Una de las 'islas' de los nuevos contenedores distribuidos en Alicante tras la renovación de la contrata del servicio de recogida de residuos.ALICANTE. El pulso político sobre la subida de los recibos de la basura sigue vivo en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), pretende intensificar los contactos con el conjunto de los grupos de la oposición que estén dispuestos a negociar sobre las condiciones de ese incremento con el propósito de que la revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos pueda aprobarse en pleno.
Para ello, los populares -que gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29- necesitan del apoyo o la abstención de uno de las cuatro formaciones opositoras: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y prevén seguir manteniendo contactos con sus representantes en busca de un acercamiento, a pesar de que los técnicos del departamento de Hacienda hayan emitido un informe de resolución de enmiendas en el que se propone el rechazo de todas las sugerencias aportadas por los tres grupos que conforman el eje progresista: los tres que formularon propuestas.
A grandes rasgos, el dictamen técnico justifica la desestimación de las sugerencias formuladas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con un argumento similar: que las variaciones propuestas en forma de bonificaciones o de redistribución de tramos suponen un descuadre respecto a los costes del servicio reflejados en la memoria económica elaborada por el Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. Y ello sin que se añada un nuevo cálculo en el que se acredite el equilibrio entre recaudación y costes al que se debe dar cumplimiento con la revisión de la tasa para cumplir con la normativa. En otros casos, se concluye que, sencillamente, los planteamientos formulados no tienen encaje legal, como la posibilidad de gravar a los propietarios de más de una vivienda, por ejemplo.
No obstante, el equipo de gobierno prevé obviar las conclusiones de ese informe técnico en la medida de lo posible, toda vez que se trata de recomendaciones que, en último término, quedan bajo criterio político. Es decir, que el PP está dispuesto a no tener en cuenta la propuesta de los técnicos para incorporar algunos de los planteamientos formulados por la izquierda. Sobre todo, en puntos que tengan que ver con la introducción de una mejora en la progresividad de los recibos ajustada al nivel de renta.
Lo cierto es que no sería la primera ocasión en la que el PP opta por hacer caso omiso de las recomendaciones técnicas. El ejemplo más reciente se produjo, de hecho, este mismo lunes, en el desarrollo de la comisión de Presidencia en la que se emitió un dictamen favorable a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) concertada con Vox. En ese trance, no se tuvo en cuenta la admisión de la enmienda planteada por el PSOE por la que se instaba a promover la revisión de la propia ordenanza a los tres años de la implantación de la ZBE y, después, con una periodicidad cuatrienal. Se trataba de una sugerencia que el informe técnico proponía incorporar a la ordenanza.
No obstante, Vox solicitó que no se estimase al plantear que el acuerdo alcanzado con el PP en enero no preveía actualizaciones en la regulación de la ZBE, sino que debía tener un carácter permanente para que no se introdujesen restricciones y sanciones adicionales a las que ya rigen en el caso del Casco Antiguo. Y el PP admitió esa posición para poder sacar adelante el texto de la normativa, a pesar de que, en el futuro, la actualización de la ordenanza deberá llevarse a cabo de manera obligatoria al quedar recogida como requisito expreso en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE.
Dicho de otro modo: los populares tiraron de pragmatismo para sumar los votos necesarios en cuanto la ordenanza llegue a debate en pleno (previsiblemente, antes de la sesión ordinaria de octubre), al ser conscientes de que, posiblemente, también tengan que volver a jugar la carta de Vox para poder aprobar el presupuesto de 2025. De ahí que se esté acelerando el ritmo para cumplir con todos los compromisos adquiridos en el pacto presupuestario alcanzado en enero de este año.
De ahí que el PP se vea abocado también a recurrir a ese pragmatismo a la hora de buscar acuerdos con los tres partidos que conforman el eje progresista que permitan aprobar el incremento de la tasa de residuos. En esta línea, al margen de la reunión previa ya desarrollada con Compromís, y de algunos tanteos sobre el contenido de las enmiendas presentadas por Esquerra Unida Podem, esos intentos de aproximación se pudieron evidenciar este mismo martes con el desarrollo de otra reunión con representantes del PSOE. En esa cita, los populares explicaron los motivos que habían propiciado el rechazo de las enmiendas. Y, lo cierto es que concluyó sin que se produjesen avancen significativos, en función de las valoraciones ofrecidas a su conclusión.
