De España, edil de Urbanismo, con la consellera Salvador, Ximo Puig y Luis Barcala. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los promotores del plan urbanístico del sector de Pino y Ruaya interceden por primera vez en el 'pulso' entablado entre el Consell y el Ayuntamiento de Alicante a partir del acuerdo aprobado en el pleno de octubre, por el que se valida la ficha urbanística de las 40 hectáreas de esos terrenos, en trámite de ejecución de la sentencia del TSJ fechada en 1992 que obliga a reconocer ese suelo como urbanizable.
Los representantes de la sociedad propietaria de dicho suelo, situado entre Vistahermosa y Santa Faz, subrayan su sorpresa por las reacciones que ese acuerdo municipal habría motivado por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio, con un requerimiento en el que se insta al Ayuntamiento a corregirlo en el plazo de un mes, al considerar que fue la propia Generalitat quien reclamó a la administración local que acatase y diese cumplimiento a dicha sentencia. Así, a través de un comunicado, defienden que el acuerdo municipal es legal y lamentan que llegue con tantos años de retraso. Esa demora, señalan, habría lesionado sus intereses generándoles perdidas millonarias.
En segundo término, señalan que el mencionado acuerdo municipal, en el que se reconoce que el sector es suelo urbanizable de carácter residencial con una densidad de 50 viviendas por hectárea, es sólo un primer paso del proceso para que el sector pueda desarrollarse. En esta línea, sostienen que ya se está trabajando en un convenio urbanístico que debe aprobar el Ayuntamiento en el que se concreta que deberá tramitarse necesariamente una modificación puntual del PGOU en vigor. Es decir, justo el argumento central que alega la Generalitat en su requerimiento de diciembre para exigir la corrección del acuerdo del Ayuntamiento, al sostener que se había invadido sus competencias urbanísticas aprobando el desarrollo de un sector sin tramitar el ajuste del PGOU que resulta obligatorio y que se había excedido lo previsto en la sentencia al asignar una edificabilidad concreta de la que no habla el fallo del TSJ.
Por lo pronto, en ese mismo comunicado, los promotores del sector llegan a concretar algunas características básicas que figurarán en ese convenio y en la posterior modificación puntual del PGOU. Entre ellas, que las viviendas tendrán un máximo de entre tres y seis alturas, en función de su situación, y que se reservará suelo para una zona verde y para un centro de recepción de animales de carácter autonómico.
Por último, en el comunicado se deja constancia, en alusión a la información que ha venido trascendiendo hasta ahora, de que la participación del empresario Enrique Ortiz en la sociedad que promueve el sector es minoritario, como publicó Alicante Plaza tras consultar con fuentes del grupo Civica (el conglomerado del propio Ortiz). Así, según el comunicado, el porcentaje en poder del controvertido promotor no llega al 20 por ciento y es consecuencia de la retirada de las posiciones de Bankia en Deproimed en favor de la empresa de Ortiz, con la que formaba sociedad.
