Una de las 'islas' de los nuevos contenedores distribuidos en Alicante tras la renovación de la contrata del servicio de recogida de residuos.ALICANTE. El pulso político sobre la subida de los recibos de la basura sigue vivo en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), pretende intensificar los contactos con el conjunto de los grupos de la oposición que estén dispuestos a negociar sobre las condiciones de ese incremento con el propósito de que la revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos pueda aprobarse en pleno.
Para ello, los populares -que gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29- necesitan del apoyo o la abstención de uno de las cuatro formaciones opositoras: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y prevén seguir manteniendo contactos con sus representantes en busca de un acercamiento, a pesar de que los técnicos del departamento de Hacienda hayan emitido un informe de resolución de enmiendas en el que se propone el rechazo de todas las sugerencias aportadas por los tres grupos que conforman el eje progresista: los tres que formularon propuestas.
A grandes rasgos, el dictamen técnico justifica la desestimación de las sugerencias formuladas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con un argumento similar: que las variaciones propuestas en forma de bonificaciones o de redistribución de tramos suponen un descuadre respecto a los costes del servicio reflejados en la memoria económica elaborada por el Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. Y ello sin que se añada un nuevo cálculo en el que se acredite el equilibrio entre recaudación y costes al que se debe dar cumplimiento con la revisión de la tasa para cumplir con la normativa. En otros casos, se concluye que, sencillamente, los planteamientos formulados no tienen encaje legal, como la posibilidad de gravar a los propietarios de más de una vivienda, por ejemplo.
No obstante, el equipo de gobierno prevé obviar las conclusiones de ese informe técnico en la medida de lo posible, toda vez que se trata de recomendaciones que, en último término, quedan bajo criterio político. Es decir, que el PP está dispuesto a no tener en cuenta la propuesta de los técnicos para incorporar algunos de los planteamientos formulados por la izquierda. Sobre todo, en puntos que tengan que ver con la introducción de una mejora en la progresividad de los recibos ajustada al nivel de renta.
Lo cierto es que no sería la primera ocasión en la que el PP opta por hacer caso omiso de las recomendaciones técnicas. Ha sucedido respecto a la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en la que no se ha tenido en cuenta la propuesta formulada por los técnicos del departamento de Tráfico en enero para que el alcance de las limitaciones de acceso a residentes se extendiese hasta el conjunto del Centro Tradicional, y no solo al Casco Antiguo. Es más, el ejemplo más reciente de esa desatención política respecto a las propuestas técnicas se produjo, de hecho, este mismo lunes, en el desarrollo de la comisión de Presidencia en la que se emitió un dictamen favorable a la ordenanza reguladora de la ZBE concertada con Vox. En ese trance, no se tuvo en cuenta la admisión de la enmienda planteada por el PSOE por la que se instaba a promover la revisión de dicha regulación a los tres años de la implantación de la ZBE y, después, con una periodicidad cuatrienal. Se trataba de una sugerencia que el informe técnico de resolución de enmiendas proponía incorporar a la ordenanza.
No obstante, Vox solicitó que no se estimase al plantear que el acuerdo alcanzado con el PP en enero no preveía actualizaciones en la regulación de la ZBE, sino que debía tener un carácter permanente para que no se introdujesen restricciones y sanciones adicionales a las que ya rigen en el caso del Casco Antiguo en el futuro. Y el PP admitió esa posición para poder sacar adelante el texto de la normativa, sabedor de que la actualización de la ordenanza deberá llevarse a cabo de manera obligatoria, al quedar recogida como requisito expreso en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE.
Dicho de otro modo: los populares tiraron de pragmatismo para poder sumar los votos necesarios para que la ordenanza quede aprobada en cuanto llegue a debate en pleno (previsiblemente, antes de la sesión ordinaria de octubre), al ser conscientes de que, posiblemente, también tengan que volver a jugar la carta de Vox para poder aprobar el presupuesto de 2025. De ahí que también se esté acelerando el ritmo para cumplir con todos los compromisos adquiridos en el pacto presupuestario alcanzado en enero de este año con el propósito de no cerrar la puerta del partido de Santiago Abascal a la hora de negociar las cuentas del próximo ejercicio.
