El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a los concejales de su equipo de gobierno, tras el pleno de toma de posesión. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Llega la hora. El equipo de gobierno de Alicante, compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario tras las elecciones del 28M, pulsa el botón para plantear la tercera modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 -después de haber salvado las inversiones europeas y la distribución de las ayudas nominativas- para incorporar ahora otros 47,2 millones de sus remanentes (ahorros heredados de ejercicios precedentes) para atender gastos pendientes.
Entre ellos, destacan los 13,3 millones que resultan necesarios para cubrir la factura de la luz, adicionales a los 7 que ya se recogieron en las cuentas de 2022. Con ello, se alcanzarían los 20 millones que se llegaron a incluir en la propuesta de presupuesto nuevo para 2023 que no llegó a someterse a votación en pleno por falta de apoyos ante el plante de los cuatro grupos que ejercían funciones de oposición hasta el pasado mayo: PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox.
A priori, todo parece indicar que este nuevo ajuste contable -que se elevará a votación en comisión de Hacienda este jueves y a pleno, una semana después- si podría prosperar gracias a la abstención de alguna de las cuatro formaciones opositoras actuales: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Como mínimo, fuentes consultadas precisaron que no habría demasiado margen para votar en contra toda vez que la propuesta incluye aspectos de puro funcionamiento interno: gasto corriente como el citado consumo de electricidad o para afrontar pagos derivados de distintas contratos de servicios municipales, por importe de otros 3 millones, a los que se suman otros 3,5 millones por la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos.
Pero, además, en la propuesta de modificación de crédito se incluyen otros 6,5 millones para financiar la gratuidad del servicio de transporte público en autobús para menores de 31 años como complemento a la propuesta planteada por el Consell del Botànic, así como otros 3,8 millones en el pago de nóminas de los trabajadores municipales para cubrir el incremento salarial acordado por el Gobierno central.
De igual modo, se contemplan otros 5,5 millones para saldar operaciones pendientes arrastradas desde el año 2021; 2,4 millones más para afrontar distintas actuaciones de mantenimiento en infraestructuras educativas (colegios) y 2,5 en infraestructuras deportivas. El grueso de las partidas a incorporar (o suplementar, en función de cada caso) en las cuentas prorrogadas se completa con otros 2,9 millones destinados a la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local y para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) -para lo que se contará con una aportación de 1,5 millones del Consorcio Provincial de Bomberos- y con otros 1,4 millones destinados al Patronato de Vivienda que deben destinarse a los proyectos de edificios de viviendas de la calle Ceuta y de Catedrático Soler.
En todo caso, esa tercera modificación de crédito podría no ser la última. El equipo de gobierno estaría sopesando la posibilidad de promover un cuarto ajuste contable para el próximo mes de septiembre con el fin de poder atender otros gastos de necesaria cobertura antes de que concluya el año en curso.
Se trataría de una situación generada ante la ausencia de un presupuesto actualizado adaptado al contexto de 2023 que podría volver a forzar al PP a solicitar el apoyo de los partidos opositores para tener capacidad de maniobra desde el punto de vista del uso de los recursos económicos municipales. Todo sin que se atisben expectativas de que se pueda abrir una hipotética fase de negociación que permita a PSOE, Vox, Compromís o Esquerra Unida Podem incorporar propuestas de inversiones, ya que no existiría tiempo material para poder abordarlas en un plazo de solo tres meses, antes de que concluya 2023. De hecho, esa opción no se llegó a plantear tampoco en la reunión informativa sobre esta tercera modificación de crédito celebrada con los grupos de la oposición este lunes que, de aprobarse, acabaría entrando en vigor a finales de agosto.
