ALICANTE. El 26 de febrero el Elche celebrará la Junta General de Accionistas de carácter extraordinario en la que el consejo de administración someterá a la voluntad de los mismos el tan famoso como polémico canje de deuda por acciones.
Esta operación de aumento de capital por compensación de créditos se contempla en el convenio de acreedores pero, pese a que hace casi dos años que el Elche salió del concurso, no se ha podido llevar a cabo hasta la fecha porque el Instituto Valenciano de Finanzas recurrió la sentencia de aprobación del convenio y logró que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante suspendiera la vigencia de la parte del mismo en la que se recoge, ya que de acometerse se depreciaba la prenda con la que se garantiza el cobro de los 16 millones que le adeuda la Fundación (el paquete de acciones de esta que pasaría a representar menos del 50,01% del capital social).
El pasado lunes se hizo público el fallo de la Sala Octava de la Audiencia por el que desestimaba el recurso interpuesto por el banco del Consell, Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, resolviéndose así el último incidente concursal pendiente y, no obstante la voluntad declarada del IVF de recurrir al Tribunal Supremo y solicitar que se extienda la citada suspensión decretada en septiembre de 2017, el club franjiverde no solo pedía al Juez de lo Mercantil que se pronuncie confirmando el levantamiento de la misma, también y como ya adelantó en su comunicado del lunes, empezó a dar los pasos necesarios para dar cumplimiento pleno al convenio con la convocatoria de la pertinente Junta de Accionistas, algo que a su vez se ha de anunciar con 30 días de antelación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (será en su edición de este viernes día 25 ya que los sábados no se publica).
Será la tercera operación de aumento de capital social en apenas cuatro meses, si bien la primera por compensación de créditos ya que las dos anteriores (una de ellas todavía vigente) lo han sido por aportaciones dinerarias. Las tres permiten al club garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y reducir su deuda, variables que inciden en el límite salarial y abren la puerta a que la Liga de Fútbol Profesional lo aumente.