De ahí que el PP se vea abocado también a recurrir a ese pragmatismo a la hora de buscar acuerdos con los tres partidos que conforman el eje progresista que permitan aprobar bien el incremento de la tasa de residuos o, incluso, los mismos presupuestos. En esta línea, al margen de la reunión previa ya desarrollada con Compromís, esos intentos de aproximación respecto a la tasa de residuos se pudieron evidenciar este mismo martes con el desarrollo de sendas reuniones con representantes del PSOE y de Esquerra Unida Podem (con quien ya se había producido tanteos previos para aclarar el contenido de sus enmiendas). En esas dos citas, los populares explicaron los motivos que habían propiciado el rechazo de todas las enmiendas presentadas. Y, lo cierto es que concluyeron sin que se produjesen avances significativos, a pesar de los representantes del PP contemplaron la posibilidad de abordar cambios para favorecer una mayor progresividad fiscal.
Al término del primer encuentro concertado con el PSOE, fue el edil Raúl Ruiz insistió en que la posición del grupo socialista sigue siendo la misma: que la ordenanza debe ser redistributiva para ahorrar al menos un 20% de costes a las viviendas más modestas, y para que pague más quien tiene casas de mayor valor. "Avanzar hacia una fiscalidad progresiva es el objetivo. Se debe redistribuir el recibo aplicando como parámetros el tamaño y el valor catastral de los inmuebles. No se puede aplicar una subida generalizada a todas las familias de Alicante por igual. Es necesario avanzar hacia una fiscalidad que beneficie a las clases medias y trabajadoras. Debemos proteger a la población más vulnerable y esa es una línea roja del grupo socialista", apuntó.
"Es inaceptable que señalen que las enmiendas son rechazadas porque modifican el balance económico que recoge la propuesta de ordenanza. Es una obviedad que toda enmienda que se presenta a una ordenanza fiscal genera cambios, pero el balance que proponemos nunca es deficitario, es decir, que permite que la ciudadanía afronte el coste total del servicio, como exige Europa. La clave está en la redistribución para que la tasa sea más justa", añadió el concejal.
Así que, por el momento, no se atisba ningún entendimiento con el PSOE, a lo que se añade el rechazo de Compromís que, fundamentalmente, sigue requiriendo que se produzca una redistribución de costes entre los que se repercute a las viviendas de particulares (en torno al 80%) frente al que se atribuye a las actividades económicas (el 20%) restante. Además, también reclama que se grave en una mayor proporción a los apartamentos turísticos, entre otros puntos.
En este sentido, su portavoz municipal, Rafa Mas, señaló también este martes que "la negociación de presupuestos debe ir en paralelo a la tasa basuras. Están en juego 15 millones y no estar expuestos a multas", en alusión al incremento de la recaudación que resulta necesaria para equiparar costes del servicio de recogida y eliminación de residuos, y a las posibles sanciones que podrían recaer sobre el Ayuntamiento en el caso de que no se produjese la actualización de la tasa. En este sentido, señaló que "creemos que el rechazo a las enmiendas" respecto a la revisión de la tasa de residuos planteada en el informe técnico de resolución de esas aportaciones "responde a la cesión de Barcala a los caprichos de los ultras de Vox y a tener pactado el presupuesto 2025". Así, insistió en que, en las condiciones actuales, la tasa planteada por el PP "va a perjudicar a la ciudadanía". "No entendemos cómo el coste del servicio recaerá en un 82 % de sobre las viviendas y solo el 18% sobre el sector económico", señaló.
¿Cuál fue el balance del segundo encuentro entre el PP y Esquerra Unida Podem de este martes? Básicamente, se cerró con un desenlace similar al registrado en la reunión con el PSOE. Cuando menos, el portavoz de la coalición, Manolo Copé, apuntó que los representantes del PP le habían trasladado que "están valorando la posibilidad de trasladar la progresividad de la tasa que solicitábamos para que pague más quien más posibilidades tiene. Les hemos pedido que nos concreten la propuesta, y en cuanto la recibamos la valoraremos".
Por ello, insistió en que su formación no secundará ninguna revisión de la tasa de residuos que no introduzca criterios equilibrados que permitan aplicar una progresividad fiscal encaminada a que "pague más quien más tenga y quien más residuos genere". "Hasta que no tengamos la propuesta que nos garantice la proporcionalidad de todas las viviendas no podemos valorarla para saber el impacto real que supondrá", añadió. "Una vez la tengamos podremos ver si realmente existe esa proporcionalidad y no se grava como ahora habían planteado", concluyó.
Sea como fuere, sí parece completamente descartada la posibilidad de que el PP pueda sumar a Vox para sacar adelante la revisión de la tasa. De hecho, los ediles voxistas, Juan Utrera y Óscar Castillo, reiteraron la posición que viene planteando su partido: rechazo a todo incremento de tasas que, a su juicio, venga motivado por el "fundamentalismo climático".
