Ortiz presenta la mejor oferta y toma ventaja para renovar en la limpieza de la Diputación

ALICANTE. El controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz, procesado en el Caso Brugal por amañar el fallido Plan General (PGOU) de Alicante, se perfila como el próximo adjudicatario de la millonaria contrata de limpieza de edificios públicos de la Diputación provincial que preside el popular César Sánchez. Según la documentación a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, la oferta presentada por la UTE Hormigones Tizor y Enrique Ortiz e Hijos (ambas empresas propiedad del constructor) ha presentado la mejor oferta económica para renovar la contrata, que viene prestando desde que la adjudicó por primera vez en 2010.

Como ha venido contando Alicante Plaza, la Diputación sacó a concurso en abril la última gran contrata que presta Ortiz en solitario, puesto que perdió la de la Universidad de Alicante a finales del pasado año, renunció a la de colegios y dependencias municipales, y en la UTE de la recogida de residuos ya no tiene la mayoría. Hasta doce empresas se postularon para hacerse con el servicio, entre ellos 'gigantes' del sector y habituales de este tipo de licitaciones, lo que elevó el nivel habitual de competencia. No obstante, la Diputación descartó a dos empresas por defectos de forma en sus ofertas en el primer momento, y luego a otras tres por el mismo motivo en la apertura de la primera plica. De este modo, la competencia se redujo a siete firmas, entre las que figuraba la UTE de Ortiz.

Ahora, con la apertura del sobre con la oferta económica, la propuesta del controvertido constructor alicantino se ha revelado como la más ventajosa para la Diputación. La institución provincial licitó el servicio para los dos próximos años por 9,14 millones de euros. Sin embargo, Ortiz se ofrece a prestar el servicio por solo 7,87 millones.  Una oferta que mejora sensiblemente la de su máximo competidor por hacerse con la contrata, la multinacional FCC (propiedad del magnate mejicano Carlos Slim). La empresa que en su día impulsaron las hermanas Koplowitz, curiosamente socia de Ortiz en la UTE de la recogida de residuos municipal, ha presentado una oferta que también rebaja el precio de partida de la licitación, pero no tanto: 8,2 millones de euros.

En realidad, la segunda mejor oferta económica ha sido de OHL, 'repescada' por la Diputación tras subsanar los defectos de forma detectados en su primera documentación. La empresa de los Villar-Mir, que en el pasado también fueron socios de Ortiz en el fallido Plan Rabasa, ha ofertado 8,07 millones de euros, según la plica. Por detrás de estos tres quedan las ofertas de Eulen (8,5 millones), Soldene (8,75), Valoriza (8,66) y la UTE Fissa Finalidad Social y Clece (8,21 millones). La oferta de Ortiz, pese a rebajar más de un millón de euros el presupuesto de licitación, no ha sido considerada una baja temeraria precisamente porque la mayoría de los aspirantes ofertaron precios muy por debajo del precio de partida. La rebaja media ha sido del 8,9%.

En cuanto a las ofertas técnicas, que aportan el 30% de la puntuación final, la mejor valorada ha sido la de FCC, que ha obtenido la puntuación máxima, según la documentación consultada. Así, la empresa de Slim ha obtenido 30 puntos en este apartado, frente a los 22 de la UTE formada por las dos empresas de Ortiz. Es decir, en este apartado la oferta de FCC adquiere una ventaja de ocho puntos sobre la del controvertido empresario alicantino, por lo que el baremo de las ofertas económicas (que aportan el 40%) será determinante. En cuanto a la maquinaria nueva que aportan al servicio (el 30% restante de la puntuación), están prácticamente empatadas. Ahora la Mesa de Contratación de la Diputación, en la que no hay políticos, tendrá que decidir a qué empresa propone como adjudicataria en base a estos criterios.

Ortiz se adjudicó el servicio en 2010, aún con José Joaquín Ripoll (también procesado en el Caso Brugal, en este caso en la pieza relativa al amaño de la adjudicación del vertedero de la Vega Baja) como presidente de la institución provincial. A ese concurso se presentó prácticamente en solitario. En 2014, tras los cuatro primeros años, el constructor logró revalidar la contrata, en una licitación a la que ya concurrió una decena de empresas. Tras agotar la prórroga que se decretó en mayo de 2016, la Diputación tiene que adjudicar ahora el servicio para otros dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales.