Alvydas Stancikas, jefe de la unidad que ha investigado la denuncia en la UEALICANTE. El archivo de la denuncia de los ecologistas en la Unión Europea por la ampliación de la planta de residuos de Elche sin licitar la obra, que este jueves adelantó Alicante Plaza, ha dejado un sabor agridulce en el colectivo denunciante. Bruselas considera que efectivamente la última ampliación de la planta, financiada con una modificación del contrato de servicios vigente, vulneró la normativa europea de contratación al hacerse sin publicidad, pero al mismo tiempo cierra el caso porque un incumplimiento puntual no habilita a las instancias europeas para actuar contra España.
En este sentido, el colectivo denunciante, Ecologistas en Acción, y la asociación Margalló de Elche, lamentaron que la Comisión Europea no tome cartas en el asunto "para sancionar al consorcio por estas infracciones", pero no obstante entienden que esta resolución es un 'toque de atención' al Gobierno valenciano, "en el sentido de desautorizarle a repetir el modelo de adjudicación de Els Cremats en otras plantas TMB (tratamiento mecánico biológico) de la Comunitat Valenciana".
En este sentido, los ecologistas vuelven a reclamar un cambio radical en la gestión de residuos a nivel autonómico. "A día de hoy –recuerdan-, la legislación vigente nos obliga a recuperar o reciclar al menos el 50% de nuestros residuos. La realidad es que en ninguna comarca se supera el 30% de residuos reciclados", ni siquiera en Elche tras su ampliación, como también ha contado este diario. Por ello piden "no perpetuar, con reformas como la efectuada en el caso de Els Cremats, un modelo que ha resultado ambientalmente insostenible".
Como ha venido contando este diario, los ecologistas denunciaron ante la Unión Europea que la ampliación de la planta de tratamiento de Els Cremats, explotada por la UTE Urbahormar (formada por Urbaser y CHM), se había llevado a cabo en 2017 con una modificación del contrato de servicios en vigor, en lugar de sacar la obra a licitación. Dicha modificación al alza del contrato se valoró en 19 millones de euros de inversión, que se compensaron a la UTE con un incremento del canon anual del 47,2%, en vigor desde que se actualizaron las tarifas en enero de 2019.
La Comisión Europea considera que la ampliación debió haberse publicado en el boletín de la UE, tal como establece desde 2014 la normativa de contratación europea. El informe no tendrá consecuencias prácticas, ya que como explica el jefe de la unidad de Mercado Interior de la Unión Europea, Alvydas Stancikas, una infracción puntual de la normativa no es perseguible. Bruselas sí actuaría contra España si de su investigación se hubiera demostrado un incumplimiento generalizado de la normativa, algo que considera que no se ha acreditado.
Este diario intentó conocer la valoración del Ayuntamiento de Elche, principal municipio del Consorcio y que siempre ha defendido la fórmula elegida para ampliar la planta, tras el dictamen de la UE, pero fuentes municipales aseguraron desconocer la resolución.
