Los juzgados retoman las declaraciones por el 'caso Crespo Gomar' y el fraude fiscal de Alperi

ALICANTE (AGENCIAS). Los juzgados vuelven a la actividad este lunes con dos casos de corrupción relacionados con la Comunitat y la provincia de Alicante como protagonistas. De un lado, en Madrid, un ex alto cargo de la exministra Beatriz Corredor declara como imputado en la instrucción del 'caso Crespo Gomar', que investiga la presunta financiación irregular del PSPV en las campañas de 2007 y 2011. De otro, en Alicante, se reanuda la vista oral contra el exalcalde Luis Díaz Alperi y varios empresarios por un presunto fraude fiscal.

Así, Nicolás Mateos, jefe de Gabinete de Corredor durante su etapa en el Ministerio de Vivienda, declara ante el juzgado de instrucción número 24 de Madrid por la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2012 que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV. Mateos es el primero de los cuatro ex altos cargos de los ministerios socialistas de Vivienda y Sanidad que declarará por las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos ministeriales de publicidad, que presuntamente sirvieron para financiar la campaña electoral del PSPV en 2007 y que se investigan en juzgados diferentes.

En este caso, la juez María de las Mercedes Pérez investiga a Mateos y al antiguo subsecretario de Vivienda Marcos Vaquer -cuya declaración se suspendió sin fecha- por las "irregularidades" en la adjudicación por 126.208 euros de un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2012 a la empresa Crespo Gomar en 2009. Según la juez, Mateos "redactó o firmó" el pliego de prescripciones técnicas para la campaña de publicidad y "la declaración de urgencia" del procedimiento, mientras que Vaquer firmó el contrato y el certificado de conformidad con la factura.

También están citadas Eva M., que también firmó el pliego de prescripciones técnicas, e Irene D., una abogada del Estado que fue vocal de la Mesa de Contratación. A todos les imputa delitos de prevaricación y/o malversación. Paralelamente, en otro juzgado de Madrid están imputadas por los mismos delitos dos ex altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria: Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo y candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante en 2007, y Consuelo Sánchez Naranjo, exsubsecretaria de Sanidad y Consumo. Ambas deberán comparecer el próximo 26 de junio en relación a otro contrato de publicidad adjudicado en 2008 a la misma empresa.

En cuanto al juicio contra Alperi, el Juzgado de lo Penal 6 de Alicante reanudará a partir de las 10 horas el juicio contra el exalcalde y tres empresarios por supuesto fraude fiscal y cohecho impropio. Esta segunda sesión de la vista se dedicará al interrogatorio de los cuatro sospechosos por parte de la Fiscalía, la acusación particular, que ejerce la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y las defensas.

Díaz Alperi se enfrenta a una petición de condena de 9 años y 9 meses de prisión por tres delitos fiscales al haber defraudado, presuntamente, en sus declaraciones de renta de 2007, 2008 y 2010, un total de 682.681 euros, así como por disfrutar del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante. Para los otros tres sospechosos -además de Antonio Solana, los empresarios Antonio Moreno y Javier Palacio-, las acusaciones piden inicialmente penas que oscilan entre los 9 meses y los 6 años de cárcel.

Durante la primera sesión del juicio, que se celebró el pasado 7 de mayo, los abogados de Díaz Alperi y de Solana alegaron una posible vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes durante la inspección de Hacienda a la que fueron sometidos entre 2012 y 2013. La defensa del empresario llegó incluso a pedir que se anulara todo el procedimiento. El juez se negó a suspender el juicio y anunció que resolvería las alegaciones de las defensas en la futura sentencia. En principio, los cuatro acusados deberán estar presentes en todas esas jornadas, tal y como ha dictaminado el propio juez, pese a que Díaz Alperi había pedido ausentarse de las mismas debido a su delicado estado de salud.