En esta línea, el edil socialista Raúl Ruiz insistió en que la posición del PSOE sigue siendo la misma: que la ordenanza debe ser redistributiva para ahorrar al menos un 20% de costes a las viviendas más modestas, y para que pague más quien tiene casas de mayor valor. "Avanzar hacia una fiscalidad progresiva es el objetivo. Se debe redistribuir el recibo aplicando como parámetros el tamaño y el valor catastral de los inmuebles. No se puede aplicar una subida generalizada a todas las familias de Alicante por igual. Es necesario avanzar hacia una fiscalidad que beneficie a las clases medias y trabajadoras. Debemos proteger a la población más vulnerable y esa es una línea roja del grupo socialista", apuntó.
"Es inaceptable que señalen que las enmiendas son rechazadas porque modifican el balance económico que recoge la propuesta de ordenanza. Es una obviedad que toda enmienda que se presenta a una ordenanza fiscal genera cambios, pero el balance que proponemos nunca es deficitario, es decir, que permite que la ciudadanía afronte el coste total del servicio, como exige Europa. La clave está en la redistribución para que la tasa sea más justa", añadió el concejal.
Así que, por el momento, no se atisba ningún entendimiento con el PSOE, a lo que se añade el rechazo de Compromís que, fundamentalmente, sigue requiriendo que se produzca una redistribución de costes entre los que se repercute a las viviendas de particulares (en torno al 80%) frente al que se atribuye a las actividades económicas (el 20%) restante. Además, también reclama que se grave en una mayor proporción a los apartamentos turísticos, entre otros puntos.
En este sentido, su portavoz municipal, Rafa Mas, señaló que "la negociación de presupuestos debe ir en paralelo a la tasa basuras. Están en juego 15 millones y no estar expuestos a multas", en alusión al incremento de la recaudación que resulta necesaria para equiparar costes del servicio de recogida y eliminación de residuos y a las posibles sanciones que podrían recaer sobre el Ayuntamiento en el caso de que no se produjese la actualización de la tasa. Así, señaló que "creemos que el rechazo a las enmiendas responde a la cesión de Barcala a los caprichos de los ultras de Vox y tener pactado el presupuesto 2025. Una tasa que va a perjudicar a la ciudadanía. No entendemos cómo el coste del servicio recaerá en un 82 % de sobre las viviendas y solo el 18% sobre el sector económico", señaló.
En todo caso, el PP también mantuvo este martes un segundo encuentro con el grupo municipal de Esquerra Unida Podem con un desenlace similar al registrado en la reunión con el PSOE. En esta línea, el portavoz de la coalición, Manolo Copé, apuntó que los representantes del PP "nos han trasladado que están valorando la posibilidad de trasladar la progresividad de la tasa que solicitábamos para que pague más quien más posibilidades tiene. Les hemos pedido que nos concreten la propuesta, y en cuanto la recibamos la valoraremos". Por ello, insistió en que su formación no secundará ninguna revisión de la tasa de residuos que no introduzca criterios equilibrados que permitan aplicar una progresividad fiscal encaminada a que "pague más quien más tenga y quien más residuos genere". "Hasta que no tengamos la propuesta que nos garantice la proporcionalidad de todas las viviendas no podemos valorarla para saber el impacto real que supondrá", añadió. "Una vez la tengamos podremos ver si realmente existe esa proporcionalidad y no se grava como ahora habían planteado", concluyó.
Por último, los ediles de Vox, Juan Utrera y Óscar Castillo, reiteraron la posición que viene planteando su partido: rechazo a todo incremento de tasas que, a su juicio, venga motivado por el "fundamentalismo climático". Esa posición descartaría a los voxistas de toda ecuación para pactar el incremento del recibo de la basura.
