ALICANTE. Los responsables de la sala de fiestas Marmarela han salido al paso de las declaraciones públicas efectuadas por el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, con motivo de la anulación del cierre del complejo decretado en su época como concejal de Urbanismo ya que, "como queda demostrado en las alegaciones presentadas por el letrado del Ayuntamiento de Alicante que han sido desestimadas judicialmente, no hay informes técnicos concluyentes que avalaron el decreto de cierre de Pavón".
Tras conocer la sentencia, el concejal deseó que el Ayuntamiento recurriese ante el TSJCV "en defensa tanto de sus propios actos como del contenido de los informes técnicos". Sin embargo, los responsables de la sala de fiestas replican que "su concejalía no contestó a tres escritos presentados por el representante de Puerta de Mar y Ocio en el registro municipal con fechas 15 y 25 de septiembre de 2017, y 19 de octubre de 2017, en el que se requería información sobre el acta que dio lugar al decreto de cierre de Marmarela y se recordaba la legalidad del complejo gracias al acuerdo de prestación de servicios con SPTCV y a la autorización de uso a favor de la Generalitat para la organización de la Volvo Ocean Race".
En estos tres escritos, así como en otro dirigido al ayuntamiento por la misma SPTCV, "se indicaba claramente el acuerdo alcanzado entre las partes pero, sorprendentemente, no aparecen ni citados ni incorporados al expediente administrativo que el ayuntamiento presentó en el proceso judicial".
Por todas estas razones, la mercantil ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra el concejal alicantino de Guanyar por un presunto delito de prevaricación "que podía contar con la complicidad de algún técnico municipal de Urbanismo pero que en modo alguno debería suponer, como pretende ahora Pavón, que el Ayuntamiento, es decir, todos los contribuyentes alicantinos, asuman su nefasta actuación al frente de Urbanismo".
Los responsables de Marmarela también recuerdan a Pavón que hizo caso omiso del recurso contra el Puerto aceptado por el TSJ y actualmente en fase de resolución, en el que se argumentaba que la fecha en la que se dio por finalizados los tres años de la autorización para la ocupación del espacio portuario (el 25 de abril de 2017), coincidía con la fecha de notificación del permiso portuario (25 de abril de 2014), pero no con la disponibilidad real de los terrenos ni con el comienzo reglado de la actividad.
Este hecho fue el que propició que Pavón decretara el cierre de las instalaciones el pasado 12 de septiembre de 2017, argumentando que la licencia de actividad del complejo había expirado al finalizar la autorización de ocupación de espacios, y omitiendo, además, la autorización que conllevaba el contrato de prestación de servicios suscrito en mayo con la Generalitat Valenciana que como el juez indica “habilitaba a la mercantil para realizar la actividad en las instalaciones”.
Para los responsables de la mercantil, “el concejal de Urbanismo obró, conscientemente, de forma arbitraria, contraria a derecho y vulnerando la propia doctrina del ayuntamiento en otros casos, ya que ninguna licencia pierde su efectividad con el cierre temporal de la actividad, si así ocurriese, y pertenece siempre al propietario del local o las instalaciones”, según la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos de la Comunidad Valenciana.
También recuerdan que, en contra de lo que declaró el propio concejal, Marmarela ha cumplido siempre de forma escrupulosa todas las medidas exigidas para el desarrollo de la actividad, incluidas las de seguridad, como la propia Generalitat certificó mediante la inspección favorable del Organismo de Control Administrativo que permitió reabrir el complejo semanas después del cierre.
Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar y ex concejal de Urbanismo
