La promesa de los centros comerciales: 400 empleos a cambio de abrir en domingo como El Corte Inglés

ALICANTE. Los tres centros comerciales de Alicante, Plaza Mar 2, Puerta de Alicante y Gran Vía, llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de crear al menos 400 nuevos puestos de trabajo  en el proceso de negociación entablado con el Ayuntamiento para que la propuesta de liberalización de horarios comerciales en el Centro Tradicional y la avenida de Maisonnave -la que se votó y se aprobó en el Consejo Local de Comercio de este martes hasta con el voto del representante de Anged- también les incluyese. 

Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que los representantes de las tres grandes superficies concretaron esa cifra sólo tres horas antes de que se produjese la votación, en el transcurso de una última reunión con el alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri (PSOE). El planteamiento incluía la firma por escrito de ese compromiso de contratación: uno de los requisitos establecidos por PSOE y Compromís para definir la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Eso sí, los tres hipermercados mantenían su rechazo al segundo condicionante, el de la conciliación de la vida laboral y familiar: sus representantes no podían rubricar un acuerdo para garantizar que sus plantillas sólo quedasen obligadas a trabajar 11 festivos al año. 

¿Por qué motivo? Sus representantes sostuvieron que ese requisito afecta al convenio laboral del sector, que está en negociación, y conllevaría tener que extender esa medida a 19.000 trabajadores. Es decir, algo que hoy por hoy las grandes cadenas (Alcampo o Carrefour) consideran inasumible.

Las mismas fuentes insistieron en que el único objetivo de los centros comerciales es poder competir en igualdad de condiciones que El Corte Inglés, lo que supone tener la posibilidad de abrir todos los domingos y festivos. Fue, precisamente, la meta que se trató de conseguir al presentar un recurso contra la primera ZGAT que aprobó el PP en 2013 (entonces sin llegar a debatir la propuesta en el consejo local) para el mismo ámbito territorial (Centro tradicional, incluido Maisonnave), que podría resolverse en las próximas semanas con una sentencia a su favor. 

Según las mismas fuentes, así se lo hicieron ver al alcalde al plantearle que estaban dispuestos a renunciar a la petición de una indemnización millonaria que se anticipa -aunque no se cuantifica- en ese recurso. Sin embargo, Echávarri respondió que sus dos condiciones eran inamovibles (contratación y conciliación) y mantuvo su propuesta, ahora sólo pendiente de que quede aprobada en Junta de Gobierno y de que el Consell la ratifique después. 

¿Qué pasos pueden dar ahora las grandes superficies que siguen excluidas? Las fuentes consultadas confirmaron que en sus direcciones impera la frustración, que se ha tratado de sumar y colaborar con un único objetivo empresarial sin entrar en pugnas políticas y que ahora sólo les queda esperar a una resolución judicial que auguran favorable a sus intereses. Es, según sostienen, lo que concluyen todos los informes aportados en el juzgado. No sólo los de parte, encargados por los propios centros comerciales recurrentes, sino también los de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y hasta los de la propia Concejalía de Comercio, elaborados por los servicios jurídicos municipales.

Las grandes superficies aseguran que todos los informes aportados en el juzgado reconocen el perjuicio a la igualdad de competencia y que cumplen los requisitos para poder abrir

En esta línea, las mismas fuentes incidieron en que algunos de esos informes certifican que los tres centros reúnen las condiciones previstas en la Ley de Comercio para merecer la declaración de ZGAT y recordaron que entre esas condiciones no figura ninguna cláusula de conciliación.

Según las mismas fuentes, en el momento en el que exista una sentencia favorable se estudiará solicitar su ejecución provisional para que tenga plena vigencia en el caso de que el Ayuntamiento de Alicante decida ejercer su legítimo derecho a recurrir hasta agotar todas las vías de la jurisdicción contenciosa. ¿Y la indemnización? Si hay lugar a ella -que, según defendieron, todo parece indicar que sí- se cuantificará con los indicadores económicos que, aseguraron, están a su alcance. A juicio de los representantes de las grandes superficies, se trata de una cuestión de prueba y de que el juzgado estime o module las cifras de su reclamación. Y recalcaron que su intención no era en ningún momento acabar penalizando a la ciudadanía con la hipoteca que supondría para el Ayuntamiento tener que pagar esa futura suma.