El juicio de Brugal recurre al artículo 730 para incluir la declaración de un testigo de la UPV 

ORIHUELA. El tribunal del juicio del Caso Brugal decidió ayer, incluir la declaración de uno de sus testigos, a través del artículo 730 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, después de que el testigo no pudiera concluir el juicio oral. Esta persona posee una información relevante para todas las partes. Se trata del catedrático de la Universidad Politécnica de València (UPV) que realizó varios informes a petición del Ayuntamiento de Orihuela; entre ellos, la baremación de las contratas (que daba por ganadora a Urbaser en 2006) y los pliegos del siguiente concurso del servicio de gestión de basuras para la ciudad oriolana. Así, después de que el Ministerio Fiscal solicitara con antelación la aplicación de este artículo, y con el visto bueno de la Defensa, se dio lectura de la declaración anterior de este testigo para incluirla en el presente sumario. La declaración data de julio de 2013 en los juzgados de Orihuela.

Según la lectura de este testimonio, el declarante conocía al exalcalde José Manuel Medina, por el encargo de la primera baremación y, años antes le había encargado un informe para la protección del Palmeral de Orihuela. Conocía también a Mónica Lorente por ser alcaldesa de Orihuela y por firmar los dos contratos con la UPV y a Manuel Abadía por ser interlocutor durante la redacción de los pliegos Asimismo manifestó haber dirigido, durante algún tiempo la tesis del exconcejal David Costa y también fue profesor de Sánchez Larrosa. 

El catedrático económico por la UPV no había valorado plicas nunca antes de las de Orihuela en 2005. Sí lo había hecho, no obstante, según u declaración,el equipo del que se rodeó en la universidad. Supone que le eligieron a él para esa labor porque habían quedado contentos con el anterior informe sobre el Palmeral y "querían a alguien de más lejos de Alicante". 

El primer informe encargado y presentado fue el de baremación de las plicas presentadas al concurso de las basuras de 2005. Un documento de seis folios con anexos. En él presentó, además, propuesta de baremo y otra de cuantificación de contenidos. Durante todo el proceso había una cláusula de confidencialidad que le impedía a su equipo de trabajo tener contacto con el Ayuntamiento salvo con sus interlocutores. Toda la información remitida se tenía que hacer a través de registro y el equipo trabajaba, a juicio del testigo, de forma individual, no sabían qué puntuación aportaban los compañeros a cada trabajo. La confidencialidad, ahondó, debía ser mutua, así que lo que el declarante hablara con el secretario, no podía revelarse a nadie. Antonio Garbí era su interlocutor en el Ayuntamiento y a él le facilitó el índice de las plicas. Una vez aprobadas, pudo acceder a todas ellas e hizo la cuantificación. El secretario le facilitó la información necesaria que el testigo solicitó. 

El testigo asegura que estuvo hospitalizado y que por eso se retrasó su trabajo. Su hospitalización fue de octubre a principios de noviembre de 2006. El convenio de asesoramiento se firmó y concluyó en febrero de 2007. El testigo aseguró que no sabía por qué la adenda no se presentó hasta mayo de 2007, pero que no "cree que ni siquiera pasase por registro".

Durante la redacción de los nuevos pliegos para la contrata de la que resultó ganadora la UTE de Sufi, Gobancast y Liasur, asegura que entre las necesidades aportadas por el Ayuntamiento, estaban, sobre todo, la del soterramiento de basuras, sobre todo en el casco histórico, lugar donde era más difícil incluir esta medida. Además, ese pliego presentado en abril de 2008 solo lo vio Manuel Abadía, días antes, para la revisión. 

Entre las diferencias entre el pliego de 2005 y el de 2008 había actualización de la información de base para evitar revisiones de precio y también claves para cerrar las posibles interpretaciones y la concreción de cómo se debía presentar la información. En su declaración, el testigo concretó la mayor parte de las mejoras y especificaciones, salvo la duración del contrato, que la marcó la misma persona que la del pliego de 2005. La obligación del contratista de pagar al Ayuntamiento por los préstamos y atrasos de seguridad social, la propuso Manuel Abadía.

En el pliego de 2008, según el testigo, se incluyeron muchas matizaciones y en abril de 2008 se realizó una reunión para solventar dudas sobre el pliego. En julio de 2008, se realizó un informe del Ayuntaiento donde se exponía que el liego de la UPV no tenía sello de entrada del Ayuntamiento. Sobre este puntoel testigo aportó su nota de entrega aunque no recordaba si le remitió el documento a Mónica Lorente o entró por registro. Sí recordaba que iba debidamente encuadernado y que el declarante baremó conforme al pliego y que "no entregué el baremo cuantificado a ningún licitador, no sé si el Ayuntamiento lo hizo". 

A las preguntas de por qué Urbaser quedó primera en 2005 y tercera en 2008, aseguró que fue, según su "opinión personal poco meditada", porque Urbaser presentó casi la misma oferta y que hubo dos que presentaron dos ofertas económicas muy buenas. También mantuvo que, si alguna de las firmas hubiera tenido acceso previo a su informe de plica de 2005, hubiese tenido información de valor para la presentación de la nueva plica, puesto que ya establecía allí los criterios de valoración.