ALICANTE. El conflicto entre el Hércules y la Comisión Europea dará este viernes un paso más que significativo hacia su resolución.
En el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), órgano jurisdiccional con sede en Luxemburgo, el club y el ejecutivo comunitario se verán las caras por partida doble.
A las 9:30 horas y ante la Sala Cuarta de este Tribunal de Primera Instancia que está presidida por el juez finlandés Heikki Kanninen y que integran el eslovaco Juraj Schwarcz, el griego Constantinos Iliopoulos, el español Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y la letona
Inga Reine, está fijado el inicio de la vista del procedimiento principal iniciado con motivo del litigio que mantiene el Hércules con Bruselas a cuenta del aval otorgado en 2010 por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a su Fundación, una operación calificada por la Comisión como Ayuda de Estado prohibida en una Decisión de Recuperación dictada hace dos años y por la que el club del Rico Pérez está obligado a abonar al IVF siete millones de euros. Se trata del conocido como Asunto T-766/16, que arranca en noviembre de 2016 cuando el Hércules interpuso una demanda en la que solicita que se declare nula la citada Decisión de la Comisión y se la condene al pago de las costas.
Además, a las 14:30 horas y también ante la Sala Cuarta del TGUE, está previsto que comience una segunda vista, la correspondiente al Asunto T-134/17 que se centra en otra demanda interpuesta por el club blanquiazul contra la Comisión al no permitirle esta el acceso a toda la documentación relativa a la Decisión de Recuperación.
Este desenlace de este segundo procedimiento es importante pero no tanto como el del primero, del que depende que el Hércules tenga o no que pagar al banco del Consell y el importe definitivo a abonar. Y es que el club discute que estemos ante una Ayuda de Estado prohibida, al tiempo que asegura que la cantidad que se le reclama es desproporcionada. Los argumentos en los que se apoya el Hércules se dividen en uno principal y dos accesorios: el primero se resumen en que "el club no era una empresa en crisis" de acuerdo con lo establecido por la normativa comunitaria (artículos 87 y 88 del TCE y directrices de la Comisión de 2004) y que el aval declarado ilegal "sí contemplaba el riesgo de impago y la colaterización del préstito"; los segundos, en que la supuesta ayuda no le confirió ninguna ventaja competitiva porque "el Hércules no podía competir en Europa" y además habría una "incorrecta cuantificación de esa ayuda".
Tras la vista de este viernes, ambos procedimientos entrarán en la recta final, siendo las resoluciones por las que se estimen total o parcialmente o se desestimen las demandas del Hércules las que pondrán fin a los mismos. Ahora bien, las mismas son recurribles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que sea cual sea su sentido, parece claro que la parte perdedora apelará, algo que ya se ha producido respecto a una tercera demanda también presentada por el club, en este caso solicitando la suspensión cautelar del efecto de la Decisión de Recuperación: la misma fue desestimada por el Tribunal General en marzo, retomándose el procedimiento de cobro de los siete millones de euros, pero un recurso de casación del Hércules ante el TJUE lo volvió a interrumpir al otorgársele al club en julio una cautelarísima que se mantendrán en vigor, según reza el auto por el que se dictó, hasta que recaiga bien el auto por el que se pone fin al procedimiento sobre medidas provisionales, bien el que resuelve directamente el recurso de casación.