ALICANTE. No habrá vidas extra ni oportunidades adicionales para la conocida sala de fiestas Marmarela. La Autoridad Portuaria no está dispuesta a conceder una posible prórroga para que su empresa gestora, Puerta del Mar y Ocio, siga ocupando parte del muelle 14 del dique de Levante al considerar que el plazo de la autorización administrativa de la que disponían desde 2014 ya ha caducado. Es más se sostiene que su vigencia se ha extinguido sin que quepa ya ninguna opción de ampliación de plazos. Ese permiso era por tres años de duración y, según defiende la Autoridad Portuaria, finalizó con fecha de 27 de abril de 2017.
Puerta del Mar y Ocio disiente de esa consideración y mantiene que la autorización de la Autoridad Portuaria debió haber surtido efectos hasta diciembre de ese mismo año 2017, ya que fue en ese mes cuando inició oficialmente la ocupación del suelo y cuando la sala comenzó a desarrollar su actividad. De hecho, como viene publicando Alicante Plaza, la empresa interpuso un contencioso contra el decreto por el que la Autoridad Portuaria notificó el cese de su autorización -según Puerta del Mar y Ocio, antes del plazo debido- que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Como también ha contado este diario, el alto tribunal acaba de validar ese recurso -sin entrar al fondo del asunto- frente a la petición formulada por el Puerto, a través de la Abogacía del Estado, para que ese recurso no se admitiera a trámite.
Según las fuentes consultadas, los gestores de Marmarela abrieron conversaciones con la Autoridad Portuaria poco tiempo después de que terminase la edición de la etapa de salida de la Volvo Ocean Race (VOR) desde Alicante, el pasado octubre, con el objetivo de solicitar que se permita el funcionamiento de la sala al menos de modo temporal, hasta que se resuelva el concurso sobre la concesión de los muelles 10, 12 y 14 del dique de Levante. Se trata de un proceso con el que el Puerto aspira a convertir la conocida como Zona Volvo en una especie de Race Village de la regata de modo permanente.
Marmarela ya plasmó esa solicitud de permiso provisional como medidas cautelares en el contencioso contra la caducidad supuestamente anticipada de su autorización. En ese recurso, solicitaba al alto tribunal autonómico que permita la reapertura del complejo hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del litigio. El TSJ deberá pronunciarse en breve sobre esa solicitud. Y los gestores de Marmarela han llegado a plantear que estarían dispuestos a retirar ese contencioso si el Puerto permite que la sala siga operativa hasta que exista un nuevo concesionario para esa zona del dique de Levante.
Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, no contempla esa alternativa -la concesión de un permiso provisional- al sostener que realmente no tiene encaje legal. De ahí que inste a los responsables de Plaza del Mar y Ocio a concurrir por la explotación comercial de toda la Zona Volvo. "Que se presenten al concurso y opten a la concesión como cualquier otro interesado", señaló, en declaraciones a Alicante Plaza, el pasado jueves.
Como ha contado este diario, ese concurso ahora en fase de tramitación prevé ceder la ocupación de los citados tres muelles durante un plazo mínimo de seis años: es decir, el mismo horizonte temporal que continuará vinculando a la Volvo Ocean Race (VOR) con Alicante como ciudad que acoja su etapa de salida en las dos próximas ediciones (2020 y 2023). La voluntad de la Autoridad Portuaria es que un gestor privado se encargue de dotar de contenido de forma continua a toda la Zona Volvo con servicios de hostelería, comercio vinculado a la actividad náutica y la celebración de eventos (como conciertos o conferencias).
Se da la circunstancia de que Marmarela ya prestó parte de esos servicios antes y durante la celebración del Race Village de la última edición de la Volvo, después de que la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) cerrase con los gestores de la sala un acuerdo para que actuase como hospitality de la regata. De este modo, la sala pudo permanecer activa, pese al fin de la autorización que había comunicado la Autoridad Portuaria, a través de una autorización concedida a la propia SPTCV.