SANTA POLA. La segunda sesión del juicio del caso de la Clínica de Gran Alacant acogió ayer la declaración de los dos médicos que regentaban el espacio en el periodo en el que la clínica tuvo la concesión con el Ayuntamiento, de dos de los trabajadores que acabaron ocupando cargos en el PP (por un lado concejal y por el otro cargo de confianza), además del de la exalcaldesa socialista de de Santa Pola, Yolanda Seva (esta última en calidad de testigo, no de acusada), que fue quien denunció las presuntas irregularidades cometidas por su antecesor, Miguel Zaragoza, imputado en este caso. El testimonio más extenso de la mañana fue el del doctor Fernando Gómez Soler, el médico que montçó junto a otros socios la Clínica expresamente para optar al contrato que sacó a licitación el Ayuntamiento de Santa Pola en 2005, sino que llevaba prestando el servicio en Gran Alacant desde 1988.
Goómez explicó que al principio trabajaban en estas dependencias contratado por la Junta de Compensación de Gran Alacant, y que tras su disolución, siguió pasando consulta en estas dependencias, que eran propiedad del Ayuntamiento de Santa Pola. En ese momento, alrededor de 1996 estaba en precario, es decir, carecía de contrato de alquiler ni de ninguna otra forma de cesión o convenio para su uso. Gómez señaló que pidió al Ayuntamiento regularizar su situación, sin respuesta. Esta no llegó hasta 2003, cuando recibió una comunicación de que "se abría expediente para regularizar la situación.
Un año más tarde, en 2004, se anunció un consultorio para Gran Alacant que ocuparía las dependencias que él usaba, de propiedad municipal. Fue en ese momento cuando tuvo la primera conversación con el equipo de gobierno, encabezado entonces por Miguel Zaragoza, en la que se me "comentó que llevaba mucho tiempo en precario y que podía hacer algo, aportando de mi personal alguien para el consultorio. Sopesé si me compensaba o no. finalmente me planteé que tenía que devolver algo de lo que me habían dado, y accedí", señaló.
Fue entonces cuando comenzó los trámites de contratación. Recibió varios currículums, entre ellos el de Francisco Martín Molina, quien años después se convirtiera en concejal del Ayuntamiento de Santa Pola por el PP. "Me pareció el candidato adecuado para la labor. Le hice una entrevista, y me pareció buen candidato. En ninguna entrevista se puede preguntar sobre la orientación sexual, sentimientos religiosos u orientaciones políticas, y no lo hice. Le contraté porque me pareció la persona adecuada, y el tiempo me dio la razón", añadió. El doctor niega así que haya recibido presiones, currículums o directrices pro parte del equipo de gobierno de Santa Pola para contratar a nadie en la clínica.
Un año después de que Martín entrase a trabajar con Fernando Gómez, el Ayuntamiento sacó a licitación el contrato cuyas irregularidades se juzgan en este caso. "Optamos por presentarnos, aunque al princpio se me hacía un poco grande por toda la documentación y condiciones que había que cumplir. Llevaba trabajando desde 1988, y en ese tiempo había hecho un equipo. Finalmente montamos una SL para presentarnos al concurso y poder continuar. No he sabado hasta el inicio del procedimiento que fuimos la única empresa que se presentó. la presentamos, esperamos a que saliera la adjudicación, y cuando nos comunicaron que la habíamos ganado, empezamos a prestar el servicio". señaló.
El contrato incluía el pago de un canon al Ayuntamiento, un alquiler y mejoras como la prestación del servicio de seguimiento de bajas laborales al Ayuntamiento. Francisco Martín continuó trabajando en el consultorio de Gran Alacant hasta que en 2011 fue elegido como concejal del Ayuntamiento de Santa Pola, por el PP y pidió una excedencia. Fue entonces cuando se contrató al que meses después se convertiría en asesor municipal, también del PP, Antonio Jesús Martínez. "Fue un proceso acelerado de contratación porque nos enteramos de la noche a la mañana. teníamos varios currículums allí, entre ellos el del hijo de un Guardia Civil de Santa Pola, que era cliente de la clínica y que nos insistió en que contratáramos a su hijo. Le hicimos la entrevista y vimos que era una persona capaz, apta. Lo contratamos de buena fe", señaló.
Meses después Martínez fichó como asesor del PP en el Ayuntamiento, momento en el que se contrató a Pilar Zaragoza, hermana del alcalde. Una contratación para la que el doctor también aseguró que se "tiró de currículum recibidos", negando que fuera por indicación directa de alguien del Ayuntamiento o ligado al PP. Zaragoza llegó a ausentarse durante meses de su puesto de trabajo. Fernando Gómez dijo al tribunal que se enteró de que Zaragoza llevaba meses sin ir a trabajar "en una reunión que tuvimos en 2025 ya con la nueva corporación". Un hecho inédito ya que era su empleada, pero que justificó que al trabajar en otro edificio, no tenía conocimiento de esas ausencias, ya que ese puesto, pese a pertenecer a la clínica de Gran Alacant, trabajaba realmente para la Conselleria de Sanidad, en el consultorio público, como parte del contrato suscrito con el Ayuntamiento.
Esa nueva corporación fue la que presentó en su momento la denuncia. La exalcaldesa socialista Yolanda Seva también declaró ayer, en esta ocasión como testigo, no como acusada. Seva explicó cómo poco después de tomar posesión le comunicaron que se estaba empleando personal municipal para sustituir las ausencias de Pilar Zaragoza, que por otra parte no tramitó su baja médica. "Fue en ese momento cuando nos pusimos a investigar qué pasaba, si estábamos obligados a suplir ese personal o no. Fuimos investigando y es cuando vimos que no se había abonado el canon nunca", y el resto de irregularidades que se denunciaron y que dieron lugar a este procedimiento.
El juicio continúa hoy con la declaración de nuevos testigos. En principio, hay programadas sesiones hasta mañana, si bien podría dilatarse en el tiempo ya que las declaraciones de los ocho acusados se han dilatado más en el tiempo de lo esperado.
