Están tan preocupados los buenistas oficiales por demostrar que aunque no están de acuerdo con lo que dicen los independentistas, defenderán hasta la muerte su derecho a decirlo, que a lo más que llegan es a responder que no comparten los desplantes de los del "me importa un comino la gobernabilidad de España" (Montse Bassa, ERC) o la reiteradas humillaciones a Pedro Sánchez. Como si criticar a los independentistas y, sobre todo, criticar el discurso independentista insolidario y xenófobo les situara en lo que Sánchez ha bautizado como "la fachosfera". Y eso sí que no, antes tonto útil que sospechoso.
Son demasiados los catalanes que odian a España y aún son más los que quieren independizarse de España. Están en su derecho, faltaría más. Gobiernan en Cataluña y sostienen al Gobierno de PSOE y Sumar, partidos de la otrora izquierda internacionalista cuya única preocupación parece ser la de saciar la sed nacionalista, que saben, o debería saber, que es insaciable. Enfrentarse a ellos por insolidarios no se contempla.
La Cataluña gobernada por el insolidario Pere Aragonés (ERC) tiene un "problema de país" con el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Barcelona, debido a la pertinaz sequía y a la dejadez de unos políticos que proyectan obras hidráulicas cuando l'aigua no cau del cel y las dejan sin ejecutar en cuanto empieza a llover. Cataluña necesita ayuda, pero cómo pedirla sin quedar en evidencia.
Tratando de no humillarse, el arrogante presidente de Cataluña, el que dejó plantados a sus homólogos en aquella sesión del Senado, a lo más que llegó fue a decir que esperaba una solución para los barceloneses. La vicepresidenta Teresa Ribera se dio por aludida y le prometió agua procedente de la desaladora de Sagunto, milenaria ciudad que no se encuentra dentro Cataluña sino en la Comunitat Valenciana.
Carlos Mazón, a quien Ribera tuvo la delicadeza de llamar antes de hacer pública la noticia, se portó como un señor al anunciar que por parte de la Comunitat Valenciana no había ningún problema en ayudar a nuestros hermanos catalanes con el agua que se desaliniza en Sagunto. Se apresuraron quienes callan ante la insolidaridad de los catalanes a restar importancia a la solidaridad de los valencianos: que si el agua del mar es de todos, que si la desaladora es del Estado, que si Mazón no podía oponerse… Como si no se opusieran los presidentes de Castilla-La Mancha, Aragon y la misma Cataluña a compartir una sola gota de agua de los ríos que pasan por sus territorios y acaba en el mar.
Más solidario, si cabe, fue el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, quien mostró su alegría de poder ayudar a Barcelona. Los saguntinos soportarán los inconvenientes medioambientales de tener esa planta a mayor rendimiento en su término municipal –gasto de energía, emisiones y la salmuera que se tira al mar–; una planta que, además, la empresa pública Acuamed exige que paguen sus habitantes –más de 40 millones de euros–, en virtud de un convenio mal redactado que estipula que Sagunto pagará la amortización de la instalación si esta no es rentable por falta de clientes. Rentable no es porque solo tiene un cliente, debido al alto coste del agua desalada en comparación con la de ríos y pozos. Es decir, la planta desalinizadora que va a suministrar agua a Barcelona es propiedad del Estado, pero el Estado exige que la pague Sagunto. En el contencioso-administrativo andan.
Por cierto, el Gobierno ha dicho que se hará cargo del coste de la producción del agua en Sagunto con destino a Barcelona, lo que contraviene el principio de recuperación de costes que establece la Ley de Aguas. Así, los barceloneses no pagarán el coste de producir el agua que beben, que sí paga el resto de usuarios de las desaladoras, donde el agua es más cara. Igual que pagamos los ciudadanos de València un canon de regulación Júcar-Turia y un suplemento por utilizar agua del pantano de Alarcón cuando las reservas bajan de determinado nivel. ¿A qué santo esa subvención a los vecinos de Barcelona? ¿Van a pagar los saguntinos la desaladora para que los barceloneses reciban su agua gratis? Hay que ser hermano sin hacer el primo.
Solidaridad significa que quien más tiene destina una parte de su riqueza a quienes menos tienen. Voluntariamente, no a la fuerza. Es uno de los grandes principios de la Humanidad y se extiende por todo el mundo, en la Unión Europea y en España, si bien no con la intensidad necesaria para ir reduciendo las desigualdades.
En España existe la solidaridad interregional, donde las CCAA más ricas aportan a la caja común más de lo que reciben. Esto no les gusta a los nacionalistas catalanes, que quieren que lo que se recauda en Cataluña se quede en Cataluña, que es una de las pocas comunidades en las que la balanza fiscal, la diferencia entre lo que aportan y lo que reciben, es negativa. Espanya ens roba, se quejan desde hace años ERC y Junts, que consideran que la solidaridad impuesta por la Constitución es un robo.
El egoísmo nacionalista catalán es más absurdo, si cabe, cuando hablamos de la Comunitat Valenciana. Los adalides de los Països Catalans se niegan a apoyar cualquier reclamación de los valencianos, ya sea el agua del Ebro, la financiación autonómica, el Corredor Mediterráneo o el Puerto de Valencia. Bien lo sabe Ximo Puig, que aguantó unos cuantos feos de sus homólogos catalanes de Junts y ERC. Trató de tender puentes pero al otro lado no había nadie.
Mazón se marcó un tanto solidario del que podemos estar orgullosos los valencianos. No consta que Pere Aragonés le haya llamado para darle las gracias o haya hecho público un reconocimiento por el gesto. Tampoco he escuchado cómo le daba las gracias a Darío Moreno ni a la ministra Ribera, quien sí alabó la disposición de Mazón. El egoísmo y la mala educación suelen ir de la mano.