ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto solo por el Partido Popular (PP) en situación de minoría (14 concejales de 29), estrena el mandato 2023-2027 con pista libre para sacar adelante una nueva propuesta de modificación presupuestaria sobre las cuentas prorrogadas de 2022 -la tercera- con el respaldo de los cuatro concejales de Vox, la abstención de PSOE y Compromís y el voto en contra de Esquerra Unida Podem: 17 votos a favor, 10 abstenciones y un voto en contra (la misma votación registrada en la comisión de Hacienda). El ajuste presupuestario, que asciende a 48,7 millones, trata de proveer fondos para cubrir gastos comprometidos relacionados con la factura energética, el incremento salarial de los funcionarios municipales, la bonificación del transporte público en autobús (también la gratuidad para menores de 31 años) y pagos vinculados a distintas contratas municipales, además de la ampliación del contrato de mantenimiento de zonas verdes y la distribución de un nuevo paquete de ayudas a pymes y autónomos por valor de más de 3 millones.
Ahora, esa modificación presupuestaria queda sujeta a su exposición pública para la presentación de alegaciones antes de que pueda entrar en vigor, mientras ya se prepara un próximo ajuste presupuestario (el cuarto) con el fin de atender medidas como la puesta en marcha de nuevas ediciones del bono comercio y del bono gastronómico, con las que se pretende compensar posibles perjuicios a los sectores económicos afectados por la ejecución de las obras de reurbanización y calmado del tráfico del Centro y de otras zonas de la ciudad.
El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha defendido la iniciativa al subrayar la necesidad de atender esas obligaciones comprometidas y la conveniencia de incorporar tanto la bonificación al transporte público en autobús como la inclusión de ayudas a pymes y autónomos.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha incidido en que la modificación deriva de un presupuesto prorrogado "por la incapacidad de llegar a acuerdos" para sacar adelante un presupuesto nuevo para el presente ejercicio. Y aunque ha reconocido la necesidad de atender gastos comprometidos, ha anticipado su voto en contra al subrayar que la propuesta no incluye fondos para el desarrollo de la carrera profesional y que se sigue apostando por la contratación de trabajos externos en lugar de apostar por "el personal de la casa" en asuntos como la certificación de proyectos.
Al tiempo, ha aprovechado su intervención para afear al equipo de gobierno las conclusiones recogidas en el informe de liquidación del presupuesto de 2022 para criticar "la falta de transparencia" a la que se alude en ese dictamen emitido por el departamento de Intervención, así como a la baja ejecución presupuestaria, del 62% respecto a los gastos previstos.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, ha anticipado su abstención "para no bloquear" el funcionamiento municipal, como ya sucedió con las dos modificaciones presupuestarias precedentes. Además, ha considerado necesario atender obligaciones comprometidas, aunque ha criticado que, a su juicio, no se hayan adoptado medidas para reducir la factura energética y ha incidido en su intención de fiscalizar "cada euro que se destine a pagar a las empresas de Enrique Ortiz", en alusión al dinero destinado al servicio de limpieza viaria y gestión de residuos. Por último, también se ha extendido en la crítica sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 2022 y sobre la incapacidad del equipo de gobierno de plantear un presupuesto nuevo para 2023.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha defendido su voto favorable a la propuesta al considerar que se trata de atender gastos comprometidos y que "no se incluye la dotación de fondos para la ejecución de los proyectos de la Zona de Bajas Emisiones". Es decir, uno de los motivos que llevó a Vox a oponerse a la propuesta de presupuesto para 2023.
Por el PSOE, la edil Silvia Castell, ha sido especialmente dura al considerar que la propuesta de ajuste contable adolece de falta de planificación, también apuntada en el informe de liquidación del presupuesto de 2022, al argumentar que se plantea la inclusión de fondos que no quedaron contemplados en la propuesta de presupuesto fallido trazado para el ejercicio de 2023, como los fondos para la equipación de instalaciones culturales, los destinados a la adecuación del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá como sede provisional de la escuela infantil municipal Siete Enanitos, o el nuevo paquete de ayudas a pymes y autónomos "que no se incorporaron en la segunda modificación de crédito" en la que sí se tuvieron en cuenta las subvenciones nominativas. Con todo, pese a considerar que se trata de una modificación no planificada, insuficiente e improvisada, también ha anticipado la abstención de su grupo por responsabilidad.
En la réplica, Copé ha insistido en referirse al informe de liquidación del presupuesto de 2022 para pedir celeridad y eficacia en la gestión de las cuentas, tras recordar la devolución de más de 450.000 euros asignadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la organización de escuelas de verano. Mas también ha instado al edil de Hacienda a "hacer caso al interventor" en alusión a la falta de ejecución de las previsiones de 2022, a la devolución de subvenciones, o a la falta de planificación. "No han gestionado bien, no saben gestionar", ha señalado. Castell también ha subrayado la devolución de subvenciones o de la situación de las bibliotecas municipales, "con solo tres horas de funcionamiento", o de las instalaciones deportivas, por ejemplo.
El edil de Hacienda, Toni Gallego, durante su intervención en el pleno. Foto: PEPE OLIVARESPor último, Gallego ha cerrado el debate para señalar que las subvenciones devueltas "eran imposibles de ejecutar" porque resultaba imposible cumplir con los tiempos administrativos previstos. De igual modo, ha señalado que en la propuesta de modificación se incluyen las previsiones recogidas en la propuesta de presupuesto de 2023 que no llegaron a debatirse en pleno por falta de apoyo de los grupos opositores. Así, le ha emplazado y les ha tendido la mano para poder consensuar el nuevo presupuesto de 2024, en el que ya trabaja el equipo de gobierno, y que pueda entrar en vigor "en tiempo y forma".
En el pleno también se ha aprobado la concesión de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada para los ediles de Vox Carmen Robledillo y Óscar Castillo, que percibirán retribuciones por su labor como concejales en régimen de dedicación parcial. Las dos propuestas han quedado aprobadas por unanimidad. De igual modo, también se ha aprobado la propuesta de la Alcaldía para acordar el traslado de la reliquia de la Santa Faz con ocasión de la celebración del 375 aniversario de la curación de una epidemia de peste tras la procesión de la Santa Faz y la Virgen del Remedio y del 25 aniversario de la coronación de nuestra Patrona, por el que se designa a la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, como síndica.
La sesión se ha iniciado, como viene siendo habitual, con tres minutos de silencio en señal de repulsa por la violencia de género tras el repaso de las 14 víctimas mortales registradas desde la celebración del último pleno ordinario precedente, en abril, lo que eleva 28 el total de víctimas registrado en los siete primeros meses de 2023.
Con todo, al margen del acuerdo central de la modificación presupuestaria, durante la primera sesión del mandato también se ha debatido sobre otras decisiones de calado, como el desarrollo simultáneo de las obras de mejora peatonal y calmado del tráfico asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a partir de cuatro iniciativas distintas. Entre ellas, la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, a petición del PSOE, en la que ha justificado la realización de esos trabajos de forma paralela durante los meses de verano tras argumentar que esa decisión de adoptó siguiendo los informes técnicos.
También se ha rechazado la creación de una comisión de seguimiento sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, y se ha dado cuenta del balance de las denuncias impuestas al aplicar la polémica ordenanza de convivencia cívica, aprobada en febrero de 2022. Todo en una sesión marcada por la coincidencia en las posiciones de voto del PP y Vox en todos los asuntos que han requerido de votación, en sintonía con lo que ya venía sucediendo en el mandato precedente, salvo en cuestiones concretas como los proyectos de implantación de la ya citada ZBE, por ejemplo.
