El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Limpieza, Manuel Villar, junto a los nuevos vehículos incorporados al servicio de recogida de residuos.ALICANTE. Los plazos y el reparto de escaños en el salón de plenos obligan al equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), a buscar el acercamiento político con los grupos que conforman la oposición para poder aprobar la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos: la que determina el importe de los recibos de la basura.
Esas aproximaciones se han producido ya tanto con los representantes de Esquerra Unida Podem, como con Compromís (en este último caso, este miércoles) a partir de sendos encuentros con el concejal de Hacienda, Toni Gallego, con el vicealcalde, Manuel Villar, y con técnicos municipales para abordar el sentido de sus enmiendas. Y, aunque todavía no se habría constatado ningún entendimiento definitivo que allane la aprobación de la propuesta diseñada por el PP, como mínimo sí parece haberse conversado sobre dos planteamientos concretos en busca de abstenciones o votos favorables.
El primero de ellos consistiría en la posibilidad de abrir la determinación de la tasa a una mayor progresividad para incrementar el coeficiente que abonarían los ciudadanos con mayor poder adquisitivo mediante el establecimiento de nuevos tramos para la repercusión de la tasa en el criterio asociado al valor catastral de la vivienda.
Con esa lógica, los domicilios de menor superficie y valor catastral podrían ver reducido el índice de reparto de la parte de la tasa con la que se cubre el coste del servicio de tratamiento, de modo que esa disminución (de un 0,80 podría pasarse a un 0,70) se traduciría en un incremento proporcional para los domicilios de mayor tamaño y valoración catastral (a los que se podría aplicar un coeficiente de un 1,30). Eso sí, la atribución del coste derivado del servicio de recogida seguiría siendo fijo e igualitario para todos los domicilios.
El segundo planteamiento con el que se trataría de sumar respaldos a la nueva tasa consistiría en reforzar su condición de ordenanza variable, abierta a adaptaciones en el futuro, en el momento en el que pueda disponerse de datos estadísticos oficiales que permitan amoldar los importes de los recibos a aspectos como el volumen de residuos generados por cada domicilio.
O, incluso, la posibilidad de gravar en un porcentaje mayor a los pisos turísticos en el momento en el que se disponga de un censo fiable sobre su número y emplazamiento concreto como para que pueda producirse ese tratamiento diferenciado que reclaman los tres grupos del eje progresista a través de sus respectivas enmiendas a la tasa.
Eso sí, según fuentes consultadas, no se contempla la hipótesis de reformular el cálculo de repercusión entre domicilios y los titulares de actividades económicas, como planteaba el grupo municipal de Compromís al advertir de posibles errores en su distribución, ya que el reparto en el que se habría basado la propuesta se ciñe a las estadísticas oficiales del INE sobre generación de residuos, sin que, según los técnicos, puedan resultar admisibles los baremos utilizados por la FEMP a los que apunta Compromís.
Está por ver cuál puede ser el grado de aceptación que pueda tener entre el conjunto de los grupos de la oposición esas dos apreciaciones planteadas por el PP hasta ahora para abrir su propuesta inicial a posibles modificaciones: ahora y a futuro. En todo caso, el equipo de gobierno prevé mantener la vía de la negociación para despejar el futuro de la ordenanza con la intención de que pueda quedar aprobada este mes de octubre, ya que, de lo contrario, no podrá tener eficacia en el plazo establecido por normativa: enero de 2025.
Así que la hoja de ruta del PP pasa por elevar la propuesta a votación este mes sea cual sea la posición que decidan mantener las cuatro formaciones opositoras: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Los populares sostienen que, de no aprobarse, serán los representantes de cada una de esas siglas las que deban justificar por qué exponen al ayuntamiento a la aplicación de posibles penalizaciones por incumplimiento del plazo legal para ajustar el importe global de la recaudación al coste real del servicio.
Por el momento, Vox ya ha descartado toda posibilidad de apoyar esa nueva tasa, al no compartir el planteamiento de la normativa comunitaria que impone la equiparación de costes, además de rechazar la subida planteada, que va a suponer que el importe de los recibos llegue a cuadruplicarse en algunos casos. Por su parte, las tres fuerzas del eje progresista han criticado los términos de la propuesta planteada por el PP al considerar que no se han introducido criterios de progresividad suficientes y que penaliza a las rentas más bajas.
Entre tanto, el PP persiste en su argumentario y defiende que el incremento de la tasa no se aplica por voluntad política, sino por obligación legal; que, a la postre, supondrá multiplicar por una media de 2,3 el importe de los recibos que se pagan en la actualidad, aunque en algunos casos sí se cuadruplique; y que, pese a todo, la nueva tasa seguirá siendo una de las más bajas de cuantas se están planteando en el conjunto de los ayuntamientos al aplicar esa equiparación de costes que plantea la Unión Europea.
No obstante, esa posición no ha impedido que formaciones como Compromís insistan en sus reivindicaciones. De hecho, en el encuentro celebrado este miércoles, la coalición valencianista insistió en solicitar una reformulación fiscal, de modo que se aplique una reducción del IBI como contrapeso al incremento del recibo de la basura y que las cuantías de los recibos del impuesto y de la tasa sean progresivas. Además, también reclamó la aplicación de una tasa turística, a pesar de que su establecimiento no sería viable después de que el Consell compuesto por PP y Vox derogase la normativa autonómica que la amparaba a su llegada al poder, en julio de 2023.
En esta línea, su portavoz municipal, Rafa Mas, señaló que "al Partido Popular le hemos dejado bien claro que no queremos hacerles perder el tiempo, ni tampoco perder el nuestro". "Queremos que nos aclaren lo siguiente: primero, por qué el 82% de la factura de los 25 millones de euros recae en los domicilios y solo el 18% entre los sectores económicos. No se entiende, cuando la generación de residuos es igual o mayor en el sector económico", apuntó. "Segundo, que quién contamine más que pague más, y quién contamine menos y menos tenga pague menos; es decir, una bajada progresiva según contamines y según tus rentas", añadió.
"Tercero, aplicar la tasa turística en el 2026, ya que los turistas tienen que aportar para el mantenimiento de los servicios públicos y también pagar ese coste de la factura de la gestión de las basuras y de la recogida", detalló. Y, en cuarto y último lugar, exigió "explicaciones sobre qué está pasando con la gestión de los residuos en el centro de tratamiento" de Fontcalent, a la vista de la denuncia presentada por la Fiscalía, ya que, según señaló, se estaría poniendo en duda el volumen de toneladas tratadas "y eso es lo que sirve de base para distribuir el reparto de costes del servicio", concluyó.
