Edificio del Ayuntamiento de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. Las indemnizaciones de dos sentencias condenatorias en contra del Ayuntamiento de Orihuela, le lleva a pagar unos 1.800.000 euros por facturas de servicios prestados a Acciona -actual firma que engloba a Nexo, que se hizo cargo de la recogida de basuras en casco y pedanías-. El juez ha reconocido en sentencia firme que la firma prestó servicios a la ciudad oriolana y pide que el Ayuntamiento abone la cantidad correspondiente a facturas del año 2005 y de 2009 fuente de litigios desde hace años. El Ayuntamiento de Orihuela ha alegado desde que la firma interpuso a demanda, aunque esta vez la sentencia es definitiva y no cabe recurso. Desde el equipo de gobierno, ayer durante el pleno ordinario de agosto, aseguraron que, no obstante la cantidad que deben pagar las arcas públicas es menos a la que la firma solicitaba. Uno de los pagos es de unos 250.000 euros y el otro de 1.600.000 euros. Desde que las sentencias son firmes, el Consistorio tiene tres meses para abonar la cantidad adeudada, que saldrá a cuenta de remanentes del año 2018. Precisamente, para ello ayer aprobaron un suplemento de crédito para llevar a cabo el acatamiento de las sentencias.
Desde Cambiemos Orihuela, su edil, Javier Gracia, reprochó durante el pleno al equipo de gobierno que no hubieran facilitado información suficiente sobre la necesidad del suplemento de crédito y que solo les aportaran el lunes, a cuatro días de la sesión plenaria, algo de información. Documentos que no consideraron suficientes, según el edil de Cambiemos, porque se trataba de un informe de cuatro folios en el que no se detallaban los años de los que provenían las facturas ni las sentencias condenatorias. Asegura que solo cuando preguntaron al interventor por este hecho fue cuando conocieron que se trataba de sentencias relacionadas con la antigua empresa Nexo. De hecho, Gracia preguntó si alguna de esas facturas podrían tratarse de unas envueltas en un litigio con el exalcalde de Orihuela e imputado en el Caso Brugal, José Manuel Medina. En este juicio se investigaban unas facturas por un importe de unos 240.000 euros, cifra similar a la de una de las sentencias y se averiguaba si eran facturas que los técnicos no querían firmar en su momento y se estudió si podrían ser falsas. Estas facturas datarían de 2002, en principio.
La portavoz del grupo socialista, Carolina Gracia, aseguró, a su vez que las sentencias y el pago de los 1.800.000 euros se debe a "una mala decisión del PP, de 2002 a 2005" y que el pago de intereses de demora no era nada positivo para las arcas municipales.
Según Rafael Almagro, edil de Hacienda, las facturas son de 2005 y 2009 y no tendrían que ver con las del juicio a Medina y se corresponderían con trabajos realizados por la firma que hay que pagar. Así, aseguró que el juez desgajó de la causa trabajos que la empresa Nexo -ahora Acciona- no pudo demostrar que se realizaron en Orihuela. También apuntó que, según las sentencias, los intereses de demora habrían prescrito en su gran mayoría y que las sentencias " ayuda a que las cuentas municipales se aclaren más día a día". El suplemento de crédito salió adelante con los votos a favor de PP, Cs y Vox y con las abstenciones de PSOE y Cambiemos.
Los procedimientos judiciales interpuestos en estos momentos contra el Ayuntamiento de Orihuela, de 2016 a 2019, suman más de 220. De 2016, quedan 49 procesos contenciosos administrativos, nueve por lo social y uno por lo penal. Asimismo, de 2017, existen 45 litigios por lo contencioso administrativo y 34 por lo social. Mientras, en 2018 se presentan 42 juicios por lo contencioso administrativo, 15 por lo social, uno penal y dos de instrucción y primera instancia. Este año, hasta finales de junio, quedan pendientes 13 litigios por lo contencioso administrativo y siete por lo social.
En enero de este año, dos juzgados de lo contencioso administrativo obligaban a Orihuela a abonar, en primer lugar, casi 266.000 euros a la empresa Construcciones Pedrera SL por el retraso en el pago del contrato de compraventa, en 2010, de la adquisición de la Casa del Inquisidor. La segunda sentencia iba destinada a satisfacer a la mercantil Sirem SL, -antigua Proambiente, implicada en el caso Brugal- la cantidad de 239.000 euros por el retraso en los pagos de facturas por diversos trabajos que la sociedad realizaba años atrás para el Ayuntamiento.
Ambas indemnizaciones ya tienen recorrido. En cuanto a la Casa del Inquisidor, la sentencia condenaba al Ayuntamiento de Orihuela a pagar más de 757.000 euros y, además el IVA, intereses y costas. A lo largo de 2018 se pagó el grueso principal de la indemnización, más el IVA y, en enero se aprobó la liquidación de intereses y costas por 266.000 euros. La deuda, así, quedaría saldada.
El pleno de agosto de Orihuela ayer también dejó aprobadas la propuesta dela junta de gobierno de normas de destino y justificación de las asignaciones de los grupos políticos del Consistorio. El equipo de gobierno presentó un documento para "autorregular a qué conceptos pueden ir destinados los gastos pagados con las asignaciones públicas de los grupos políticos oriolanos". Para ello, han adaptado la regulación de la Diputación de Alicante del anterior mandato, adaptando algunos puntos, según ele equipo de gobierno, a la "realidad oriolna".
Desde la oposición, Cambiemos y PSOE reprocharon que este documento no incluyera un mecanismo sancionador ni el modo de fiscalizar las cuentas. También vieron negativo, desde el grupo socialista, que se pudieran incluir en los gastos dietas de asesores u otros gastos relacionados con estas figuras del Consistorio.
Además, se inadmitió la petición de un particular que solicitaba incoar, de oficio, una revisión completa de las actuaciones previstas para el área donde se encuentra Cala Mosca. José Aix, edil de Urbanismo, argumentó que se trataba de una situación que se remontaba a 1995 o 1998, que denunciaba visos de nulidad absoluta. Así, inadmitió la propuesta porque, a su juicio, la revisión de oficio solo se ha de aplicar en casos muy restringidos y afirmó que la denuncia se debía a un hecho contractual y no urbanístico. También habló de que ha de primar la seguridad jurídica y que por ello no admitían la propuesta.
Desde Cambiemos aseguraron que esa decisión la debería tomar el Consell Jurídic Consultiu e invitó a quien interpuso esa denuncia a unirla, en los juzgados, por procedimiento ordinario, a otra abierta recientemente por la formación, también relacionada con Cala Mosca.
Asimismo se aprobaron todas las mociones propuestas por los grupos políticos. Entre ellas; una de Cambiemos para la declaración de emergencia climática, otra del grupo socialista para adherirse a la red de ciudades libres de trata de mujeres y niños. También aprobaron otra propuesta relativa a la emergencia feminista ante las violencias de género y machistas y otra para elaborar el segundo Plan Integral de Juventud.
