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a partir del día 10 también se analizarán pruebas documentales

El juicio de Brugal se reanudará en septiembre con testigos pendientes y la práctica de escuchas 

25/07/2019 - 

ORIHUELA. El juicio del Caso Brugal llegó ayer a su última sesión de declaraciones antes el parón de agosto. La jornada que cerró ayer las declaraciones estuvo protagonizada por los peritos que evaluaron la responsabilidad civil de Sufi, una de las firmas que formó parte de la UTE adjudicataria de la gestión de basuras en Orihuela desde 2009 hasta 2011. 

El juicio volverá a retomar sus sesiones a partir del próximo martes, 10 de septiembre. A partir de ese día se realizarán más pruebas para aportar al sumario del caso. Entre otras de las prácticas probatorias pendientes de mostrar está la de algún testigo pendiente. En concreto, uno de los más relevantes es un miembro del equipo de la UPV que participó en la elaboración de pliegos y de la baremación de plicas de dos de las contratas oriolanas. Hasta el momento, ha sido imposible localizarlo, pero es un testigo al que no se ha renunciado por considerarse importante, tanto para Fiscalía, Acusación Particular y algunas de las Defensas que también han pedido su comparecencia. 

Hasta el día 10 de septiembre tratarán de localizar al testigo para que, a ser posible, comparezca ese día. Al parecer, está habiendo algunas circunstancias con la Oficina Judicial de Murcia que dificultan la notificación al testigo, pero desde el tribunal mantienen que se reiterará la petición hasta lograr comunicar con esta persona. Desde el tribunal pusieron de relieve los obstáculos que, hasta ahora, se han topado para pedir la declaración del testigo o que, en primer lugar, pueda ser reconocido por el médico forense y determine si está en condiciones, o no, de acudir al juicio oral. No ha habido respuesta, de momento, desde la Oficina Judicial de Murcia. En el caso de que el día 10 de septiembre no hayan localizado al testigo, seguirán intentándolo hasta poder practicar la prueba, si no hay inconveniente.

Otra de las pruebas pendientes de revisar es la de las escuchas telefónicas (hasta enero de 2008) y la documental. El tiempo que puede durar las sesiones en juicio de estas pruebas dependerá del planteamiento que estime el tribunal para la práctica de la documental y las escuchas. Podría ir desde unos pocos días a alargarse hasta mes y medio, según fuentes cercanas al proceso judicial. El tribunal tomará esta decisión, con casi toda probabilidad, después del periodo de vacaciones de agosto, antes de comenzar con las sesiones. Al parecer, Fiscalía solicitó en principio que se practicaran íntegramente la reproducción de las escuchas policiales y las grabaciones de Ángel Fenoll admitidas como pruebas en esta causa. 

Peritos 

La jornada de ayer en el juicio del Caso Brugal recogió la declaración de dos peritos de la firma Sufi, con objeciones al informe que estimó el fin de la relación contractual de la UTE que se ocupaba de la gestión de residuos de Orihuela con el Ayuntamiento y con el informe que estimaba que la gestión directa era menos costosa que la indirecta. 

Para los peritos, el informe que elaboró una técnica del Ayuntamiento de Orihuela para la resolución del contrato, y que hizo una comparación de gestiones para defender que la gestión directa era más ventajosa, tiene errores. Según su testimonio, teniendo en cuenta los datos de la técnica oriolana y considerando que sus cifras son las correctas, la diferencia entre la gestión directa y la indirecta sería de 80.000 euros, "casi empate", según uno de los peritos. No obstante, mantienen, sumando otros datos aportados por otro técnico del Ayuntamiento, "la suma de la gestión directa sería mayor". 

Los peritos mantuvieron que "no se si los datos de la técnica son fiables, pero no tengo forma de comprobarlo. Según otros expertos faltarían datos que incluir". Y es que, ahondando en este aspecto, afirmaron que "la falta de información del informe impide comparar los servicios que prestaban la UTE o la que sería la gestión directa". También aseguraron que "no hay forma de saber si lo que hacía el Ayuntamiento en el servicio de la gestión de residuos era igual que el de la UTE o no, porque la técnica no diferenció ni separó las actividades para desglosarlas". 

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