Foto: Pepe OlivaresLa Concejalía de Urbanismo espera la respuesta oficial del Hércules sobre la inexistencia de proyectos de obra para tomar una decisión. Los técnicos deben dilucidar si los trabajos ejecutados sin licencia son legalizables, además de sancionables; si procede ordenar su demolición, o si recomiendan, incluso, la reclamación de la propiedad del estadio
ALICANTE. El expediente incoado por la Concejalía de Urbanismo sobre la reforma fantasma llevada a cabo en el estadio José Rico Pérez entra en su fase de resolución. El departamento que coordina el también vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, sólo aguarda ya la respuesta oficial y por escrito del Hércules CF a cuenta del último requerimiento formulado a principios de noviembre para que aportase documentación acreditativa de las obras llevadas a cabo en el coliseo en al menos dos oleadas distintas: la primera en 2010 y la segunda en 2015. Como publicó Alicante Plaza, el presidente del club, Carlos Parodi (que asegura haber firmado el 29 de noviembre la recepción del decreto de requerimiento de información remitido por edil de Urbanismo) prevé tramitar durante la segunda quincena de enero una contestación negativa: en el Hércules no se dispone de ningún papel al respecto.
Según las fuentes consultadas, con esa respuesta, Urbanismo tendrá todos los elementos necesarios para decidir qué tipo de penalización o de medida sancionadora corresponde acordar, ya que habría quedado suficientemente acreditado que esos trabajos se ejecutaron de forma irregular, sin las licencias necesarias y sin liquidar el impuesto de construcciones que correspondía.
En esa situación, según las mismas fuentes, se contemplan tres escenarios principales. El primero consistiría en instar bien a Aligestión (la sociedad liderada por Enrique Ortiz que compró el estadio al Ayuntamiento en 2007, ahora en liquidación) o bien al Hércules (arrendatario de la cancha por 25 años) a legalizar las obras. Se trataría de exigir que se solicitase las licencias para los trabajos que se ejecutaron sin ningún tipo de autorización ni supervisión municipal. Junto a los permisos, se deberían saldar impuestos y, previsiblemente, pagar una sanción económica a determinar.
El problema es que la posibilidad de esa legalización está en duda. Los técnicos de Urbanismo deben dilucidar si puede legalizarse una obra ilegal ejecutada sobre otra obra ilegal, como todo parece indicar que ha sucedido en este supuesto. Según el informe técnico elaborado por el departamento de Urbanismo sobre la reforma del estadio, entre 2010 y 2012 se aprovecharon los trabajos de reparación comprometidos en el contrato de compra-venta para acondicionar una zona VIP no prevista ni en el contrato ni en la licencia que se concedió para su ejecución. Esas obras se utilizaron para justificar que no solo que se había invertido los 4,3 millones exigidos en ese contrato para acondicionar el estadio, sino que el coste de la actuación había sido de 7,7. En 2012, la Gerencia de Urbanismo dio el visto bueno a esos trabajos, recepcionó las obras y devolvió la fianza a Aligestión.
Está en duda si se puede legalizar una obra ilegal ejecutada sobre otra ilegal, como parece haber ocurrido en este supuesto
Después, ya en 2015 y con motivo del partido internacional entre las selecciones de Inglaterra y España que acogió el Rico Pérez, esa ‘zona vip’ fue objeto de obras de mejora que permitieron no solo aumentar su capacidad -y por extensión la del palco- sino que, además, se dio pie a todo un cambio de imagen: dicha zona se abrió al campo al derribar un tabique de separación. Además, se construyó un estudio de radio desde el que se realizan los programas de la emisora oficial del club. De esas obras tampoco se tiene constancia alguna en Urbanismo.
Si los técnicos concluyen que esos trabajos no son legalizables, se activaría la segunda opción: una posible orden de demolición de la obra construida sin permiso, además de la preceptiva sanción. Y, en último término, la resolución del expediente todavía podría recomendar una tercera vía: la reclamación de la propiedad del inmueble por un incumplimiento de contrato, ya que se hicieron obras de más y, sin embargo, no se ejecutaron otras obras de reparación que sí resultaban preceptivas. Todo, al margen de que se pudiese actuar de oficio para reclamar posibles responsabilidades a los responsables públicos que consintieron esos trabajos. En aquel momento, la Gerencia de Urbanismo estaba dirigida por Enrique Sanus.
La reforma del estadio protagoniza parte de las conversaciones telefónicas pinchadas por la Policía en el marco del caso Brugal, en el que se investiga el supuesto trato de favor concedido por la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, a Ortiz en la planificación urbanística de Alicante. Como publicó este diario, en el actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) conviven posiciones diferentes sobre el modo de proceder sobre el expediente del Rico Pérez.
