Los centros comerciales dan otra oportunidad a Echávarri para negociar la apertura en domingo

ALICANTE. Habrá nueva ronda -la enésima y puede que la última- para buscar una salida negociada al conflicto por la libertad horaria, tras la sentencia que reconoce a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante el derecho a abrir los 365 días del año. Es decir, el mismo régimen del que disponen grandes y pequeños comercios asentados en el Centro Tradicional, como El Corte Inglés, casi de forma ininterrumpida desde 2013, cuando el Gobierno del PP de Sonia Castedo aprobó la primera zona de gran afluencia turística (ZGAT).

Portavoces de los tres centros comerciales consultados por Alicante Plaza sostienen que su postura ha sido, es y será la de negociar. "Hacemos empresa, no política; y no se nos puede tratar de demonizar ante la ciudadanía porque, en realidad somos las víctimas, los únicos a los que se nos ha negado las condiciones de igualdad al no poder abrir cuando sí lo hacen otros, y porque también somos parte de Alicante", insisten. Por ello, su representación legal solicitará en los próximos días una nueva entrevista con el alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri (PSOE), para tratar de llegar a un acuerdo definitivo que evite un largo litigio por varias instancias judiciales, antes de que transcurra el plazo de dos semanas para que el ayuntamiento presente el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que ya ha anunciado el equipo de Gobierno. Y, sobre todo, añaden, para no llegar a exponer a las arcas públicas al pago de una futura indemnización por daños y perjuicios que la sentencia cree procedente, aunque no la concede ahora por un error de procedimiento (según el fallo, no se solicitó con antelación en el recurso administrativo presentado ante el ayuntamiento y, además, no se determinó la cuantía de la reclamación). 

La propuesta de los centros comerciales en esa entrevista -que, según pudo conocer este diario, se solicitará de forma motivada a través del registro municipal para recibir una respuesta oficial por ese mismo cauce- será a grandes rasgos la misma que se planteó hasta una hora antes del Consejo Local de Comercio en el que se aprobó consolidar el permiso para abrir en domingos y festivos sólo para el Centro tradicional y Maisonnave, en una votación que contó con el respaldo de una holgada mayoría entre los componentes puros del sector comercial (incluido el representante de las grandes superficies, a través de Anged). 

Ahora, Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante volverán a ofrecer a Echávarri su renuncia a esa compensación económica -que, insisten, la sentencia no les niega, sino que les insta a encauzar como reclamación patrimonial frente a la administración- y su compromiso de fomento de la contratación para crear unos 400 puestos de trabajo: 200 en el caso de Plaza Mar 2, 135 en el de Gran Vía y 75 en el de Puerta de Alicante. En ese paquete de contratos se incluiría el personal propio de cada centro comercial (empleados que se dedican a labores de mantenimiento, limpieza y seguridad), pero también los que se generaría en cada uno de los comercios arrendatarios de locales en los tres complejos. Es decir, las tiendas propiamente dichas (las franquiciadas y las que no lo son) y hasta las grandes superficies que albergan, Carrefour y Alcampo. 

Los tres complejos estarían dispuestos a firmar una especie de código de buenas prácticas para recoger la voluntad de todos los operadores comerciales por favorecer la conciliación, pero no a limitar los festivos como exige el tripartito 

La propuesta podría extenderse, según la representación de los centros comerciales, a la firma de una especie de código de buenas prácticas en el que se recogiera la voluntad de los operadores comerciales por favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados. Pero, insisten, en ningún caso las comunidades de propietarios que gestionan los tres centros comerciales pueden forzar a firmar un compromiso que obligue necesariamente a todos sus comercios a respetar el descanso en festivo para sus empleados sin hacerles trabajar más de 11 domingos al año, como exige el Ayuntamiento con su llamado requisito de conciliación (en el que sí ha conseguido sumar a El Corte Inglés).

Las mismas fuentes abundan en que las dos grandes cadenas de distribución que arriendan locales en los tres complejos -las citadas Carrefour y Alcampo- ya han descartado por completo la posibilidad de asumir ese compromiso para sus tiendas en Alicante porque supondría tener que extenderlo a nivel nacional y, aseguran, no entra dentro de su estructura de negocio. Además, alegan que las condiciones de contratación y conciliación impuestas por el ayuntamiento no figuran en la Ley de Horarios Comerciales y, en consecuencia, nadie está sujeto forzosamente a cumplirlas. En todo caso, subrayan, debería introducirse como elemento de discusión en la negociación en curso sobre el convenio laboral de las grandes superficies para hacerlo extensible a más de 18.0000 trabajadores, o a través de una reforma de esa Ley de Horarios Comerciales, porque de lo contrario "sí que se estaría generando desigualdades entre empleados".

