El exalcalde de Alicante, Díaz Alperi. Foto: EPALICANTE (EP). Los tres peritos de la Agencia Tributaria (AETA) que han comparecido este martes en la tercera sesión del juicio contra el exalcalde popular de Alicante, Luis Díaz Alperi, y tres empresarios, acusados de fraude fiscal y cohecho impropio, han confirmado que las operaciones fiscales que se están juzgando tendrían que haber figurado como ganancia patrimonial y, por tanto, deberían haber sido ser objeto de tributación. Se han pronunciado así a preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, en el juicio que sigue en el juzgado de lo Penal número 6 de Alicante. Los peritos han indicado que el aval que dio el empresario madrileño Antonio Moreno a Luis Díaz Alperi de 942.687 euros para el pago de la deuda con Hacienda, fue una operación de apariencia "totalmente simulada", que supuso una "ganancia patrimonial" de 1.004.878 de euros.
Los peritos, que han negado que sea una donación, han señalado que "es un tercero el que le paga la deuda a Díaz Alperi, y que, uno no tenía intención de cobrarlo y otro de pagarlo". "Este ingreso se hizo sin garantía y sin que ni se pactaran intereses", ha concluido. Por esta ganancia patrimonial, Díaz Alperi tendría que haber abonado 405.351 en concepto de IRPF, y solo declaró 113.250 euros.
Por su parte, la defensa ha cuestionado la versión de Hacienda, sembrando la duda de si era una donación, al preguntar a los peritos si tenían constancia de que hubiera habido contraprestaciones, y que en el caso de que no se pueda comprobar, se tendría que concluir que la donación estaba prescrita.
En cuanto a la compra del barco en 2008 -850.000 euros-, a través de la sociedad Andrax Business SL, inactiva hasta entonces al 50% entre el empresario Antonio Solana y el propio alcalde, los peritos que califican la operación de "simulada" y aseguran que, de los 187.000 euros aportados por el exalcalde para la compra de su parte, 37.000 son "fondos ocultos", al no poder establecer los técnicos su procedencia. Según la investigación realizada por la Agencia Tributaria, Solana aportó el resto, casi 530.000 euros.
Los técnicos han descrito que en tres de los pagos que se hicieron para la compra del catamarán, según la documentación aportada por La Caixa, Solana extraía una cantidad de sus cuentas de la Sociedad Birmingan Inversiones S.L, el mismo día, para luego realizar ingresos idénticos -35.000, 25.000 y 10.000 euros-, en la cuenta de Andrax Business SL., en su nombre y en el del exalcalde.
Además, a juicio de los técnicos, Alperi no puede justificar esos fondos, ya que en sus cuentas no hay retirada de cantidades en efectivo. Por esta operación, la Hacienda Pública le exige 144.862 euros en concepto de regularización. Los peritos, además, han llegado a la conclusión que el barco era para "uso personal y exclusivo de Díaz Alperi", ya que, tras la comprobación realizada en el curso de la investigación, "Solana ni lo había usado ni, tampoco, había abonado ningún gasto".
En 2010, y a través de la misma sociedad, se simuló, a juicio de Hacienda, la realización de diversas operaciones de compraventa de la sociedad Andrax Business SL, entre los dos socios Solana y Díaz Alperi, así como diversas operaciones relacionadas con la embarcación. Además, Hacienda le atribuye la facturación de ingreso derivados de actividades profesionales como contratos de asesoramiento, etc., lo que supondría ingresos no declarados de 308.209 euros, y un fraude a Hacienda de 132.468 euros.
El exalcalde se enfrenta a nueve años y nueve meses de prisión, por tres delitos contra la Hacienda Pública por presunto fraude fiscal en los años 2007, 2008 y 2010 y a nueve meses por cohecho impropio al no pagar el amarre de su embarcación en la Marina Deportiva del Puerto de Alicante, entre 2008 y 2013. A Antonio Solana y Antonio Moreno se le acusan de dos delitos fiscales por los que les piden seis y tres años de prisión, respectivamente. A Javier Palacio, responsable del puerto deportivo, le atribuyen cohecho impropio por el que le piden, también, nueve meses. En el juicio seguirá hasta este viernes con la declaración de los testigos. El martes 29 de mayo, se reanudará el juicio que se celebrará hasta el 1 de junio de 2018.
