Los nuevos contenedores para la recogida selectiva del residuo orgánico, de envases y de papel y cartón, en Playa de San Juan. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Los tiempos apremian a no bajar el ritmo en las negociaciones sobre el incremento de los recibos de la basura en Alicante. Tanto es así que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya ha puesto sobre la mesa de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición una primera propuesta alternativa concreta en la que trata de introducir la progresividad fiscal ajustada a los niveles de renta que se venía reclamando hasta ahora desde las filas de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Ese nuevo planteamiento, que se canalizaría como una transaccional a las enmiendas presentadas por esos tres grupos políticos (que el informe técnico de resolución propone desestimar en su totalidad), sugiere una modificación de los coeficientes a aplicar a las viviendas situadas tanto en los tramos más bajos como en los más altos en los que se habría organizado la repercusión del 100% de los costes derivados de la prestación.
En concreto, la nueva fórmula diseñada por el PP supondría rebajar entre un 16 y un 14% el importe de los recibos propuesto inicialmente para los domicilios desde menos de 60 a los de más de 90 metros cuadrados a los que se asigne un valor catastral de menos de 300 euros el metro. De este modo, el importe mínimo quedaría situado en los 69,54 euros frente a los 83,62 recogidos en la propuesta inicial. Esa disminución se traslada en forma de incremento para los domicilios que dispongan de un valor catastral superior a los 500 euros por metro cuadrado que oscilaría entre el 11,5 y el 10,5%. Así, el recibo más alto pasaría de los 131,51 euros a los 145,44, según fuentes consultadas.
Con ello, se trataría de introducir una redistribución acorde al poder adquisitivo de cada propietario para beneficiar a las rentas más bajas y gravar en mayor medida a las más altas, toda vez que se trataría del segmento de población que generaría un mayor volumen de residuos al ser parámetro que quedaría directamente vinculado a la capacidad de consumo.
Por el momento, se trata de un ofrecimiento que ya permanece en fase de estudio. Al menos por lo que respecta a los representantes de Esquerra Unida Podem, que habrían solicitado de forma expresa que se les facilitase el detalle del nuevo planteamiento para poder analizarlo. En principio, según fuentes consultadas, no sería una propuesta cerrada. Más bien lo contrario. De hecho, los populares estarían abiertos a explorar la introducción de nuevos tramos de reparto para la repercusión de la parte del coste del servicio asociada al tratamiento y eliminación (el coste de la recogida es invariable para todos los domicilios) en el que se diferenciase las viviendas de entre 90 y 120 metros cuadrados de superficie y las de 120 a 150 si los grupos de la oposición considerasen que, con ello, se puede favorecer una distribución más equitativa. Esa es, como mínimo, la posición que sustenta Esquerra Unida Podem.
Es más, el equipo de gobierno persiste en que en el articulado de la propuesta de revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos ya se deja constancia de que se trata de un texto vivo que podrá seguir adaptándose en el futuro en momento en el que se dispongan de nuevos elementos que permitan afinar la proporcionalidad de la repercusión de costes tanto al número de residentes por domicilio como a la identificación del número real de apartamentos turísticos existentes en la ciudad, como también requieren los tres grupos progresistas.
Eso sí, por el momento, quedaría descartada la posibilidad de aplicar un mayor incremento en los importes de los recibos que deben abonar los titulares de viviendas turísticas regladas, puesto que ya se les aplica un índice superior al establecido para los hoteles, al quedar equiparados a las viviendas, que pagan una tasa superior. Esa diferenciación entre vivienda (turística o no) y hotel obedecería a una circunstancia puramente estadística: el porcentaje de ocupación anual que alcanzan los establecimientos hoteleros que, según los cálculos manejados por los técnicos municipales a la hora de acordar la distribución de costes, rondaría una media del 68%. Según ese razonamiento, un hotel no podría pagar la misma tasa que una vivienda, que permanece ocupada todo el año y, en consecuencia, genera residuos de forma continua.
En esta línea, lo cierto es que grupos políticos como el de Esquerra Unida Podem ya estarían planteando la posibilidad de que se incorporen parámetros que permitiesen cumplir con el principio de proporcionalidad en el coste por generación de residuos que establece la normativa comunitaria con la introducción de valores como el consumo de agua por domicilio. De algún modo, sería un dato que permitiría concretar que domicilios tienen más residentes, al registrar un mayor consumo de agua. Y, en consecuencia, serían susceptibles de pagar más por la basura al generar, también más residuos.
En todo caso, el equipo de gobierno también continuaría descartando la posibilidad de mantener la zonificación territorial por barrios en la distribución de la tasa por la que sí están abogando otros municipios de la misma provincia de Alicante, como Benidorm, Calp o San Vicente del Raspeig. Fuentes consultadas incidieron en que, al margen de que se haya conocido del registro de impugnaciones de las tasas aprobadas por ayuntamientos en los que se ha mantenido dicha zonificación, ese supuesto impediría que se aplicase cierta proporcionalidad entre nivel de renta, producción de residuos y pago del recibo, ya que podría darse la circunstancia de que en un mismo barrio o sector existiesen viviendas de distinto valor catastral (una de reciente construcción y más metros cuadrados y una vieja, de menor tamaño) y que ambas acabasen pagando la misma tasa.
De ahí que se haya optado por el criterio del valor catastral como indicador objetivo del nivel de renta, sin territorializar, para alcanzar el objetivo de recaudar el 100% del coste del servicio, como establece la normativa. Eso supone que, en algunos casos, el importe de los recibos llegue a cuadruplicarse respecto a la cifra que se venía pagando hasta ahora, aunque los populares sostienen que, en realidad, la nueva tasa supondrá multiplicar por 2,3 la media de los recibos actuales.
¿En qué situación queda, por el momento, el futuro de la tasa? Sigue pendiente de que las negociaciones en curso acaben fructificando gracias al apoyo que resulta imprescindible al menos por parte de un grupo político de la oposición. Hasta ahora, Vox y Compromís ya han descartado toda posibilidad de respaldar el planteamiento formulado por el PP, aunque por distintos motivos.
Los voxistas, por su rechazo a toda medida que pueda estar fundamentada en la necesidad de combatir los efectos del cambio climático. Y Compromís, por discrepar del reparto de costes entre las viviendas (el 82% del total) y las actividades económicas (el 18% restante) que se plantea en la propuesta del equipo de gobierno. Todo, además, en un contexto en el que la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente en los juzgados por un supuesto delito contra el medio ambiente apuntaría la existencia de discrepancias respecto al volumen de toneladas tratadas en la planta, lo que sirve de base para cuantificar el coste de su tratamiento que se debe repercutir con la nueva tasa.
De este modo, las dos opciones que todavía siguen en liza para tratar de alcanzar un acuerdo que permita aprobar la revisión de la tasa son las de PSOE y Esquerra Unida Podem, como se evidenció este martes en el desarrollo de dos encuentros paralelos con sus representantes. Con todo, ninguno de los dos partidos habrían anticipado su intención de facilitar la aprobación de la nueva ordenanza fiscal, que el PP considera clave tanto para evitar posibles penalizaciones y sanciones por parte de la Unión Europea (UE), como para cuadrar los presupuestos municipales de 2025, ya que de la tasa depende el encaje de los ingresos de 25 millones asociados a la prestación del servicio. Y sin la actualización del recibo, no se podrá ingresar los cerca de 16 millones adicionales que ahora se cubren con fondos propios, y que podrían destinarse a otros fines como la mejora de otros servicios o la ejecución de inversiones.
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