ALICANTE. El cambio de color político al frente del Ayuntamiento de Alicante, ahora gestionado por un Gobierno de ocho concejales del PP, fuerza la repetición de un guión que ya se ha llevado a escena en dos ocasiones a lo largo del mandato actual: un nuevo encuentro institucional entre la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provía) y el/la titular de la Concejalía de Urbanismo. Primero fue el turno de Miguel Ángel Pavón (Guanyar), después el de Eva Montesinos (PSOE) y, este miércoles, el de Mari Carmen de España (PP). Una representación del colectivo empresarial, encabezado por su secretario general, Jesualdo Ros, mantuvo un primer encuentro institucional con la nueva edil del departamento para volver a transmitir las preocupaciones, las realidades y las reivindicaciones del sector por lo que respecta a sus relaciones con la administración municipal. Y, entre ellas, la principal continúa siendo los plazos para la resolución de permisos. Los representantes de Provía emplazaron a De España a agilizar la tramitación de licencias para que no se produzcan retrasos de más de seis meses, con el consiguiente efecto sobre la planificación para la contratación de plantillas y la concertación de medios de financiación para el desarrollo de las obras.
Esa ha venido siendo, hasta ahora, el motivo de lamento esencial que la asociación ha trasladado a los dos concejales de Urbanismo que han precedido a De España y lo cierto es que, en las dos ocasiones, se ha conseguido cierto resultado, según los datos de recaudación del ICIO reflejados en los presupuestos municipales y según las apreciaciones trasladadas por representantes de Provía meses después. De hecho, la información estadística difundida por el Colegio de Aparejadores este martes confirmaría esa tendencia.
Pero, además, el encuentro también sirvió para profundizar en cuestiones como la necesidad de reducir la complejidad de la documentación requerida para ciertos trámites y, también, para compulsar la información interna con la experiencia del propio sector inmobiliario.
De España apuntó a Alicante Plaza que había trasladado a los representantes de Provía el compromiso del nuevo equipo de Gobierno de agilizar los tiempos de resolución para la concesión de permisos, como ya había reiterado en una comparecencia pública previa (en la que valoró la concesión de banderas azules a las playas de la ciudad). En esa comparecencia, confirmó la posición realista ya manifestada tras la toma de posesión de Luis Barcala como nuevo alcalde: que el PP no podía prometer la redacción de un nuevo Plan General Estructural en el año que resta de mandato, de modo que su prioridad consiste en tratar de acortar los plazos para la concesión de licencias e intentar un acuerdo que permita aprobar el catálogo de protecciones que no salió adelante durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito (contó con el voto en contra de PP, Cs y los ediles no adscritos).
Esas manifestaciones le valieron la crítica del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), también este miércoles. Su portavoz municipal, Yaneth Giraldo, señaló, a través de un comunicado, que "en el año que queda de mandato se pueden hacer trabajos preparatorios para la redacción de una nuevo Plan General de Urbanismo, contratándolos con gabinetes de expertos, que es lo que se va a hacer en Benidorm, donde por cierto gobierna el PP".
Así, señaló que en Cs "no entendemos por qué Barcala quiere escurrir el bulto, exactamente lo mismo que hizo el fracasado tripartito a no ser que pretenda transitar este año que queda como si estuviera pisando huevos o cristales". Según Giraldo, "Barcala, al igual que Echávarri, dice que hay que priorizar las licencias de obras como si esto fuera incompatible con poner en marcha un nuevo planeamiento general; lo que está haciendo es mezclar conceptos, lo mismo que cuando afirma que urge más el Catálogo de Protecciones, como si no se pudiera trabajar en paralelo en ambas cuestiones, de hecho se debería hacer así".
En esta línea, insistió en que "Barcala pretende poner parches y hay que ser conscientes de que el problema de raíz, y lo que realmente genera inseguridad jurídica para los inversores es la ausencia de un nuevo Plan General, que además ahora debe absorber las directrices del Pativel y del Plan de Acción Territorial Alicante-Elche”, añadió. "No queremos pensar que la gestión que hicieron Alperi y Castedo en el urbanismo de Alicante, incluidos los terrenos de Rabasa, atenacen al alcalde a la hora de emprender una asunto tan necesario como es un documento base, participado por expertos, que empiece a sentar las bases del nuevo PGOU", insistió.
Por último, criticó en este contexto que "el PP proclamara en el pleno del pasado mes de noviembre un nuevo plan a 'la voz de ya' y ahora se salga por la tangente y no vislumbre siquiera la posibilidad de destinar medio millón de euros, como ha exigido Cs, para poner la primera piedra de un documento tan esencial".
De España también se reunió, por otra parte, con los colectivos vecinales de la partida de Fontcalent que han registrado alegaciones frente a la propuesta presentada por la empresa Abornasa para construir la que podría ser la segunda planta de tratamiento de residuos en ese emplazamiento, junto a la ya existente, de titularidad municipal.
Según la edil, escuchó de primera mano la posición de los residentes y se comprometió a analizar las alegaciones registradas ente la Conselleria de Medio Ambiente, en el trámite de solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AIA), además de "otra documentación de la que no disponíamos", añadió. Con todo, insistió -como ya hizo en el pleno ordinario de abril, cuando se debatieron dos iniciativas de Guanyar y PSOE sobre la propuesta de Abornasa- en que se trataba de un proyecto que dependía ahora de la Generalitat y que el Ayuntamiento elevaría sus informes en cuanto se los requiriesen.