Sin embargo, ese es un debate, dicen, que no está al alcance de los centros comerciales de Alicante. "Podríamos sugerir que se dé un espacio al ayuntamiento para liderar esa iniciativa política en ese proceso de negociación del nuevo convenio, pero también puede hacerlo directamente a través de otros niveles de la administración, o a través de los sindicatos, que están representados", añaden.

Para la representación de los tres complejos alicantinos, el debate ahora es que existe una sentencia que reconoce un derecho porque se cumplen las condiciones que establece la Ley. Se considera que un hipotético recurso contra esa resolución tendría pocas probabilidades de éxito y, apuntan, el Ayuntamiento de Valencia desistió de presentarlo cuando se produjo una sentencia similar, en enero de 2015, que reconoció a Media Markt el derecho a ser incluida en una zona de gran afluencia turística al cumplir los requisitos legales para ello. El ayuntamiento valenciano acató el fallo a la vista de un informe de su asesoría jurídica en el que se apreciaban escasas probabilidades de éxito procesal".

SU REPRESENTACIÓN LEGAL RECUERDA QUE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA RENUNCIÓ A RECURRIR UNA SENTENCIA SIMILAR QUE RECONOCIÓ A MEDIA MARKT SU DERECHO A ABRIR LOS 365 DÍAS DEL AÑO PORQUE SUS SERVICIOS JURÍDICOS NO VIERON POSIBILIDADES DE ÉXITO  

En base a ese precedente, la representación de los tres complejos llega a dudar de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante sostengan que el recurso anunciado por el alcalde este miércoles sí puede ser viable, más allá de como pura estrategia para tratar de ganar tiempo. Y añaden que, al contrario de lo que habrían deslizado fuentes del equipo de Gobierno tras la consulta con esa asesoría jurídica, lo habitual es que el juzgado apruebe la ejecución provisional de la sentencia, si el ayuntamiento interpone recurso y si los centros comerciales la solicitan, no que la deniegue, en base a los intereses económicos en juego. "¿Qué intereses se ponen en peligro? En todo caso, los nuestros, que no podemos abrir cuando otros sí lo hacen", remarcan.

En este escenario, todo apunta a que el de la petición de ejecución de la sentencia será el siguiente paso que los centros comerciales estarían dispuestos a dar si finalmente hay recurso. "Nuestro objetivo no es mantener una posición beligerante, sólo queremos que existan las mismas reglas para todos y hemos dado todos los pasos que nos han pedido para buscar apoyos incluso entre las asociaciones de comerciantes; pero si nos acorralan y no tenemos otra salida, pediremos la ejecución provisional y la compensación que corresponda, pese a que nunca nos ha interesado y no la hemos llegado nunca a cuantificar", señalan. "Ya no es una cuestión de hacer lo que piden los centros comerciales, sino lo que dice una juez al aplicar lo que dice la ley", apostillan.

El PP se opone al recurso

Entre tanto, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante exigió este jueves al alcalde "que no siga tomando decisiones en caliente y no recurra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 porque volverá a perder". El portavoz del PP, Luis Barcala, instó al primer edil a que "se tome el tiempo necesario para reflexionar antes de tomar una decisión. Tiene quince días por delante, y no tiene sentido que cierre las puertas a cualquier otra solución y se lance, en menos de veinticuatro horas, a recurrir ante los tribunales". "No es razonable que vuelva a precipitarse otra vez en este asunto, y debe meditar mejor sobre las consecuencias de sus acciones porque es el máximo responsable y puede causar ungran daño a la ciudad", añadió a través de un comunicado.

Barcala advirtió a Echávarri de que "no cabe la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza ignorando el problema para para no afrontar su obligación de cerrar el debate sobre el modelo comercial de la ciudad". En esta línea, señaló que el alcalde debe darse la oportunidad de reunirse de nuevo con los centros comerciales y "pactar un acuerdo, que siempre será mejor que continuar con pleitos". "A nadie le interesa que este pleito se alargue en el tiempo", señaló Barcala, quien recomendó a Echávarri "que no es demasiado tarde, porque la baza del recurso le da armas para negociar, y le ofrecemos que ponga encima de la mesa la propuesta de liberalización comercial del Partido Popular": mantener la libertad de horarios en el Centro tradicional todo el año y extenderla al resto de la ciudad durante la temporada navideña y el verano.

Como ha venido publicando este diario, los centros comerciales interpusieron su recurso días antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, a la vista de que el equipo de Gobierno del PP que aprobó la ZGAT sólo para el Centro tradicional (sin incluir ningún tipo de requisito adicional sobre contratación o conciliación) les había denegado por silencio administrativo su petición para disponer de ese mismo régimen de aperturas. Y ello, pese a que entonces ya existían tres informes de tres concejalías que les reconocían el derecho a ser incluidas en ese régimen horario. El tripartito que asumió el poder en junio de 2015 también les denegó esa petición en octubre. Después, abrió un proceso de negociación para delimitar otras condiciones para la ZGAT.