Enrique Ortiz, en el palco del Rico Pérez, en una imagen de archivoALICANTE. El controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz sigue 'poniendo orden' en su entramado empresarial, tras perder algunos de los grandes contratos que se había adjudicado en los últimos diez años. Según refleja este lunes el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Alicante (Borme), Ortiz ha decidido disolver el consejo de administración de la constructora Bulevar Norte Alcoi SL, y situar como administrador único a la principal mercantil de su imperio empresarial: Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA.
La empresa, creada en su momento para desarrollar el proyecto del que toma su nombre -el Bulevar Norte, un vial que debía enlazar los barrios de la Zona Norte y Batoi con un coste de nada menos que 27 millones-, estaba dirigida por un consejo de administración presidido por la hija del constructor, Laura Ortiz. Asimismo, figuraban como consejeros su cuñado, Miguel Carratalá (que forma parte de la administración de incontables empresas propiedad del constructor), que ejercía como secretario, y otros dos empleados de Ortiz: Santiago Bernáldez y José Luis Fidalgo.
Los cuatro cesan ahora en sus cargos, al tiempo que el órgano de administración de la promotora pasa del consejo al administrador único, y esta responsabilidad recae en la empresa matriz del polémico empresario. Asimismo, el domicilio social de la sociedad se traslada a la avenida del Doctor Jiménez Díaz de la capital alicantina, donde tienen su sede el resto de mercantiles del entramado empresarial del constructor.
Bulevar Norte Alcoi SL logró el contrato de ejecución de ese nuevo viario en el año 2010. Era una de las grandes infraestructuras impulsadas por el PP al frente del Ayuntamiento de Alcoy, bajo la Alcaldía de Jorge Sedano (actualmente, portavoz municipal de Ciudadanos), con la que se pretendía dar continuidad a la primera fase de ese vial, sufragada por la Generalitat. El proyecto comprendía la ejecución de un vial de tres carriles de circulación que permitiese circunvalar el casco urbano por el norte: su presupuesto, 27 millones de euros.
No obstante, la obra nunca llegó a ponerse en marcha. Las elecciones de 2011 depararon un vuelco político: el PP perdió el poder frente a la configuración de un tripartito que lideró el socialista Toni Francés junto a Compromís y EU. Los tres socios, que no compartieron la filosofía del proyecto ni su coste, revisaron la propuesta de Ortiz antes de que se iniciase su ejecución y certificaron, gracias a un informe elaborado por los técnicos municipales, que el proyecto presentaba graves deficiencias y que, además, no podían subsanarse desde el punto de vista legal.
En concreto, en ese informe se constató que no se había previsto la ejecución de servicios básicos (la instalación del alumbrado público o la ejecución de canalizaciones para la conducción de pluviales, entre otros), lo que hubiese obligado a asumir obras por valor de otros tres millones de euros. Se trataba, en consecuencia, de trabajos que superaban el 10% del coste original que contempla la Ley de Contratación del Sector público para la aprobación de modificados de obra.
El proyecto se adjudicó bajo el mandato del PP por 27 millones y fue rescindido por el tripartito tras detectarse que faltaban infraestructuras por otros tres millones
Con esa conclusión, el equipo de Gobierno recabó el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y rescindió la adjudicación concedida a Bulevar Norte por incumplimiento del contrato. La compañía impugnó esa resolución y un juzgado de lo Contencioso de Alicante falló a su favor, lo que forzaba al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa de Ortiz con 4 millones por los gastos de redacción de proyecto y lucro cesante. El Ayuntamiento recurrió la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero mientras, se vio forzado a asumir los costes del fallo. Así, pactó un calendario de pago a plazos y llegó a abonar 1,6 millones a la compañía del controvertido promotor. En esa suma se incluía el aval de medio millón del que el Ayuntamiento se incautó al rescindir la adjudicación.
La respuesta del TSJ llegó finalmente en abril de 2017 con una sentencia a favor de los intereses municipales que obligó a Bulevar Norte a devolver las cantidades percibidas. De nada sirvió que Ortiz acudiese al Tribunal Supremo (TS), ya que el alto tribunal inadmitió su recurso. De hecho, según fuentes municipales, la empresa depositó en el juzgado hace dos semanas las cantidades pendientes de esa devolución. El resultado: Alcoy cierra el contencioso con un rédito de medio millón a su favor. Ahora, el equipo de Gobierno trabaja en una nueva propuesta de bulevar consensuada con las asociaciones vecinales en el que se apuesta por un vial urbano de un carril por sentido y dotado de carril bici, alejado de la vía rápida que se pretendía con el proyecto original.
