la prórroga de los de 2022).
Es más, los mensajes dirigidos al grupo coordinado por Carmen Robledillo fueron duros. De hecho, se apuntó a las sustituciones de cargos y a las dimisiones registrados entre los voxistas en el escenario nacional, así como al impacto que podría tener la ruptura de los pactos autonómicos en el futuro electoral de la formación. Es más, al margen de insinuar ese hipotético retroceso alentado por los movimientos nacionales, también se llegó a advertir de la posibilidad de que los últimos ejemplos en los que Vox se ha posicionado en Alicante junto a los tres partidos progresistas pudiesen pasarles factura entre su electorado. En esa línea, De España llegó a instar a los cuatro ediles de Vox a "aclararse" y decidir "con quién están".
En otras palabras, el PP no trató en ningún momento de restablecer puentes con Vox, quién sabe si con la esperanza de que el escenario político madure y el partido que preside Santiago Abascal pueda tener la misma evolución que Cs. La cuestión es que, además, los populares tampoco dieron síntomas de querer acercarse al resto de partidos, pese a ser sabedores de su situación de minoría en el salón de plenos. Es más, lo apostaron todo a desarrollar su propio proyecto político en el ejercicio de la responsabilidad que, según se interpreta entre sus cuadros, les habría conferido la ciudadanía, para que sean el resto de fuerzas quienes se sumen a su modelo. No es nuevo: el primer edil ha venido argumentando de forma recurrente desde que tomó la vara de mando en 2019 que -gustase o no- el gobierno es quien tiene la potestad de gestionar con su propia receta al haber sumado la confianza mayoritaria del censo electoral.
Eso sí, como mínimo, la batería de propuestas desglosadas por el mismo Barcala sí incluyeron enfoques susceptibles de poder coincidir con los planteamientos promovidos por el conjunto de la izquierda en cuestiones sociales como los mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda; las medidas de refuerzo a la atención a las personas mayores frente a la soledad no deseada; el desarrollo de los primeros planes municipales de salud mental o de conciliación familiar y laboral; o el refuerzo del presupuesto destinado a la Concejalía de Bienestar Social con el fin de incrementar las ayudas a los colectivos vulnerables, por ejemplo.
Eso sí, ese paquete de propuestas continúa sin garantizar que el PP pueda contar con el respaldo de ningún otro partido para aprobar las dos próximas decisiones que estarían centrando el debate político municipal en la actualidad: el incremento de la tasa de residuos (de la que depende el recibo de la basura) y los presupuestos de 2025. Se trata de dos acuerdos que se negocian en paralelo -de hecho, los ingresos a reflejar en las cuentas municipales dependen de la recaudación que se genere con la nueva tasa- y que también se han visto influenciados por la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -en principio, ya pactada con Vox- y por la implantación de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) en el Centro y en el Casco Antiguo (que el PP puede aprobar en Junta de Gobierno, sin necesidad de pasar por pleno).
A la postre, salvo cambio de rumbo improbable, todo parece quedar abocado a que puedan alcanzar posibles pactos puntuales tanto a la derecha como a la izquierda del PP, a pesar de que formaciones como Compromís -con quién los populares pactaron la ordenanza de Ocupación de Vía Pública tras el plante de Vox- también han advertido de que no se puede jugar esa doble carta y que si se pacta con Vox, no se puede coincidir con Compromís.