VALÈNCIA. El Consell dio luz verde este viernes al decreto que regula las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana. Una norma que incluye nuevas exigencias para estos negocios desarrollados en viviendas y que obligará a renovar los permisos cada cinco años, además de exigir el visto bueno de la comunidad de vecinos para mantener el registro, entre otras cosas. Pero además, el decreto impulsado desde la Conselleria de Turismo busca otorgar seguridad jurídica a los operadores, por lo que obligará a los pisos turísticos a tener normas de régimen interior cuyo incumplimiento por parte de los huéspedes facultará a los dueños para echarlos con ayuda incluso de la Policía.
El texto, aprobado por el pleno del Consell y que se publicará en el Diari Oficial previsiblemente la semana que viene a falta de su ratificación en Les Corts Valencianes, recoge en su artículo 37 las "normas de régimen interior". Una de sus disposiciones incluye que en las viviendas turísticas "se deberá disponer de un reglamento de normas de régimen interno en el que constarán, al menos, las normas de convivencia de la comunidad en que radique, las condiciones de uso de los servicios e instalaciones y el régimen de admisión de animales domésticos, para evitar alterar la normal convivencia o poner en riesgo la seguridad o integridad física del resto de la clientela".
Fuentes de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur CV), una de las entidades que ha negociado las modificaciones del decreto con la Conselleria que encabeza Nuria Montes, explican a Valencia Plaza que hasta el momento esto "era una sugerencia y no una obligación", con lo que con esta nueva normativa, será obligatorio hacer contratos de alquiler a todos los huéspedes incluyendo estas normas de régimen interno. Normas que, dice el decreto, serán "de obligado cumplimiento para las personas usuarias del alojamiento".
En ese sentido, los dueños de los pisos turísticos deberán informar previamente a los huéspedes de estas normas. El decreto subraya que los titulares de la actividad "deberán facilitar a los usuarios con carácter previo al alojamiento, un formulario informativo de dichas reglas que deberán ser aceptadas expresamente por estos últimos". Un paso necesario para poder, de esta manera, aplicar las medidas coercitivas en el caso de que no se cumplan, que pueden llegar al desalojo con incautación de los gastos pagados y la fianza incluida.
"En caso de incumplimiento, el propietario o titular de la actividad requerirá al usuario para que cese en su inobservancia o, en caso de gravedad, para que abandone la vivienda", explica esta nueva disposición, según la cual los dueños de la vivienda incluso deberán dar "parte a la Policía o a la autoridad competente" si no se atiende dicho requerimiento. Y si finalmente se llega a echar al huésped, éste "perderá todos los importes abonados por su reserva, si así se ha hecho constar", concluye el mencionado artículo.
Fuentes de la patronal de pisos turísticos insisten en que sus asociados ya pedían el cumplimiento de unas normas de convivencia mediante los contratos pero han solicitado a la Conselleria que incluyera esto como requisito obligatorio. "Hasta ahora no podíamos echar a los huéspedes aunque no cumplieran las condiciones", aseguran en este sentido, para celebrar que con la nueva norma "as fuerzas de seguridad podrán darnos cobertura si los huéspedes no están siguiendo las normas de régimen interno, y perderán la fianza y el coste del alquiler".
"El espíritu es que haya buenos gestores para atraer buenos actores. Necesitábamos que la Policía esté de nuestro lado para hacer cumplir las normas, por eso hemos pedido lo mismo que tendría un hotel. Es importante para nosotros mantener nuestro negocio y que haya un equilibrio entre visitante y vecino", aseguran a preguntas de este diario.
Por otro lado, cabe recordar que según el nuevo decreto, los propietarios de las viviendas serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan. Actualmente solo es responsable quien la comercializa, que no siempre es el propietario. Y en cuanto a las multas, se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de las personas propietarias a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones) con multas de hasta 600.000 euros. Se incrementa así el grado de otras dos infracciones: una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación).
Este viernes, la consellera del ramo Nuria Montes, insistió en que se perseguirá "todo aquello que se comercialice sin ningún tipo de autorización, "pudiendo llegar las sanciones a muy graves con un importe de hasta 600.000 euros". En ese sentido, recordó que, como con la anterior regulación, se prohíbe comercializar turísticamente las habitaciones en las viviendas, por lo que se ha incrementado la sanción en ese sentido, y señaló que sólo en València ciudad hay anunciadas 5.000 habitaciones.
A partir del nuevo decreto, las viviendas turísticas deberán presentar una declaración responsable con numerosos requisitos, entre ellos las normas de régimen interno. En esta declaración deberá incluir el informe de compatibilidad urbanística, los títulos habilitantes, el número de referencia catastral, la cédula de habitabilidad, el certificado de la comunidad de propietarios, el seguro de responsabilidad civil y todo tipo de autorizaciones.
Además, los propietarios deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, incluir el certificado energético, y en el caso de los locales terciarios reconvertidos a viviendas turísticas, que cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes. A todo ello se sumará la exigencia de elementos adicionales de calidad del servicio, por los que quedan prohibidos los cajetines de llaves en la vía pública y será obligatorio un servicio de recepción e identificación, conexión a internet y línea de teléfono 24h.
Así pues, para poder seguir operando, las viviendas inscritas desde 2018 deberán presentar esta declaración responsable antes de 2030. A partir de ahí, seguirán el régimen general para todas las viviendas turísticas, de manera que la validez del registro será de cinco años. Transcurrido este plazo, deberán renovar la autorización con una nueva declaración responsable. Esto implica que si, por ejemplo, la comunidad de vecino quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el inmueble podría quedar excluido del tránsito turístico al no poder actualizar la declaración responsable.
Los pisos turísticos inscritos en el registro autonómico antes de 2018 no tendrán que adaptarse a la nueva normativa, como explicó la propia consellera este jueves en la presentación del decreto. Una de las reclamaciones del sector es que la norma no fuera retroactiva. De hecho, la consellera admitió que este punto "ha llevado un cierto encaje más o menos complicado" porque se ha tenido en cuenta "numerosa jurisprudencia". "La conclusión, y tras el informe de Abogacía, es que los regímenes transitorios deben respetar las normas sobre retroactividad de las nuevas exigencias y en principio no se deben exigir retroactivamente nuevas exigencias para que ellas viviendas que ya tenían la licencia", aseguró la consellera.
