Los acusados, en una de las primeras sesiones del juicio. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado como una pieza separada del caso Brugal, se adentró finalmente este jueves en la fase de audiciones y de presentación de la prueba documental. Después de un mes en el que se ha producido la comparecencia de los nueve acusados y de más de medio centenar de testigos y peritos, el tribunal compuesto por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquivá tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez las conversaciones telefónicas mantenidas entre los principales procesados: uno de los principales elementos en los que se apoya la investigación.
Se trata de horas y horas de grabaciones captadas por la Policía tras intervenir el terminal del empresario Enrique Ortiz, quien ya estaba siendo investigado por su implicación en otra de las tramas de Brugal, relacionada con el presunto amaño de la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja. En esa causa, que llegará a juicio precisamente dentro de un año, la Sección Séptima de la Audiencia (que ya juzgó las anomalías en la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela con una sentencia absolutoria) debe dilucidar si Ortiz negoció y ofreció prebendas a dirigentes políticos del consorcio comarcal de residuos (entre ellos, al expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll) para que se adjudicase la construcción del vertedero de los 27 municipios de la comarca a la oferta de una de sus empresas.
El pinchazo del teléfono del empresario con relación a esos hechos permitió que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) abriesen otra línea de investigación vinculada a la redacción del nuevo planeamiento urbanístico de la capital, a partir de las charlas registradas entre Ortiz y los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Parte de ellas, las seleccionadas por la Fiscalía Anticorrupción, pudieron escucharse en la sala con la presencia de dos de sus protagonistas postrados en el baquillo de los acusados: Ortiz y Castedo (después de prestar declaración en las primeras jornadas del juicio, Alperi solicitó permiso a la sala para no tener que acudir a todas las sesiones por su estado de salud).
En realidad, el contenido de esas conversaciones reproducidas en el juicio ya era conocido y no aportaron ninguna novedad adicional sobre los entresijos de la causa. Prácticamente todas fueron conociéndose a través de los medios de comunicación con el avance de la instrucción y el levantamiento del secreto de sumario. Sin embargo, la Fiscalía consideró necesario que se pudiesen escuchar las principales charlas por el peso adicional que conlleva poner voz a las negociaciones entre los presuntos implicados en la trama y comprobar la familiaridad de trato que existía entre ellos. Tanto como para dedicarse apelativos como "bombón" (el modo en el que Castedo se refiere a Ortiz en varias de sus charlas) o como para que Díaz Alperi se autoinvitase y sugiriese a Ortiz celebrar "una fiestecita" en su yate con un grupo de concejales "de confianza" para cenar y ver un partido de la selección española en la Eurocopa que se disputaba entonces.
Así, en esta primera jornada de audiciones, se pudo escuchar, fundamentalmente, las conversaciones captadas entre mayo y julio de 2008: el momento en el que la redacción del nuevo PGOU ya había quedado en manos del arquitecto Jesús Quesada, de Laboratorio de Proyectos. Por entonces, se trataba de cuadrar el documento para someterlo a su primera aprobación provisional y exposición al público. Y también entonces era cuando se planteaba la propuesta de remodelación del estadio José Rico Pérez, adquirido por Aligestión en la subasta convocada por el Ayuntamiento un año antes.
En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía que resonaron en las paredes de la sala de vistas, Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. Entre ellas, se reprodujo la conversación -recurrente a lo largo del juicio- en la que Castedo le aseguraba al empresario que le habían "apañado lo del APA 9 y lo del Rico Pérez", por ejemplo.
La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros. En las charlas reproducidas también se incluyeron conversaciones con Quesada o con técnicos municipales, a instancias de los dos exalcaldes, quienes esperaban que Ortiz les presentase alguna propuesta de ordenación de sectores como el APA 9 para sondear la posibilidad de introducir algún cambio.
También se escucharon las conversaciones mantenidas entre Ortiz y responsables de las extintas CAM y Bancaja en relación a los terrenos de la partida de Aguamarga en los que se pretendía desarrollar el proyecto conocido como la Ciudad de la Economía. E, incluso, las charlas entre Ortiz y sus asesores urbanísticos, a cuenta de la necesidad de adquirir suelos que después pudiesen quedar incluidos como parques naturales en el futuro Plan General con el fin de lograr compensaciones en otros sectores urbanizables.
Las audiciones continúan este viernes en otra jornada que se prevé larga (la de este jueves se prolongó desde las 10:30 hasta las 14:30). El tribunal podrá seguir escuchando las negociaciones entre los acusados en los fragmentos seleccionados por la Fiscalía Anticorrupción, pese a que las magistradas todavía deben resolver si se trata de una prueba válida, en respuesta a las peticiones de nulidad formuladas por el conjunto de las defensas.
La Fiscalía defiende la instrucción sobre el PGOU de 'Brugal' y niega la manipulación de las escuchas
