Orihuela dota de presupuesto a Residuos Urbanos para abonar las sentencias de 1,8 millones a Acciona

ORIHUELA. La ciudad oriolana dota al Área de Residuos Sólidos de presupuesto para pagar las indemnizaciones de dos sentencias condenatorias en contra del Ayuntamiento de Orihuela a la firma Acciona. Ayer, la junta de gobierno local dio luz verde a reconocer como obligación previa a su orden de pago de las sentencias recayentes sobre los contenciosos 397/2011 y 36/2007 por impagos de facturas de recogida de residuos y otros servicios diversos. La suma supera los 1.800.000 euros por facturas de servicios prestados a Acciona -actual firma que engloba a Nexo, que se hizo cargo de la recogida de basuras en casco y pedanías-. La cantidad correspondiente a facturas del año 2005 y de 2009 fuente de litigios desde hace años.

En el pasado pleno de agosto, se aprobó un suplemento de crédito para poder hacer frente al pago de las indemnizaciones. Uno de los pagos es de unos 250.000 euros y el otro de 1.600.000 euros. Desde septiembre, el Consistorio contaba con tres meses para abonar la cantidad adeudada, que saldrá a cuenta de remanentes del año 2018. Desde el equipo de gobierno oriolano afirmaron, no obstante, que la cantidad que deben pagar las arcas públicas es menos a la que la firma solicitaba.

Documentos cruciales que llegaron tras el pleno

El pleno fue, precisamente, una fuente de polémica ya que desde la oposición reprocharon al equipo de gobierno que no se les hubiera facilitado toda la información suficiente y disponible para estudiar la necesidad del suplemento de crédito. La información la recibieron a cuatro días de la sesión plenaria y no estaba completa. De hecho, solo fue cuatro días después de la aprobación en pleno, cuando el equipo de gobierno incluyó más documentos a la plataforma de información. En este caso, se trataba de documentos que se deberían haber aportado previamente, como la comunicación informe de inexistencia de crédito para cada una de las sentencias condenatorias. Estos informes solo aparecieron a partir del 9 de septiembre, días después del pleno de agosto. Así, hasta aquel momento solo se incluyó, para el estudio de la oposición, un informe de cuatro folios en el que no se detallaban los años de los que provenían las facturas ni las sentencias condenatorias. De hecho, a pesar de no haber aportado la información completa, Rafael Almagro defendió en el pleno del 5 de septiembre que para aprobar ese punto "hay que leer los expedientes". Según Rafael Almagro, edil de Hacienda, las facturas son de 2005 y 2009 y no tendrían que ver con las del juicio a Medina y se corresponderían con trabajos realizados por la firma que hay que pagar.